Hay partidos que se definen en el último minuto y ese podría ser el caso de la licitación de la Hidrovía, la ruta comercial más importante del país. La sorpresa llegó luego de que la Procuraduría de Investigación Administrativa (PIA) emitiera un dictamen este martes, pocas horas antes de la apertura de sobres con las ofertas de las empresas competidoras, que advierte que el pliego redactado por el Gobierno presenta «serias y evidentes irregularidades». Este episodio es solo una pequeña parte de una historia de guerra empresarial con el condimento de un duelo político entre el Gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri.

Qué es la Hidrovía

La Hidrovía, como se conoce popularmente a la Vía Navegable Troncal (VTN) es una suerte de autopista fluvial comprendida por los ríos Paraná y Paraguay que pasa por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa y llega hasta Brasil, Bolivia y Paraguay. Por allí circula el 80% de las exportaciones agropecuarias del país, que rondan los US$ 65.000 millones anuales.

Dado que originalmente la profundidad del río no es suficiente para permitir el paso de los buques y sus pesadas cargas, el Estado argentino delega desde 1995 las tareas de dragado (profundización) y balizamiento (señalización) del canal en una empresa privada que cobra un peaje a los barcos a cambio de sus servicios en función de las toneladas de carga registrada neta. 

Que la concesión llegue a buen puerto es de máximo interés para los productores locales, ya que una Hidrovía más profunda permite que los buques puedan trasladar más carga al menor precio posible, reduciendo así los valores para toda la cadena productiva.

Antecedentes

La primera y única hasta el momento concesión de la Hidrovía se licitó en 1995, durante el Gobierno de Carlos Menem, a la empresa Compañía Sudamericana de Dragados, filial local de la multinacional de origen belga Jan de Nul, junto a la firma local Emepa. El plazo, en un inicio de 10 años, fue extendido varias veces hasta el 2021, cuando la concesión expiró y no logró ser renovada por la gestión de Alberto Fernández, que enfrentó acusaciones de un presunto direccionamiento para que Jan de Nul continuara con el contrato.

Frustrada la licitación, la Administración General de Puertos (AGP) del Gobierno del Frente de Todos se hizo cargo de cobrar los peajes y continuó la contratación de las compañías vigentes para sostener las tareas de mantenimiento esenciales hasta que se presentara una nueva licitación.

En ese marco, tras llegar a la Casa Rosada, la gestión libertaria pospuso el llamado a licitación hasta noviembre de 2024, cuando publicó los pliegos – las condiciones y requisitos que deben presentar las empresas interesadas para competir- con fecha de apertura de ofertas programada para el 29 de enero, que luego se porrogaría a este miércoles 12 de febrero.

De acuerdo a la propuesta del Gobierno, se estima que la compañía que se quede con la concesión percibiría unos US$ 15.400 millones durante los próximos 30 años en materia de peajes.  Por ese motivo, actores internacionales se metieron de lleno en la competencia, entre ellos las belgas Jan de Nul y DEME, la danesa Rohde Nielsen, las neerlandesas Boskalis y Van Oord, la brasileña DTA Engenharia y la china Shanghai Dredging Company.

Una licitación marcada por la polémica

Inmediatamente después de que se conocieran las condiciones de los pliegos, diputados de la Coalición Cívica denunciaron la licitación ante la PIA advirtiendo un posible direccionamiento en favor de la actual concesionaria, Jan de Nul. Esa denuncia fue seguida por otras presentaciones propias de compañías interesadas como DEME, Rhode Nielsen, y DTA, que ratificaron las quejas por un supuesto pliego hecho a medida para beneficiar al gigante belga.

El pedido de cautelar de DEME para frenar la licitación fue rechazado en la Justicia a mediados de enero tras rechazar que hubiera pruebas de direccionamiento. Con esos mismos argumentos, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) rechazó este lunes los planteos de la compañía y defendió la transparencia del proceso.

En paralelo, la compañía china Shanghai Dredging reclamó que se eliminara el artículo 16 del pliego que impedía a presentarse a toda empresa controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, como lo son todas las compañías del gigante asiático.

En sintonía con ese pedido, un grupo de senadores radicales le envió una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidiendo revisar puntos del pliego para contemplar medidas que "favorezcan la transparencia" y habilitar a participar a «empresas controladas por Estados soberanos».

Además, entidades productivas como la Cámara de la Industria Aceitera y Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) y la Cámara de Puertos Privados, que enviaron una nota al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, para pedir extender los plazos del periodo de elaboración de ofertas.  Hicieron lo propio el Consejo Porturario Argentino, la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argentina, con notas o manifestaciones similares hacia el Gobierno.

Por parte del PRO, el think tank del partido, la Fundación Pensar, publicó un informe con durísimas críticas que cuestionaba la poca antelación del llamado a licitación (80 días en lugar de los 260 recomendados), señalaba «sobrecostos» en las tarifas de referencia, criticaba la duración de la concesión -que llega a 60 años en caso de prorrogarse- y acusaba «condiciones para ofertar direccionadas». El documento fue reposteado por el exministro de Transporte de Cambiemos Guillermo Dietrich, que manifestó:  «Una pena que hayamos perdido la oportunidad de hacer una licitación competitiva y bajar el costo para el campo».

