El Ministerio de Economía recibió en las últimas horas una confirmación importante y positiva. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó que no cobrará los sobrecargos de intereses a países que tienen deudas con el organismo, superiores a su cuota crediticia permitida o que tienen un mal comportamiento como pagador.

En realidad, Argentina tiene en su currículum las dos situaciones negativas. Sin embargo, el Fondo respetará el anuncio de octubre del año pasado, y el próximo acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmará antes que culmine abril incluirá intereses de país en situación normal. No es poco lo que se ahorrará Argentina.

Se calcula que habrá una reducción de los sobrecostos de unos 9.000 millones de dólares al final del acuerdo; que, como se sabe, será a 10 años con cuatro de gracia para el pago de capital. El beneficio, además, será retroactivo al dinero que el país pagó durante 2024, desde el segundo trimestre del año pasado, y que no tuvo la contrapartida de devolución del FMI.

Hay que tener en cuenta que, en el ejercicio anterior, Argentina le pagó en capital e intereses al FMI unos 7.695 millones de dólares recibió unos 5.453 millones, cuando el acuerdo original firmado por Martín Guzmán en 2022 incluía, como compromiso del Fondo, la obligación de liquidarle a la Argentina hasta diciembre de 2024 todo lo que el país debía pagarle, siempre que desde Buenos Aires se cumplieran las metas acordadas.

Según lo pactado, el FMI le adeuda a la Argentina unos US$2.242 millones en fondos no girados por los cumplimientos de los últimos tres trimestres del ejercicio pasado. Este dinero debería ser pagado a la Argentina de manera inmediata, una vez puesto en vigencia el acuerdo que se termina de negociar en esos días; y se depositaría directamente a las reservas del Banco Central.

Pero además, el FMI confirmó que tendrá en cuenta los sobrecostos pagados por Argentina hacia atrás del anuncio de eliminación de estas tasas, con lo que habría unos 300 millones de dólares a favor del país. Pero lo positivo será mirar hacia delante, ya que el acuerdo de Facilidades Extendidas que regirá las relaciones del país con el FMI durante los próximos 10 años, será con tasas de interés standard para el organismo, sin los sobrecostos que se aplicaban hasta octubre del año pasado.

Estos sobrecargos se aplican desde el FMI a los países deudores que tienen un nivel de pasivos por encima de su capacidad de pago ante el Fondo; e implican entre dos y tres puntos y medio por arriba de la tasa de interés habitual que un Estado deudor debe pagar, tanto por un acuerdo Stand By o un Facilidades Extendidas. Este último, el tipo que busca cerrar ahora Argentina. 

La jugada de Guzmán

Habrá que reconocerle a la gestión de Martín Guzmán ante el FMI, la eliminación de estos sobrecostos. El reclamo viene del préstamo de Facilidades Extendidas firmado en marzo del 2022 por Guzmán en su rol de ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.

En aquel entonces, el funcionario había destinado la mitad de su tiempo negociador al reclamo del entonces titular del Palacio de Hacienda, para que la contracción comenzara ya con el acuerdo que se discutía con el FMI, y que implicaba una reducción en los pagos anuales que la Argentina debía realizarse al organismo por unos US$9.000 millones en todo aquel acuerdo, también pactado a 10 años. 

Ese reclamo era acompañado por varios países de la Unión Europea (UE), por toda América Latina, China, y contaba con el apoyo ideológico del mentor de Guzmán, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y hasta el papa Francisco. Sin embargo, el 14 de diciembre del 2021, ya cuando las negociaciones entre Argentina y el FMI llevaban casi nueve meses de idas y vueltas, el Board del organismo rechazó el reclamo, quitando el tópico del listado de temas que el organismo discutiría durante el 2022. 

Finalmente, el acuerdo fue firmado en marzo de ese año, y no incluyó la discusión (mucho menos la rebaja) de los sobrecargos y Argentina sólo tuvo como compensación importante la posibilidad de extender el comienzo del acuerdo por dos años. El acuerdo de Facilidades Extendidas fue firmado por 12 años, con vigencia hasta el 2034, y el comienzo de las liquidaciones efectivas desde el 2024.

Precisamente es lo que sucedió este año, donde el país ya le pagó al FMI unos US$3.000 millones líquidos por arriba de los desembolsos del organismo, que salieron 100% de las reservas del Banco Central. Si se hubiera aplicado la política de reducción de sobrecargos que hoy aprobaría el Board, el país se hubiera ahorrado unos 1.500 millones de dólares.

