Un hombre que violó la cuarentena en Entre Ríos para ir a un casamiento, del que era testigo de civil, acordó con la Justicia la entrega de $100 mil que serán destinados a un hospital público. Se trata del mismo hospital en el que a mediados de marzo fue atendido para ser sometido a un test de coronavirus cuando se detectó que había violado el aislamiento.

Lautaro López Meyer, de 43 años, vive en Andorra -un principado ubicado entre Francia y España- y a principios de marzo había ido a Concepción del Uruguay, la ciudad en la que nació, para el casamiento de un amigo. La defensa de López Meyer y la fiscal federal Josefina Minatta llegaron a un acuerdo para suspender la causa y que haga una probation con el pago de $100 mil al hospital público Justo José de Urquiza de la ciudad, informaron a Infobae fuentes judiciales.

López Meyer llegó al país el 8 de marzo pasado. Pasó por los aeropuertos de Madrid y Roma y cuando arribó le tomaron la fiebre, le pidieron un teléfono para seguir su caso y las autoridades le requirieron que si tenía síntomas se pusiera en contacto. Había venido al país porque en su ciudad natal se casaba un amigo e iba a tener un papel importante: era testigo del civil.

Cuatro días después, el gobierno de Alberto Fernández emitió el decreto por el cual dispuso que quienes llegaban del exterior debían cumplir con una cuarentena por 14 días. Si bien Andorra no formaba parte de los países de riesgo incluidos en el decreto, sí lo estaban España e Italia, por cuyos aeropuertos había pasado López Meyer. Al día siguiente del decreto era el casamiento, y fue. El hecho se conoció y comenzó a circular por redes sociales. También empezó a recibir críticas.

El 17 de marzo fue detenido en su domicilio por la Policía Federal, que activó el protocolo de salud. López Meyer fue llevado al Hospital Urquiza, en el que se le hizo el test de COVID-19 que dio negativo. Luego la Justicia dispuso que hiciera la cuarentena en su casa y se le inició una causa penal por violar el artículo 205 del Código Penal que castiga con seis meses a dos años de prisión a quien «violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
Durante el aislamiento, López Meyer buscó la forma de retornar a Andorra, donde vive desde hace 15 años y es encargado de una cadena de hoteles. Le surgió la posibilidad de tomar un vuelo que salía de Argentina el 8 de abril por 1.400 euros y compró el pasaje.

Pero tenía la causa penal. Su abogado, Félix Pérez, pidió que se habilite la feria judicial y se le tome indagatoria, lo que ocurrió el 7 de abril. La defensa pidió la eximición de prisión para que pueda viajar y la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país y el pago de una caución de $200 mil. El juez Pablo Sero anunció que iba a resolver al día siguiente, pero era cuando López Meyer debía viajar.

«Salía a las 13:30 horas y no iba a llegar a tomar el vuelo. Así que acordamos una salida alternativa con la Fiscalía como consecuencia del viaje de regreso que necesitaba por cuestiones laborales», le explicó Pérez a Infobae.

La propuesta de la Fiscalía fue suspender la causa por un año a cambio de que López Meyer cumpla ciertas reglas. La más importante es que entregue $100 mil al Hospital Urquiza para reparar el daño por el expediente penal. «Ese ofrecimiento resulta de gran utilidad para la institución médica a fin de hacer frente a la grave pandemia de COVID19 que constituye en el país la emergencia sanitaria», explica el acuerdo de las partes.

«Esto se rubrica en la emergencia que López Meyer debía viajar a día siguiente. Además, una probation no es un antecedente penal por lo que así no le queda un antecedente. Pero entiendo que desde el punto de vista técnico jurídico se puede solicitar la probation sin necesidad de un acuerdo con la Fiscalía porque es un delito con un máximo de dos años de prisión», explicó el abogado.