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Salud

Salud, Femer y IOSPER definieron medidas para evitar el ejercicio ilegal de la medicina

En virtud de la divulgación de prácticas y tratamientos medicinales ilegales y fuera de la reglamentación, el Ministerio de Salud, el IOSPER y la Femer, tomaron la firme decisión de neutralizar estas intervenciones que pueden generar un impacto negativo en la salud de los entrerrianos.

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Ante la divulgación pública y promoción de tratamientos realizados con células madre en nuestro país por presuntos profesionales que llegan de otros puntos de Latinoamérica. Así es como se ha detectado que se promuevan prácticas médicas para algunas patologías. Esto ha motivado al Estado provincial, desde sus distintos mecanismos de contralor, a estar muy atentos ante el desarrollo de prácticas experimentales que no sean realizadas bajo un marco regulatorio oficial que garantice la eficacia terapéutica y la ausencia de efectos secundarios indeseables.

En ese sentido, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, el Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER), y la Federación Médica (Femer), definieron medidas de acción para resguardar la salud de los entrerrianos y aceptar sólo las prácticas que posean rigor científico y cuenten con la habilitación adecuada.

En este marco, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, acompañada por la directora general de Hospitales, Karina Muñoz, y el coordinador de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud, Gonzalo Navarro, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de IOSPER, Fernando Cañete; la vicepresidenta de Femer, María Cristina Gariboldi; y el tesorero de esa institución, Roberto Balbarrey.

Velázquez: "Estamos muy atentos a que estas prácticas no se ajusten a las normas y reglamentaciones del ejercicio de la profesión médica en el territorio, en particular, con respecto a la matriculación y habilitación necesaria".

"Cualquier acto médico que se desarrolle sin la observación estricta de las normas reseñadas, será puesta en conocimiento de las autoridades judiciales competentes», remarcó la ministra. «Sin la debida autorización, ya sea el uso terapéutico de células madre, así como otros tratamientos que no cuentan con el aval científico en nuestra provincia, constituyen prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad, salud y vida de los pacientes entrerrianos".

El director del IOSPER, Fernando Cañete, indicó: "Tomamos la decisión de resguardar el interés de la salud de los entrerrianos».

«En la obra social tenemos solicitudes sobre avances de algunas patologías determinadas en la provincia que no tienen perspectiva de dar solución o resolver la cuestión de fondo de los pacientes".

"Trabajamos junto a la ministra, su equipo y la Femer para que los entrerrianos no sean sujetos de pruebas de aquellas nuevas tecnologías que no poseen rigor. Algunos médicos vienen a practicar la medicina en forma ilegal. Tenemos algunos casos que estamos tratando en la obra social, y esperamos que continuemos en un camino corrector, defendiendo a los afiliados y que no se aprovechen de las necesidades de salud", señaló Cañete.

"Muchas veces los usuarios del sistema sanitario que tienen un familiar enfermo, en la desesperación, buscan la solución de cualquier manera y ahí es donde aprovechan los ´médicos golondrina´ que inclusive, a veces, ni son de este país, e ingresan a pretender brindar una medicina que realmente no están en condiciones de dar".

Cabe citar que el próximo 10 de abril, se reunirán las instituciones, junto a otros entes, asociaciones, federaciones y colegios para continuar con las líneas de acción y evitar el ingreso de médicos sin habilitación.

La palabra del Incucai

En este contexto, desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), emitieron un informe para dar a conocer su posición al respecto de los tratamientos ilegales.

En el mismo, manifestaron: "El Incucai recuerda que cualquier uso de células madre que no sea el trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas debe considerarse experimental y su práctica debe ser expresamente aprobada por las autoridades sanitarias. La única práctica con células madre que ha demostrado seguridad y eficacia científica, la cual se realiza con éxito en miles de pacientes en nuestro país y en el mundo es el trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en casos de enfermedades onco-hematológicas. Fuera de este tratamiento no existe evidencia clínica, ni tratamientos establecidos a nivel nacional e internacional, que hayan demostrado la eficacia del uso de células madre para curar otras enfermedades".

