Justicia
Las dolorosas historias detrás de las horrendas muertes de los bebés en Córdoba
Continúa esta semana el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal. Se espera que declaren las mamás de las víctimas que fallecieron o sufrieron secuelas, entre marzo y junio de 2022.
El pasado lunes comenzó a desarrollarse en el edificio de Tribunales II, en la Capital de la provincia de Córdoba, el juicio oral y público por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal (Francisco, Benjamín, Ibrahim, Angeline y Melody Luz), como así también por la tentativa de homicidio de otros ochos bebés (Uma, Francesca, Luna, Isabella, Gino, Junior, Melody Eleonora, y Delfina Pilar), entre marzo y junio de 2022.
Durante la primera semana del debate, a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, declaró la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero, imputada por «homicidio calificado por procedimiento insidioso» y «tentativa de homicidio» en los casos de las criaturas que sobrevivieron. Se declaró inocente de los cargos y culpó a los periodistas de inventarle una imagen de «asesina serial».
También lo hicieron los 11 exfuncionarios del Ministerio de Salud, directivos y personal del nosocomio donde ocurrieron los episodios, investigados por omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público; y falsedad ideológica reiterada. Entre otros, se encuentran la exdirectora del efector Liliana Asís y el exministro de Salud de la Provincia Diego Hernán Cardozo. Todos ellos también manifiestan su inocencia.
El último testimonio se escuchó el jueves pasado. Fue el de Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, el pequeño fallecido el 23 de abril y segundo bebé que se presume que perdió la vida por haber sido inyectado con potasio, insulina y otras sustancias en niveles incompatibles.
Cinco mamás con sus cunas vacías
El de Damaris fue un dramático relato, con detalles sobre la violencia obstétrica sufrida durante el parto, sumado a las advertencias en torno a que si su hijo moría, la culpa sería de ella; una tortura que llevó esta joven de 25 años por varios meses, hasta enterarse que el deceso había sido presuntamente producto de un homicidio.
Se espera que este lunes se escuchen en la sala de juicio relatos similares, ya que durante esta semana las audiencias se centrarán en las mamás que sufrieron la pérdida de sus bebés o cuyos hijos sobrevivieron milagrosamente a las inyecciones que les fueron suministradas y cuya principal acusada es la enfermera Agüero.
En la lista de declarantes para los próximos días se encuentran Vanessa Cáceres, Julieta Guardia, Yoselin Rojas y Brisa Molina, las otras cuatro madres que, como Damaris, perdieron a sus hijos recién nacidos horas después del parto en el hospital Materno Neonatal.
Vanessa Cáceres tenía 35 años cuando nació Francisco. Se trata del primer niño presuntamente asesinado. Su hijo falleció el 18 de marzo de ese año. Llegó por cesárea programada y pesó 3,260 kilos. Se lo llevaron a incubadora y una conocida lo filmó. Estaba rozagante y se lo iban a alcanzar cuando pasase el efecto de la anestesia, pero cuando eso ocurrió le informaron que lo habían trasladado a terapia intensiva porque tenía una arritmia. No llegó a amamantarlo siquiera. El personal médico le dijo que se produjo por un colapso posnatal.
Julieta Guardia es la mamá de Ibrahim, que nació a término en la mañana del 23 de mayo y murió ese mismo día. Fue por parto natural. Por la tarde una enfermera le pidió a su hijo para hacerle un nuevo chequeo. Cuando se lo regresó, estaba llorando. Ibrahim se fue apagando con el correr de las horas hasta morir en su cuna, donde lo encontraron «todo morado». Le dijeron que había sido por un paro cardiorespiratorio y la convencieron de no hacer la autopsia porque «lo iban a abrir todo».
Yoselin Rojas es la madre Angeline, que murió el 6 de junio. La niña nació a término con 3,6 kilos. Fue la primera sobre la que se hizo una autopsia judicial y la causa del deceso fue "colapso posneonatal debido a hiperpotasemia". Se le detectó una «lesión punzante» en el muslo derecho y otra en el muslo izquierdo.
Brisa Molina es la mamá de Melody, nacida el 6 de junio con un pesó 3,520 kilos, aunque solo vivió 18 horas. Murió esa jornada en la que los otros cuatro bebés se descompensaron y sólo dos lograron sobrevivir.
Entre el 6 y 7 de junio se produjo el colapso en el Hospital Materno Neonatal, la situación no daba para más. Melody fue la última que falleció como consecuencia de esa seguidilla.
La denuncia
Un mes después, en julio de 2022, el marido de una médica del hospital que escuchaba de su esposa la secuencia de los fallecimientos de estos niños, se presentó en Tribunales y denunció. Se ordenaron las autopsias de las dos últimas víctimas fatales, y se detectaron cuadros de hiperpotasemia y niveles de potasio «extraordinariamente altos», que habían sido aplicados de manera exógena, es decir, inyectados. Las sospechas de que esas muertes habían sido en realidad homicidios, comenzó a tomar fuerza.
