Hace 23 años fueron vistos por última vez los seis integrantes de la familia Gill. Era un domingo 13 de enero de 2002 cuando un vecino de apellido Fernández los acercó en camioneta desde Viale hasta el campo La Candelaria, en Crucecitas Séptima. Ese día la familia había viajado en remis a un velatorio en la vecina localidad. Desde ese momento todas son conjeturas sobre el paradero de José Rubén Mencho Gill, un peón rural que tenía 56 años; su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; y sus hijos María Ofelia, de 12; Osvaldo José, de 9; Sofía Margarita, de 6; y Carlos Daniel, de 2.

El voluminoso expediente de 18 cuerpos y más de 3.600 fojas describe con lujo de detalles todo lo actuado desde el inicio de la investigación y se mantiene activo solo por el trabajo del juez Gustavo Acosta y María Adelia Gallegos, la madre de Margarita. Buscan información, chequean y visitan testigos. A lo largo de los años, ni Sergio Montiel, ni Jorge Busti, ni Sergio Urribarri, quien además fue Ministro de Gobierno, ni Gustavo Bordet hablaron públicamente del caso y lo marcaron como una deuda de la democracia entrerriana.

El caso es una postal del Poder Judicial entrerriano. Un juez batallando contra la falta de presupuesto para investigar y la pelea por conseguir que entreguen una recompensa a quien aporte datos. Es más, el caso tuvo un fiscal inexperto que terminó siendo eyectado del Ministerio Público Fiscal por su mal desempeño.

El caso ya se convirtió en un emblema de la inoperancia judicial y policial. A lo largo de los años no hubo un funcionario sancionado por la pésima investigación que recién en 2015 tuvo un despertar genuino con medidas y reclamos.

Lo último actuado fue en diciembre del año pasado. Dos personas se presentaron en diferentes momentos para aportar datos que fueron chequeados y descartados por el juez Acosta, ya que los dos sitios que indicaban ya habían sido inspeccionados por la justicia.

Ahora se sigue aguardando que alguien aporte información.

Breve reseña del caso
La familia Gill vivía en la estancia La Candelaria de alrededor de 500 hectáreas, ubicada en Crucecitas Séptima, a 50 kilómetros de Paraná, y pertenecía entonces a Alfonso Goette, quien murió en 2016 en un accidente automovilístico, y era donde vivía y trabajaba la familia desaparecida.

La ausencia de la familia Gill fue dada a conocer por Alfonso Goette recién en abril, cuando ya habían pasado tres meses. El estanciero llamó a la familia para decirle que no habían regresado de las vacaciones. Eso provocó que el 3 de abril Luisa Eva Gill realizara una presentación policial en Viale. También el 9 de ese mismo mes, María Adelia Gallego se presentó en la comisaría de Nogoyá para denunciar y el caso quedó en manos del juez Sebastián Gallino, hoy juez federal en Concepción del Uruguay.

El 8 de mayo de 2002, el juez Gallino llamó a Goette a declarar. El hombre dijo que la última vez que vio a la familia fue el 14 de enero de ese año y que cree que se habían ido a vivir a Helvecia, Santa Fe.

En mayo de ese año se dispuso una inspección judicial a la estancia La Candelaria que terminó con un gran asado para los policías que concurrieron. Fue un bochorno.

Recién el 10 de julio de 2003 se hizo un allanamiento oficial. Pero no había nada. Sin embargo, en el expediente ya se conocía que Goette estuvo siete días solo en el campo después de la desaparición de la familia. Recién el 21 de enero llegó un nuevo empleado al lugar, según consta en la causa.

En 2008 y 2009, la causa tuvo un envión importante. Hubo excavaciones y trabajos de campo, pero no apareció nada.

En 2015 llegó Acosta al juzgado y comenzó a trabajar en la investigación. Viajó, visitó testigos y buscó por todas las formas que el gobierno aporte una recompensa.

Pero el mayor impulso en la causa llegó tiempo después de la muerte de Goette, en 2016. A los meses de la muerte del estanciero en un siniestro vial en la ruta 32, apareció un testigo que contó que el 14 de enero de 2002 había visto a Gill quejándose por los pozos que le había ordenado cavar el dueño del campo donde trabajaba. Con ese testimonio, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, encabezó un allanamiento en la estancia y puntualmente sobre la zona que marcó el testigo.

En 2018, se registraron imágenes de video y fotografías para determinar la ubicación y las coordenadas del campo donde trabajaba Gill. Luego, en 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó junto al Gobierno de Entre Ríos en la búsqueda en el campo, realizando numerosas excavaciones, aunque con resultados negativos.

El caso está en una meseta que es difícil que supere.

Fuente: Ahora – Canal 9