Son unos 1.000 millones menos de lo que se necesitó en el tercer trimestre del año para cumplir con la meta de reservas acumuladas firmadas por el gobierno de Javier Milei en la renovación del acuerdo Facilidades Extendidas en enero de este año. 

Lo que se discutió concretamente en el Board fue la propuesta planteada desde los países europeos, con el apoyo China y casi todo el mundo en desarrollo, de reducción de los sobrecargos; el aumento de la frontera desde la cual se cobran los sobrecargos y reducción de la tasa base sobre la que se miden el inicio de la aplicación de las tasas generales del FMI.

Aún no se sabe cuáles serán esos porcentajes, pero se sabe que el impulso de la discusión fue la política de la Reserva Federal (FED)y del Banco Central Europeo (BCE) de contraer los tipos de intereses, luego de haberlo subidos a partir de los efectos inflacionarios posteriores a la pandemia. 

Baja de sobretasas

La única referencia sobre la contracción de las tasas de interés es la negociación de Argentina del 2021. La intención era reducir los sobrecostos del 4,05% reglamentario que le correspondería pagar al país en un acuerdo con el FMI, a un más ameno 1,05%. La alternativa debía ser tratada por el Board. La promesa que se le hizo a Guzmán en aquella negociación fue que el tema podría tratarse en cualquier reunión del Board desde abril del 2022 en adelante.

Finalmente, hubo que esperar casi dos años y ocho meses para que la promesa se cumpla. Sin embargo, ante la realidad que el tema sería tratado en algún momento dentro de la vigencia del Facilidades Extendidas que se firmó en abril del 2022, Guzmán logró que se incluya una cláusula específica, donde se indicaba que, si en el futuro y durante la vigencia del acuerdo las tasas y sobrecargos bajaban, esta mejora se aplique al acuerdo que se rubricaba en ese momento.

No hubo problemas para que el capítulo se sume al largo listado de compromisos mutuos a cumplir. Es por esa cláusula que ahora Argentina ahora podrá beneficiarse en el acuerdo que se firmará en las próximas semanas y que regirá hasta el 2035. 

La contracción de los sobrecostos era la bala con la que Martín Guzmán quería hacer blanco como principal logro de sus negociaciones ante el FMI, una alternativa que le permitiría a la Argentina una reducción anual de 900 millones de dólares y de algo más de US$9.000 millones en todo el acuerdo a 10 años.

La imposibilidad de incluir este capítulo desde el primer momento, le generó a Guzmán un problema político serio dentro del ya, en esos tiempos, anárquico esquema de poder del gobierno de Alberto Fernández. La no inclusión de la reducción de los sobrecargos fue utilizada políticamente por Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, para boicotear primero y bombardear después el acuerdo que se negociaba entre el país y el FMI.

El kirchnerismo planteaba una contrapartida algo utópica y quizás irresponsable. Que Argentina le planteara al Fondo un acuerdo a 20 años (cuando los tratados, todos, tienen un máximo de 10 años sin excepciones), sin tasas de interés, eventualmente con quitas y con un pedido extra: que los funcionarios que firmaron el acuerdo Stand By de 2018 entre Argentina y el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri circulen por Comodoro Py ante la certera conclusión interna que hubo algún tipo de trapisonda político- ideológico- moral entre la gestión macrista y el organismo. Nada de todo esto ocurrió.

Para el kirchnerismo, debían pagar con la cárcel los que habían firmado aquel Stand By por unos U$S 57.000 millones, de los que se liquidaron unos 44.500 millones. Finalmente, la crisis política interna fue terminal, y el kirchnerismo votó en contra del acuerdo en el Congreso Nacional, lo que llevó al gobierno de Alberto Fernández de pedirle votos al PRO para aprobar el acuerdo. Lo que por último sucedió. Hacia delante, ya no hubo marcha atrás en la crisis política entre el Presidente, Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo.  

Dentro del FMI, la denuncia fue expuesta ante el Board y causó más risa que debate. Sólo hubo una consecuencia interna: el problema le costó el cargo dentro del organismo al mexicano argentino Alejandro Werner, el negociador del Fondo que firmó el Stand By. No fue el único que dejó su cargo. El 3 de julio renunció Guzmán, en medio de un escándalo político- económico con el kirchnerismo, lo que con el tiempo resultó terminal.

Fuente: MDZOL – Carlos Burgueño