Ambiente
Diferentes cuestionamientos al veto de la ordenanza contra el glifosato
En Paraná, un colectivo de entidades y fuerzas políticas criticaron la decisión del intendente Sergio Varisco de vetar parte de la norma. La iniciativa se había impulsado por el mismo gobierno y aprobado por unanimidad.
La ordenanza que prohibía la fumigación con agrotóxicos en Paraná había sido sancionada tras una presentación de la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo, en donde se establecían posibles vínculos entre el veneno y enfermos de cáncer. Pero hace unos días, el intendente Sergio Varisco decidió vetar seis artículos de la norma municipal, que había sido impulsada por su propio gobierno y aprobada por unanimidad.
La Asamblea Paraná sin Agrotóxicos, conformada por organizaciones de la sociedad civil que promueve la transición hacia la agroecología, rechazó la decisión del intendente de vetar parte de la ordenanza contra la aplicación de productos químicos que contengan glifosato.
El primer artículo de la ordenanza, uno de los vetados por Varisco, decía: «Prohíbese dentro de todo el ejido de la Ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y del medio ambiente».
Según los ambientalistas, el veto de este artículo equivale a eliminar la prohibición, ya que este impide las distintas metodologías de fumigación como así también la comercialización del tóxico con uso agrario. A través de un documento, manifestaron: «No podemos permitir que se genere confusión en la ciudadanía, alegando la necesidad de vetar tal artículo por un contrasentido con la ley nacional y provincial, que permiten la comercialización y la circulación de estos agrotóxicos. Es claro que esta ordenanza, así redactada, perturbaba los negocios de la agroindustria y se corría de la política nacional del Ministro de Agroindustria y del ministro de Ambiente, pro glifosato, al proteger a la ciudadanía de las nefastas consecuencias de su aplicación».
La ordenanza establecía quién era considerado usuario responsable de los predios fumigados y la responsabilidad de los mismos, haciéndola extensiva a los propietarios de los inmuebles por las infracciones cometidas en sus predios; y especificaba quienes se encontraban habilitados para formular denuncias por incumplimientos.
Para finalizar, aseguraron que Varisco anuló «la eficacia de la norma que se pensó, desde el Concejo Deliberante, como protectora de la vida, la salud y el ambiente, para convertirla en una norma carente de sentido y coherencia». «Y lo que aumenta esta falta de compromiso con los intereses de la ciudadanía es el constante intento de ocultar el texto definitivo del veto de la ordenanza escondiendo los verdaderos fundamentos al publicar en el digesto municipal un decreto que no corresponde con la promulgación de la ordenanza sobre agrotóxicos», lanzaron y solicitaron a los concejales y concejalas «que insistan en la sanción del proyecto prohibiendo la utilización y aplicación de productos que contengan glifosato y sus derivados, con la misma responsabilidad que lo hicieron al votarla».
Ambiente
Piden estudios de impacto ambiental sobre el proyecto de planta de hidrógeno en Uruguay
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó una resolución solicitando una respuesta urgente a los organismos nacionales de la República Oriental del Uruguay, sobre los posibles impactos ambientales derivados de la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en cercanías del río Uruguay (kilómetro 219 aproximada), frente a la región «Tierra de Palmares».
El proyecto –impulsado por el colonense Mauro Godein con el apoyo de otros legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos- pone énfasis en la necesidad de evaluar los riesgos de contaminación transfronteriza. Entre las preocupaciones principales se encuentran los efectos en el agua, el aire y otros factores como ruido, polución, olores y contaminación visual, especialmente en las localidades de Colón, Liebig y San José.
La resolución también exige que la información recopilada sea compartida con las autoridades nacionales argentinas, incluyendo las secretarías de Ambiente de la Provincia y de la Nación, para ser evaluada conforme al Tratado del Río Uruguay y otras normativas vigentes.
«Si bien se respeta la soberanía del Uruguay, el uso compartido del río y la proximidad física con Entre Ríos hacen necesario un abordaje binacional para garantizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud y los recursos naturales de la región», expresó Godein.
Finalmente, subrayó: «Aunque se valora la implementación de tecnologías para energías renovables, estas iniciativas deben ser sostenibles, lo cual exige información, evaluación y participación de ambas naciones».
La cámara enfatizó la importancia de preservar el principal capital turístico de Entre Ríos, que podría verse afectado por la instalación de esta planta, e instó a un diálogo bilateral para asegurar la sustentabilidad y el desarrollo armónico en la región.
Fuente: El Entre Ríos
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