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Privatizaciones

YPF, Aerolíneas, AySA y Banco Nación, entre 41 empresas públicas sujetas a privatización

El proyecto enviado por el Ejecutivo nacional que pone a la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en «la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales».

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La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam figuran entre las 41 empresas públicas que fueron declaradas «sujetas a privatización» en el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

De acuerdo con el texto de la iniciativa denominada ´Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos´, la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en «la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales».

La propuesta también apunta a «generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas», según los fundamentos de la iniciativa.

Puntualmente, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara «sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal».

De esta manera, se faculta «al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696».

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dado a conocer la semana pasada fue el puntapié inicial para avanzar en esta línea.

Arsat Foto Leo Vaca
Arsat. Foto: Leo Vaca.

En el DNU, que comenzará a regir en los próximos días y que es objeto de varios amparos judiciales en su contra, se establece la modificación del «status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades», según consigna en sus considerandos.

La venta de las empresas del Estado es una idea que Javier Milei tiene desde antes de asumir la presidencia de la Nación.

En reiteradas ocasiones, durante la campaña electoral, deslizó la posibilidad de desprenderse de patrimonio público y calificó a las empresas estatales como «generadoras de déficit».

Qué empresas podrían ser privatizadas

Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de Moneda; y Contenidos Públicos.

Tren Belgrano Cargas Foto archivo
Tren Belgrano Cargas. Foto: archivo.

También figuran Corredores Viales; Correo Oficial de la República Argentina; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Educ.AR; Energía Argentina (Enarsa); Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.

A las que se suman la Fábrica Argentina de Aviones «Brig. San Martín»; Intercargo; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Radio y Televisión Argentina; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Talleres Navales Dársena Norte; Télam; Belgrano Cargas y Logística; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.

Incluye también a Nucleoeléctrica Argentina; Vehículo Espacial Nueva Generación; Operadora Ferroviaria; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Pellegrini; y las 4 empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.

El texto presentado  también deroga el artículo 35 de la Ley N° 24.804, que establecía que «Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación».

Además, sustituye el artículo 37 de esa misma Ley por el siguiente: «A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad». El cambio en este caso es el reemplazo de Estado Nacional por Poder Ejecutivo nacional.

La Ley 24.804 legisla sobre las funciones del Estado en la actividad nuclear.

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Privatizaciones

Nación privatiza las áreas de servicios de los pasos fronterizos: Free shops y playas para camiones

El Gobierno avanzó en un paquete de licitaciones y concesiones que son inéditas en el país. Mediante concursos públicos empezó a darse forma a un esquema distinto que tiene como protagonistas a los pasos fronterizos terrestres que tiene la Argentina con sus vecinos.

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La Casa Rosada concesionará los predios de servicios aledaños a los puntos de cruce de frontera que pasarán a estar manejados por un privado y que será el que tenga que hacer la inversión para mejorar, conservar y explotar el área. Para que se entienda, ninguna de las fuerzas federales ni de los organismos que intervienen en la frontera desaparecerá, sino que la inversión para mejorar los alicaídos terrenos que lindan con los puestos de control, pasará a manos de privados.

El proyecto se manejó entre tres ministerios: Interior, Seguridad y Defensa. Y si bien todavía no se adjudicó ninguno, dos de ellos ya están en procesos licitatorios. El primero es el que une la ciudad correntina de Santo Tomé con Sao Borja, en Brasil; el otro, el de Paso de los Libres que lleva a Uruguayana.

"La decisión que se tomó es que se liciten todas las áreas de servicios de los pasos fronterizos. No es posible que el gobierno nacional se encargue de los pozos, los baches o el asfalto de una playa de espera en una frontera. Que se encarguen los privados y a cambio se les dará la concesión de un predio donde podrán poner desde restaurantes a hoteles. Siempre, con inversión privada", dijo una fuente oficial con acceso a la Casa Rosada.

Como se dijo, el proceso ya empezó con el que tiene una particularidad. Se trata del de Santo Tomé, que se licitó en conjunto con Brasil. Se abrió una licitación y se debería haber abierto el 7 de enero. Pero, la Comisión Mixta Argentina Brasileña (Comab), que maneja el puente paso, recibió una medida cautelar en Brasil y todo se trabó. Una reunión de la Comisión dio cuenta de ese imprevisto judicial y todo quedó a resultas de lo que suceda en los tribunales brasileños. En ese paso, del lado argentino operan la Gendarmería Nacional Argentina, Migraciones, la Aduana (ARCA ) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

De acuerdo a datos oficiales, por ese paso internacional cruzan 148.000 vehículos livianos argentinos y 102.000 de Brasil. En camiones, hay un volumen de 90.000 camiones, entre argentinos y brasileños. El proyecto se licitó con un plazo de 25 años a cambio de una inversión cercana los 20 millones de dólares y un canon a valor presente mínimo US$40 millones, que se dividiría en partes iguales entre los dos países.