Varias de estas mamás se enteraron en agosto de ese año, por las noticias, que se había abierto una investigación penal. Cuando escucharon las fechas de los fallecimiento, pudieron constatar que sus hijos habían sido víctimas de esos pinchazos fatales.
En este juicio piden justicia por ellos y también una respuesta sobre por qué ocurrieron los hechos y cómo los responsables del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba no denunciaron a tiempo que algo extraño estaba ocurriendo en el hospital Materno Neonatal.
Fuente: Mdzol
Justicia
El misterio continúa: se cumplen 23 años de la desaparición de la familia Gill
La familia desaparecida estaba compuesta por José Rubén «Mencho» Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2.
Hace 23 años fueron vistos por última vez los seis integrantes de la familia Gill. Era un domingo 13 de enero de 2002 cuando un vecino de apellido Fernández los acercó en camioneta desde Viale hasta el campo La Candelaria, en Crucecitas Séptima. Ese día la familia había viajado en remis a un velatorio en la vecina localidad. Desde ese momento todas son conjeturas sobre el paradero de José Rubén Mencho Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2.
El voluminoso expediente de 18 cuerpos y más de 3.600 fojas describe con lujo de detalles todo lo actuado desde el inicio de la investigación y se mantiene activo solo por el trabajo del juez Gustavo Acosta y María Adelia Gallegos, la madre de Margarita. Buscan información, chequean y visitan testigos. A lo largo de los años, ni Sergio Montiel, ni Jorge Busti, ni Sergio Urribarri, quien además fue Ministro de Gobierno, ni Gustavo Bordet hablaron públicamente del caso y lo marcaron como una deuda de la democracia entrerriana.
El caso es una postal del Poder Judicial entrerriano. Un juez batallando contra la falta de presupuesto para investigar y la pelea por conseguir que entreguen una recompensa a quien aporte datos. Es más, el caso tuvo un fiscal inexperto que terminó siendo eyectado del Ministerio Público Fiscal por su mal desempeño.
El caso ya se convirtió en un emblema de la inoperancia judicial y policial. A lo largo de los años no hubo un funcionario sancionado por la pésima investigación que recién en 2015 tuvo un despertar genuino con medidas y reclamos.
Lo último actuado fue en diciembre del año pasado. Dos personas se presentaron en diferentes momentos para aportar datos que fueron chequeados y descartados por el juez Acosta, ya que los dos sitios que indicaban ya habían sido inspeccionados por la justicia.
Ahora se sigue aguardando que alguien aporte información.
Breve reseña del caso
La familia Gill vivía en la estancia La Candelaria de alrededor de 500 hectáreas, ubicada en Crucecitas Séptima, a 50 kilómetros de Paraná, y pertenecía entonces a Alfonso Goette, quien murió en 2016 en un accidente automovilístico, y era donde vivía y trabajaba la familia desaparecida.
La ausencia de la familia Gill fue dada a conocer por Alfonso Goette recién en abril, cuando ya habían pasado tres meses. El estanciero llamó a la familia para decirle que no habían regresado de las vacaciones. Eso provocó que el 3 de abril Luisa Eva Gill realizara una presentación policial en Viale. También el 9 de ese mismo mes, María Adelia Gallego se presentó en la comisaría de Nogoyá para denunciar y el caso quedó en manos del juez Sebastián Gallino, hoy juez federal en Concepción del Uruguay.
El 8 de mayo de 2002, el juez Gallino llamó a Goette a declarar. El hombre dijo que la última vez que vio a la familia fue el 14 de enero de ese año y que cree que se habían ido a vivir a Helvecia, Santa Fe.
En mayo de ese año se dispuso una inspección judicial a la estancia La Candelaria que terminó con un gran asado para los policías que concurrieron. Fue un bochorno.
Recién el 10 de julio de 2003 se hizo un allanamiento oficial. Pero no había nada. Sin embargo, en el expediente ya se conocía que Goette estuvo siete días solo en el campo después de la desaparición de la familia. Recién el 21 de enero llegó un nuevo empleado al lugar, según consta en la causa.
En 2008 y 2009, la causa tuvo un envión importante. Hubo excavaciones y trabajos de campo, pero no apareció nada.
En 2015 llegó Acosta al juzgado y comenzó a trabajar en la investigación. Viajó, visitó testigos y buscó por todas las formas que el gobierno aporte una recompensa.
Pero el mayor impulso en la causa llegó tiempo después de la muerte de Goette, en 2016. A los meses de la muerte del estanciero en un siniestro vial en la ruta 32, apareció un testigo que contó que el 14 de enero de 2002 había visto a Gill quejándose por los pozos que le había ordenado cavar el dueño del campo donde trabajaba. Con ese testimonio, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, encabezó un allanamiento en la estancia y puntualmente sobre la zona que marcó el testigo.
En 2018, se registraron imágenes de video y fotografías para determinar la ubicación y las coordenadas del campo donde trabajaba Gill. Luego, en 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó junto al Gobierno de Entre Ríos en la búsqueda en el campo, realizando numerosas excavaciones, aunque con resultados negativos.
El caso está en una meseta que es difícil que supere.
Fuente: Ahora – Canal 9
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