La principal corte europea dictaminó que Facebook y otras compañías de Internet pueden verse obligadas a eliminar cierto contenido en todo el mundo.

Si un tribunal europeo ordena a una empresa que elimine contenido, como una publicación, esa empresa debe eliminarlo en todos los sitios en los que aparezca.

La decisión plantea enormes problemas potenciales para las compañías de Internet. No puede ser apelada.

El caso gira en torno a una autoridad política austriaca, Eva Glawischnig-Piesczek, que buscaba que Facebook eliminara los comentarios despectivos sobre ella que habían sido publicados en la página de una persona irlandesa. Un tribunal austriaco había encontrado que los comentarios eran perjudiciales para su reputación al insultarla y difamarla.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que Facebook debe eliminar la información y bloquear el acceso a esa información en todo el mundo.

"Esta sentencia plantea preguntas críticas sobre la libertad de expresión y el papel que las compañías de internet deberían jugar en el monitoreo, interpretación y eliminación de discursos que podrían ser ilegales en un país en particular", dijo Facebook en un comunicado.

La red social dijo que la decisión podría obligar a las compañías de Internet a monitorear de manera proactiva todo el contenido y luego interpretar si es "equivalente" al contenido que ha sido declarado ilegal por un tribunal de una nación.

"Socava el principio de larga data de que un país no tiene derecho a imponer sus leyes sobre el discurso en otro país", dijo Facebook en su declaración.

Esto no es puramente un problema europeo para compañías de internet como Facebook y Google. Cada vez reciben más atención y críticas por el papel que desempeñan en la difusión de información falsa, especialmente en lo que respecta a las elecciones y el discurso político. Ha habido audiencias en Washington e incluso llamadas a la disolución de las principales compañías tecnológicas.

Pero Europa tiene menos garantías de libertad de expresión y leyes mucho más restrictivas relacionadas con la privacidad y el llamado "derecho al olvido", establecido por el mismo tribunal europeo en 2014, que permite a los ciudadanos de la Unión Europea solicitar que los enlaces que contengan información personal sobre ellos sean eliminados de los resultados de búsqueda.

Pero la semana pasada ese tribunal falló a favor de Google que en la mayoría de los casos ese derecho debería aplicarse solo dentro de la Unión Europea.

En ese caso, el regulador de privacidad de Francia había tratado de extender el derecho más allá de las fronteras de la Unión Europea, una posición a la que se oponen los medios de comunicación, los defensores de la libertad de expresión y las empresas tecnológicas.

El tribunal reconoció que otros países no reconocen el derecho al olvido, y agregó que la protección de datos personales no es un derecho absoluto y debe equilibrarse con otras libertades.