Por último, en otra parte del comunicado, hicieron referencia a la aprobación de estas prácticas por entes ministeriales: "En la Argentina, los protocolos de investigación clínica que involucran el uso de células madre deben ser aprobados por el Incucai. Es importante destacar que las prácticas experimentales deben realizarse bajo un marco regulatorio estatal que compruebe su eficacia terapéutica y la ausencia de efectos secundarios indeseables. Asimismo, los protocolos de investigación clínica con células madre aprobados deben ser gratuitos para los pacientes".

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Salud

El gobernador oficializó la intervención del Iosper

La medida dispuesta por el gobernador tiende a normalizar la obra social y garantizar el servicio a los afiliados, e incluirá una auditoría integral del organismo. Se garantizará el normal funcionamiento de los servicios a los afiliados.

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El gobernador Rogelio Frigerio dispuso la intervención durante seis meses del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) debido a una serie de irregularidades y un déficit mensual de casi 2.000 millones de pesos. La medida, que incluye una auditoría integral del organismo, garantizará el normal funcionamiento de los servicios a los afiliados.

La decisión de Frigerio fue oficializada a través del decreto N° 3675 publicado el martes pasado, en el que se detallan las irregularidades que desde hace tiempo impiden el normal funcionamiento del Iosper, la grave situación financiera que atraviesa, los retrasos en las prestaciones a afiliados y el considerable aumento en gastos judiciales vinculados a incumplimientos.

El interventor del Iosper será el Dr. Mariano Gallegos, un abogado de amplia trayectoria y con experiencia en este tipo de tareas; quien estará acompañado por la subinterventora Dra. Marina Alegre.

Entre los factores más importantes que derivaron en la intervención, el decreto destaca el entorpecimiento de parte de las autoridades del Iosper en el control que ejerce la Comisión Fiscalizadora, como consecuencia del «envío fuera de término de manera sistemática del informe financiero mensual y de los estados económicos de la Obra Social, los que deben ser remitidos cada tres meses».

Asimismo, no se informaron contrataciones que se han realizado, como compras directas o contratación de personal, y se ha impedido el acceso a la información al enviar tardíamente la información requerida.

Por otra parte, también se han registrado retrasos en la devolución de reintegros y en el pago de prestaciones médicas de discapacidad, entre otros.

Esta situación ha generado un incremento importante del monto de gastos pagados por procesos judiciales, que acumula un monto de 867.706.190 pesos para el mes de septiembre, sin tener en cuenta las causas que aún se mantienen pendientes de resolución.

El decreto también hace referencia a los datos brindados por el último informe financiero, que indica que la obra social posee «un déficit total que asciende a 19.108.168.959 pesos, pudiendo ubicarse en el futuro en aproximadamente los 2.000 millones de pesos mensuales».

Además, se destaca el incumplimiento de  obligaciones renditivas de las autoridades del Iosper ante el Tribunal de Cuentas y pagos irregulares a empresas prestadoras.

En ese sentido, resalta la apertura de un juicio de cuentas y otros tres pedidos más de juicio contra el presidente del organismo, Fernando Cañete, y otros miembros del directorio.

Al dar a conocer la noticia, Frigerio afirmó que «la intervención es una medida necesaria para abordar el déficit que enfrenta la obra social» y que «los entrerrianos pueden estar tranquilos, ya que las prestaciones de salud seguirán funcionando sin interrupciones.

Al respecto, señaló que el déficit estimado en 2.000 millones de pesos mensuales se cubre con plata de tesorería, es decir, con «los impuestos que pagan todos los entrerrianos y que perdemos todos los meses producto de una mala gobernanza del organismo».

«Esta decisión responde a la necesidad de reorganizar y optimizar los recursos del Iosper. Para asegurar su transparencia, la intervención va a incluir la implementación de medidas para mejorar la gestión. Por ejemplo, se realizará una doble auditoría: una inicial, para establecer el punto de partida, y otra que va a acompañar el resto de la intervención», explicó.

Frigerio destacó que la intervención busca «proteger los derechos de los afiliados» y concluyó que «la salud de los entrerrianos es una prioridad».

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