Al respecto, Gómez manifestó que el Colegio de Odontólogos está ejerciendo una actividad delegada del Gobierno a través de la ley 7253, donde se establecen las funciones y atribuciones. En el artículo 15º -inciso k- de dicha ley, dispone de forma expresa que para que los aranceles sean obligatorios en su aplicación deben ser avalados por el Gobierno Provincial; es decir que el Colegio sólo puede propiciar su aplicación, y por tanto no puede imponerlos de forma unilateral.
En lo referido a posibles acuerdos con el Colegio, el Director municipal de IOSPER manifestó que por ahora "están muy lejos en los números, ya que fue imposible acordar cuando en la estructura de costos que nos presentan surge el monto que deberíamos pagar desde la obra social: personal administrativo del consultorio, lavandina, trapos de piso para el aseo, conexión de internet, y otros menesteres, quedando así un costo de casi 230 mil pesos solamente de gastos para sostener un consultorio".
Gómez argumentó -además- que "En la estructura de costos plantean que todos los odontólogos deben tener a fin de mes, libre de todo gasto, más de 420 mil pesos, así que sumado a los costos y sobre la base de esa suma, más o menos 650 mil pesos, calculan el valor de las prestaciones", lo que la hace "imposible de pagar para una obra social de empleados públicos y que no recibe aportes como el resto, ni que tampoco recibe subsidios ni reintegros".
Sobre la legalidad de la medida del Colegio, señaló que "la Fiscalía de Estado fue enfática al afirmar que el Consejo Directivo del COER no se encuentra jurídicamente habilitado para imponer aranceles mínimos a sus matriculados".
"El COER ejerce una actividad como la de regular matrículas, pero con facultades limitadas; y dentro de esas limitaciones está que no pueden imponer obligatoriamente aranceles. Con este dictamen, es el propio Estado el que le dice: no avalé ni te autoricé a que hagas semejante cosa…".
El representante de los municipales en el Directorio, expresó que "El IOSPER está concretando todos los pasos para que se restablezcan los convenios con los prestadores odontólogos".
"El Gobierno también se pronunció a través de la Fiscalía, y esperamos con ansias que la Justicia también se expida en forma perentoria, para así restablecer un servicio de salud a gran parte de la población entrerriana que hoy se ve imposibilitada de atenderse por sus altos costos, y con salarios que solamente alcanzan para la alimentación".
"Por eso no está bueno que la atención bucal sea únicamente para los que tienen elevados ingresos o para las emergencias, donde un trabajador debe dejar en una atención básica el 10 o el 20 por ciento de su salario".
Adrián Gómez
Asimismo, Gómez afirmó que "es necesario que las autoridades de salud de la provincia inviten a la reflexión a los involucrados en esta situación que tienen una actividad delegada por el propio Estado, de la corrección y prudencia en el ejercicio y uso de la misma".
Por último, remarcó que "la gran mayoría estudió en universidades públicas, sostenidos por los impuestos de todos; un esfuerzo del país para ser devueltos con servicios. Podemos discutir costos y honorarios, pero con la realidad de este país, de esta provincia" cerró.