Casi la mitad de los femicidios cometidos entre enero y febrero del 2021 fueron en la provincia de Buenos Aires, donde se registraron 19 casos, seguida por Córdoba (7) y Santiago del Estero (6), en tanto que el 29 por ciento de mujeres víctimas de ese delito había denunciado a su agresor con anterioridad, según el Observatorio Nacional MuMaLá.

El Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, Lesbicidios y otras muertes violentas de esa organización contabilizó en total en los dos primeros meses del año 47 femicidios, lo que arroja un promedio de uno cada 30 horas, que derivaron en que 55 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.

De ese total, 39 fueron femicidios directos, tres vinculados de niños/varones, otros tres por de niños/varones por interposición en el hecho violento y dos vinculados de niñas/mujeres.

Además, el 17 por ciento de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad (policías, militares, servicio penitenciario, ya sean activos o retirados), y en el 37 de los ataques se emplearon armas de fuego.

Según MuMaLá, en la provincia de Buenos Aires hubo 19 femicidios, de los cuales 15 resultaron ser "directos", en Córdoba hubo siete casos y en Santiago del Estero, seis, de los cuales dos fueron "vinculados".

La lista continua con Tucumán, donde se registraron tres casos (dos directos y uno vinculado) y Salta, Neuquén, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires con dos femicidios directos.

Por último, en Formosa, Jujuy y Mendoza hubo un femicidio directo y en Misiones un caso de femicidio vinculado de niño/varón.

El Observatorio determinó que el 29 por ciento de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor previamente, que el 19 por ciento contaba con una orden de restricción de contacto o perimetral y que cuatro por ciento tenía un botón antipánico.

Ejemplo de ellos fueron los casos de Úrsula Bahillo, en la ciudad bonaerense de Rojas, de Ivana Módica en Córdoba y de Guadalupe Curual en Villa La Angostura, Neuquén, quienes tuvieron como rasgo común haber pedido ayuda previa a las autoridades, aunque no fueron escuchadas y terminaron siendo asesinadas.

El relevamiento del Observatorio indica que el 64 por ciento de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas, el 15 por hombres conocidos de la víctima, el ocho por hombres familiares indirectos y el siete por hombres familiares directos, mientras que en el seis por ciento de los casos se desconoce el vínculo.

Respecto a la modalidad del asesinato, el 40 por ciento de las mujeres fueron atacadas con arma blanca, el 23 por ciento con arma de fuego, el 15 a golpes, el ocho fueron quemadas y otro ocho fueron asfixiadas.

De acuerdo a estas estadísticas, el domicilio sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres, ya que el 70 por ciento de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, el 13 fueron en la vía pública y el cuatro por ciento en el trabajo de la víctima.

Otros datos surgidos del trabajo de MuMaLá son que, en lo que va del año, en el 19 por ciento de los casos el femicida asesinó a una tercera persona, ya sea porque quedó en el medio del hecho violento (femicidio vinculado por interposición) o para ocasionar un daño irreparable y culpa a estas mujeres (femicidio vinculado).

Entre el 1 de enero al 28 de febrero del 2021, la organización agregó al listado -a partir de lo publicado en medios gráficos y digitales y portales especializados- que existieron tres suicidios femicidas, es decir mujeres que se suicidaron por motivos de violencia de género.

En tanto, el 15 por ciento de los femicidas se suicidó y el 8 lo intentó, mientras que el 10 por ciento de los asesinos tenía antecedentes penales por violencia de género previos.

Finalmente, el informe detalla que el 17 por ciento de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad.

El año pasado, un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre violencia policial reveló que al menos 48 mujeres fueron víctimas de femicidios entre 2010 y agosto de 2020 en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras ser atacadas por sus parejas o exparejas miembros de fuerzas de seguridad.