Los economistas Ariel Barraud y Florencia Maldonado, del equipo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que dirige Nadin Argañaráz, elaboró esta semana un informe acerca del costo fiscal que tendría para cada distrito provincial hacer frente a un bono navideño de 3000 pesos para una de los empleados públicos. Según este trabajo, serían necesarios unos 6.361 millones de pesos para poder cubrir la necesidad de los 2.120.179 empleados de todo el país. En tanto que si se toma sólo la provincia de Entre Ríos habría que ir pensando en 229 millones de pesos, para un total de 16.184 empleados públicos que posee nuestra provincia.

En términos proporcionales, el 24,2 % que recibirá Entre Ríos en concepto de Fondo Federal Solidario (Fondo de la soja) y el 0,9 % de la Coparticipación Federal de Impuestos. En total, todas las provincias, requerirán un esfuerzo de cada argentino de 150 pesos en una "vaquita", alcanzando a un total del 1,1 % de la coparticipación nacional.

Alternativas

El trabajo, textualmente, o asegura que el avance inflacionario evidenciado durante el último año dejó como resultado un retraso relativo en el incremento de los salarios en muchos sectores de la economía.

Frente a los reclamos que genera esta situación, los gobiernos provinciales buscan alternativas para aplicar un paliativo que recupere el poder adquisitivo de sus empleados en la última etapa del año. La discusión de las últimas semanas está centrada en el ofrecimiento de un bono de fin de año que podría rondar los $ 3.000 en promedio, si bien su monto sería variable entre provincias.

En este contexto resulta interesante tener una medida del costo fiscal de llevar a cabo esta política, y qué significa este valor en término de algunos ingresos habituales que reciben las provincias, como la Coparticipación y el Fondo Federal Solidario.
Para estimar el costo fiscal se utilizó el último dato oficial disponible y comparable del número de empleados públicos provinciales, correspondiente al año 2014. Se supone que la cantidad de empleados no ha disminuido en el tiempo transcurrido hasta la actualidad, por lo que la estimación sería, en todo caso, un "piso" de costo fiscal.

El cálculo directo arroja un valor de 6.361 millones de pesos para el consolidado provincial. Como es lógico, la provincia con mayor costo fiscal sería Buenos Aires, al tener un mayor número total de trabajadores en el sector público provincial, con un costo de $ 1.939 millones.

Al estimar el monto acumulado a diciembre de 2016 de la Coparticipación Federal de Impuestos y del Fondo Federal Solidario (FFS), se procede relativizar el costo fiscal de entregar un bono a cada empleado público de las provincias. En un extremo, la jurisdicción que tendría el mayor costo fiscal en relación a los ingresos mencionados es CABA. La erogación necesaria para otorgar un bono representa el 2,1% de la coparticipación y superaría en un 22,2% al monto que recibirá en concepto de FFS durante el año 2016. En el otro extremo, la provincia de San Luis tiene el menor costo fiscal relativo, dado que la erogación necesaria representaría el 16% del fondo sojero y solamente el 0,5% de la Coparticipación. En conjunto las provincias enfrentarían un costo fiscal equivalente al 31,7% del fondo sojero, o alternativamente al 1,1% de los envíos totales por coparticipación de 2016.

Costo por habitante

La misma información puede ser evaluada desde un ángulo alternativo, tomando la cifra en pesos por habitante que representaría para cada provincia el pago de un monto extraordinario como el mencionado bono. En promedio, el hacer frente a este gasto adicional haría que los fiscos provinciales impongan a cada uno de sus habitantes un costo de $ 150 pesos extra a lo actual, ya sea por la vía de mayores tributos o menores prestaciones a través de reemplazo de otros gastos. Puesto que la situación del empleo público no es la misma en todas las jurisdicciones, no será el mismo el esfuerzo que tendría que hacer, por ejemplo, el cordobés promedio, cuyo estado provincial tiene una de las tasas de empleo público más bajas en comparación con el resto de las provincias (34 empleados provinciales cada mil habitantes), quien deberá hacer un esfuerzo extra de $103 para que sus empleados públicos obtengan el adicional; mientras que en el otro extremo, un santacruceño promedio resignará beneficios por $388; ya que en su provincia hay aproximadamente 129 servidores públicos cada mil habitantes.