Acusaciones cruzadas

En los pasillos de la Casa Rosada le aseguraron a MDZ que los señalamientos de los amarillos se deben a que «la Hidrovía fue uno de los temas que Macri le pidió a Milei y él le dijo que no». En ese sentido, de acuerdo a un alto funcionario del Gobierno, el expresidente hace todo lo posible para que la licitación caiga en manos de la empresa neerlandesa Boskalis Dredging International, que tiene a la reina Máxima Zorreguieta como principal accionista. Esta versión también llegó a este diario por parte de fuentes de la industria de dragado.

En diálogo con este medio, fuentes del PRO desestimaron las acusaciones e hicieron hincapié en las numerosas denuncias y pedidos de compañías y organizaciones sectoriales para modificar el pliego. «¿Puede ser creíble que nosotros activemos a todos ellos? Seríamos los reyes de la influencia política», ironizaron.

Sin embargo, desde el Ejecutivo remarcaron a este sitio que el pliego, «muy exigente a nivel técnico», se hizo «de acuerdo a las necesidades del país» y reconocieron que Jan de Lun, la compañía que trabaja sobre la Hidrovía hace 30 años, «tiene ventaja» por su mayor experiencia, conocimiento e infraestructura, pero niegan que esto sea un direccionamiento, sino simplemente algo lógico: «Es la compañía de dragados más grande del mundo».

«El lobby que están haciendo desde una de las compañías es para que nosotros modifiquemos las condiciones del pliego para que Jan de Lun pierda. Eso es ilegal», enfatizó la fuente, y agregó: «Básicamente dicen, che, acomodame el pliego porque este es más rápido que yo". Además, el funcionario sostuvo que «no sabe ni le importa quién se va a presentar en tanto cumplan los requerimientos".

A su vez, en Rosada advirtieron sobre los intereses de China, que salió a jugar fuerte para «condicionar a la política». «Vuelan valijas», aseguró el funcionario consultado por MDZ en referencia al grupo de senadores de la Unión Cívica Radical que reclamó por la inclusión de la compañía del gigante asiático Shanghai Dredging Company en la lucha por la licitación. Sobre ese punto, en el Gobierno son tajantes: «No debería haber un país controlando la principal vía de navegación de la Argentina".

A las acusaciones cruzadas por el lobby empresarial, se sumó una versión comentada a este diario por una fuente del sector de la industria de dragado que plantea que el asesor presidencial Santiago Caputo, habría designado a Rodrigo Lugones, su socio en la consultora Move Group e hijo del ministro de Salud, Mario Lugones, para supervisar desde las sombras los temas vinculados al área de Puertos y Vías Navegables, como por ejemplo, la Hidrovía.

Según la fuente, asistirían a Lugones en su tarea los hermanos Juan y Paddy Neuss, amigos del 'Mago del Kremlin' desde su infancia, cuando los tres vivían en el country Martindale de Pilar. Los hermanos son herederos de un heterogéneo conglomerado de empresas con fuerte presencia en el campo de las telecomunicaciones, el rubro inmobiliario, las apuestas financieras y la energía. «Son una empresa muy grande que tiene negocios por todos lados, creemos que pueden haber intereses por ese lado», manifestaron a este medio.

La resolución de la PIA

En medio de esa marea de especulaciones, la Procuraduría de Investigación Administrativa, organismo especializado dentro del Ministerio Público Fiscal encargado de investigar y denunciar irregularidades en la administración pública, publicó en la tarde del martes un dictamen de 70 páginas donde advierte que «del estudio del expediente administrativo surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos del procedimiento».

El dictamen no es vinculante, es decir, el Gobierno no está obligado a frenar la licitación, sin embargo, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar fiscal de la PIA Esteban Luis Venditti advirtieron en su texto que las irregularidades «conducirán inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales». Una advertencia no menor.

«En virtud de todo lo expuesto, correspondería que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación adecúe los plexos licitatorios a las observaciones efectuadas a fin de que el Estado Nacional contrate en consonancia con los principios que deben regir todos los procedimientos de selección a cargo de un órgano, u organismo, que tenga a su cargo el ejercicio de la función administrativa para la consecución del bien común», concluye el dictamen del organismo, que además informa que la Procuraduría hará «presentaciones similares en otras dependencias involucradas en esta licitación».

Mientras tanto, el destino de la Hidrovía sigue su curso. Al momento de publicarse esta nota, desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación le aseguraron a MDZ que la licitación continuará con el cronograma fijado independientemente del dictamen de la PIA, por lo que este miércoles a las 13 se realizará como estaba previsto la apertura de sobres. 

Fuente: Mdzol – Nicolás Palermo