Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares, informó el viernes el despido de alrededor de 250 trabajadores de planta permanente. Era una noticia previsible desde que a mediados de mayo el Gobierno decidió postergar las obras de Atucha III y de la quinta central nuclear.

Según una fuente gremial, esta es recién la primera tanda de desvinculaciones y el total podría llegar a 500 empleos porque lo que se desmantela es la unidad de gestión vinculada a los nuevos proyectos.

Entre las dos nuevas centrales se esperaba incorporar hacia 2022, 1.850 megavatios de potencia al sistema eléctrico, lo que representa aproximadamente el 7% de la demanda nacional en un día de verano. Lo mismo ocurrió con la central hidroeléctrica Chihuidos que iba a generar otros 600 megavatios.

Tanto las nucleares como Chihuidos contaban con financiamiento asegurado, en el primer caso por China y en el segundo por Alemania, y se iban a empezar a pagar cuando ya estuvieran generando energía, pero el Gobierno no puede tomar más compromisos de endeudamiento por las restricciones presupuestarias y el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario. Aunque todavía no está confirmado, también circula versión de que se ralentizarán las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, que cuentan con créditos de Rusia.

Según se afirma, sólo se encararán obras bajo el esquema de PPP (Participación Pública Privada), un sistema que recién se está empezando a ensayar y que corre con la desventaja del alto costo del financiamiento.

Esta circunstancia hace temer por los otros proyectos de energía que están en agenda. En primer lugar, los emprendimientos de energías renovables que resultaron adjudicados en las licitaciones realizadas desde 2016 y a los que se otorgaron ventajas impositivas y quita de aranceles de importación para el equipamiento.

Esos proyectos, así como los de las centrales térmicas licitadas en 2016, tienen asegurado un precio en dólares por periodos de 15 a 20 años según el caso, y si se decide dar marcha atrás con la dolarización de la energía, serán una nueva fuente de gasto fiscal. Esto es así porque Cammesa, controlada por el Estado nacional, quedó obligada a pagar esa energía al precio convenido la use o no, y haya o no transporte para conducirla a los centros de consumo.

El del transporte en alta tensión es el otro gran problema porque para esto también se plantea recurrir a los PPP. Pero el esquema tendría una vulnerabilidad grande: los proyectos de energía renovables que necesitan obras de transmisión, generan pocos megavatios en relación a otras iniciativas, tienen una producción intermitente porque dependen del clima, y en el mundo se avanza a asociarlos con centrales térmicas cercanas para amortizar la inversión en transporte.

Pero hasta los anuncios para el gas de Vaca Muerta, están corriendo riesgo ahora. El diario Río Negro indicó este fin de semana que las provincias tienen aprobados 19 proyectos de gas no convencional que entrarían en el régimen de Gas Plus que ideó el exministro Juan José Aranguren, y que asegura a las petroleras un precio subsidiado de u$s7,50 por unidad, pero solo 6 fueron autorizados por el Gobierno nacional. Además, el Gobierno debe el subsidio (la diferencia entre el precio efectivo y u$s7,50) desde enero, y solo en un caso pagó hasta febrero.

Ese gas subsidiado de Vaca Muerta es el que el Gobierno espera exportar en parte a Chile a partir de octubre. Pero no se descarta que aparezca otro problema: si ya no va a haber tablita para ir mejorando el precio del producto hasta 2019 y se va a abandonar la dolarización, puede ocurrir que las petroleras frenen la inversión en los yacimientos tradicionales no alcanzados por el subsidio, y que esto derive en cierta caída de la producción que frene o disminuya la venta a Chile.

De hecho en los cinco primeros meses del año, ya disminuyó la extracción de gas de YPF y de Pan American Energy, aunque esto quedó contrarrestado en los números totales por el avance en la producción de Tecpetrol en el área Fortín de Piedra que está bajo el régimen subsidiado.

Silvia Peco.

Fuente: Ámbito