En Paso de los Libres, Corrientes, también ya empezó la licitación para hacerse cargo del área de servicios. En este caso, a diferencia de Santo Tomé, no hay puente binacional ni comisión. "Es un proyecto totalmente argentino", dijo otra fuente que intervino en el proceso de llamado a iniciativas privadas que cierra en una semana.

Se trata del primer paso fronterizo en importancia del interior del país, y la segunda aduana en importancia de Argentina. Con un superficie de más de 900.000 metros cuadrados, y un estacionamiento con capacidad para 900 camiones, por el lugar pasan 1,5 millones de vehículos por año, de los cuales 159.960 son camiones, 4880 son ómnibus de pasajeros, y el resto, livianos.

La idea del Gobierno es que el privado que se lleve el proyecto tenga a su cargo la inversión, operación y mantenimiento por 25 años, contados desde mediados de año, cuando consideran que podrían estar terminados los trámites y las regulaciones para la entrega del predio.

Hay dos más que están en carpeta inmediata pero que aún no se iniciaron los procesos de iniciativa privada. Se trata de Iguazú – Foz de Iguazú y el de Uspallata, que comunica la Argentina con Chile.

El llamado Complejo Cristo Redentor tuvo un flujo, entre ingresos y salidas, de 284.664 vehículos pesados desde enero hasta noviembre de 2024, lo que representó una suba de 11% respecto del mismo período de 2023. El plazo de concesión serían entre 20 y 25 años, y aún no se decidió cuándo avanzar.

Iguazú tiene algunas particularidades. En principio, es más turístico que de cargas, y además, tiene presencia de varios organismos del Estado. Por caso, además de la Aduana, Migraciones y Gendarmería, opera Senasa y la dirección de Sanidad en Fronteras.

En 2024 ingresaron 102.300 vehículos particulares, 14.723 transportes de pasajeros y 2.581 de cargas. Por su parte, salieron 98.235; 15.643 y 4.185 respectivamente. En este lugar no hay ningún centro de uso común entre los dos países.

Las demoras y los interesados

Una de las cuestiones que los encargados del proyecto tratan de resolver es el tema de los dominios de las tierras o la propiedad de las zonas que deberían formar el paquete de para entregar a los explotadores de la iniciativa privada. Por caso, el de Uspallata fue donado a la exAFIP mediante una escritura que se firmó el 3 de marzo de 2010. Desde entonces, todas las obras terminadas y las que aún no se terminaron fueron financiadas por el organismo recaudador. De ahí que, para avanzar en una entrega un actor privado, habría que hacer varios trámites regulatorios para que las tierras sean de quién las concede en concesión.

Otros predios, varios, según confiaron, tienen trámites y requisitos pendientes de finalización en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Las iniciativas despertaron un enorme interés en varios grupos económicos. Por caso, desde London Supply, los dueños de algunas terminales aéreas, entre ellas la de El Calafate y la de Ushuaia, hasta empresarios del mundo de los colectivos de larga distancia u otros que se agrupan en la cámara de dueños de compañías del transporte de cargas (Fadeeac), revisaron los llamados. Y varios de ellos presentarán sus propuestas.

El interés, claro está, tiene que ver con el potencial. Sucede que hay pocas limitaciones de lo que se puede instalar en el lugar.

Un memo interno, que consultan los interesados, dice que se deberá realizar un sector dedicado a la logística que permita actividades tales como el almacenamiento, fraccionamiento, clasificación y consolidación de todo tipo de cargas.

Además, se permite área de servicios como gomería, lavadero de camiones, mecánico y aquellos procesos vinculados con el "ingreso y el despacho a plaza de la mercadería de importación y exportación".

Luego, el capítulo comercial como "gastronomía, kiosco, hotel, casa de cambio, esparcimiento, plaza saludable, farmacia, tiendas libres de impuestos". Y finalmente, la frutilla: se permitirá la instalación de free shops. Eso sí, no se puede explotar nada vinculado a juegos de azar.

Fuente: La Nación – Diego Cabot

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