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Ambiente

Glifosato: un jurado de EE.UU. determinó que el herbicida fue «factor sustancial» en un caso de cáncer

Es el herbicida más usado del mundo y, ahora, la justicia en Estados Unidos lo vincula con el cáncer.

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Un jurado en la ciudad de San Francisco determinó el martes que un herbicida basado en glifosato fue «un factor sustancial» en la aparición de cáncer en Edwin Hardeman, un hombre de 70 años de edad, residente en el condado de Sonoma.

La decisión, tomada por unanimidad, señala que el herbicida Roundup contribuyó a que Hardeman padeciera un linfoma no Hodgkin.

La farmacéutica Bayer, fabricante de ese producto, ha rechazado con vehemencia la posibilidad de que este sea cancerígeno.

Durante esa fase se espera que los abogados de Hardeman presenten evidencias de los supuestos esfuerzos de Bayer para influenciar a científicos, funcionarios públicos y al público en general sobre la seguridad de sus productos.

Este miércoles, durante la apertura de los mercados bursátiles, las acciones de la compañía farmacéutica registraron una caída de casi 12% en su precio.

La compañía alemana Bayer, que se convirtió en dueña de Roundup tras comprar por US$66.000 millones a su rival estadounidense Monsanto, dijo estar decepcionada por la decisión inicial del jurado.

«Tenemos confianza en que la evidencia durante la segunda fase demostrará que la conducta de Monsanto ha sido apropiada y que la compañía no debería ser considerada responsable por el cáncer de Hardeman», dijo Bayer.

La empresa aseguró que sigue creyendo «firmemente que la ciencia confirma que los herbicidas fabricados con glifosato no causan cáncer».

El caso de Hardeman es apenas el segundo de unos 11.200 juicios contra Roundup en Estados Unidos.

En agosto del año pasado, un jurado estatal determinó que Roundup había causado cáncer en otro hombre, por lo que ordenó a Bayer pagarle unos US$289 millones, un monto que luego fue reducido a US$78 millones tras un proceso de apelación.

El glifosato es un herbicida que se usa en agricultura y silvicultura para el control de la maleza en áreas industriales, pero también se empela en céspedes y jardines.

Su efecto sobre las plantas no es selectivo, lo que significa que mata a la mayoría de ellas cuando se aplica.

Algunos cultivos, como la soya, han sido genéticamente modificados para resistir al glifosato.

Los agricultores lo rocían en los campos antes de que sus cultivos broten en primavera y así no tienen que competir con las malezas de los alrededores.

Pero su uso es controvertido.

Portugal, Italia y la ciudad canadiense de Vancouver han prohibido el uso de este agente químico en parques y jardines públicos.

En 2018, un jurado en San Francisco, Estados Unidos, resolvió que los herbicidas con glifosato de Monsanto contribuyeron «sustancialmente» a la enfermedad terminal de un jardinero.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, concluyó en 2015 que la substancia es «probablemente carcinogénica para los humanos».

No obstante, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha insistido en que el glifosato es seguro cuando se usa de forma cuidadosa.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria también ha dicho que es improbable que el glifosato cause cáncer en los humanos.

Fuente: BBC

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Ambiente

Piden estudios de impacto ambiental sobre el proyecto de planta de hidrógeno en Uruguay

La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó una resolución solicitando una respuesta urgente a los organismos nacionales de la República Oriental del Uruguay, sobre los posibles impactos ambientales derivados de la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en cercanías del río Uruguay (kilómetro 219 aproximada), frente a la región «Tierra de Palmares».

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El proyecto –impulsado por el colonense Mauro Godein con el apoyo de otros legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos- pone énfasis en la necesidad de evaluar los riesgos de contaminación transfronteriza. Entre las preocupaciones principales se encuentran los efectos en el agua, el aire y otros factores como ruido, polución, olores y contaminación visual, especialmente en las localidades de Colón, Liebig y San José.

La resolución también exige que la información recopilada sea compartida con las autoridades nacionales argentinas, incluyendo las secretarías de Ambiente de la Provincia y de la Nación, para ser evaluada conforme al Tratado del Río Uruguay y otras normativas vigentes.

«Si bien se respeta la soberanía del Uruguay, el uso compartido del río y la proximidad física con Entre Ríos hacen necesario un abordaje binacional para garantizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud y los recursos naturales de la región», expresó Godein.

Finalmente, subrayó: «Aunque se valora la implementación de tecnologías para energías renovables, estas iniciativas deben ser sostenibles, lo cual exige información, evaluación y participación de ambas naciones».

La cámara enfatizó la importancia de preservar el principal capital turístico de Entre Ríos, que podría verse afectado por la instalación de esta planta, e instó a un diálogo bilateral para asegurar la sustentabilidad y el desarrollo armónico en la región.

Fuente: El Entre Ríos

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