El Gobierno ampliará el poder de compra de unas 6 millones de personas de sectores vulnerables como medida de protección contra la disparada inflacionaria. Lo hará a través de la suba del reintegro mensual que obtienen los jubilados que cobran el haber mínimo y los beneficiarios de planes sociales en sus consumos con tarjetas de débito. En la actualidad ese valor tiene un tope máximo por mes de 1.200 pesos que puede hasta duplicarse si en el grupo familiar hay dos o más beneficiarios. Además se prevé la definición de una canasta básica de medio centenar de productos de primerísima necesidad cuyos precios se intentará congelar, de manera uniforme, en todo el país y durante un período de al menos tres meses.

Serán las medidas principales que espera anunciar esta semana el Gabinete económico en la ronda de reuniones que planea con empresarios y sindicalistas. La iniciativa cobró fuerza el jueves pasado durante una reunión que mantuvieron en el Ministerio de Economía el jefe de esa cartera, Martín Guzmán, junto a sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, con una delegación de la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA). En el nuevo encuentro, pautado por ahora para mañana, se buscará sumar a otras patronales como las cámaras de Comercio (CAC) y Construcción (Camarco) y entidades del agro.

La charla nocturna del jueves pasado, fuera de agenda, fue el escenario para la firma de un punteo de propósitos comunes orientados a la lucha contra la inflación y para apuntar al sostén del poder adquisitivo en medio de la escalada de precios. Y tuvo como antecedentes una visita el lunes de Alberto Fernández al gremio de Sanidad para retomar contacto con la CGT y la UIA, y al día siguiente una convocatoria al Consejo Económico y Social por parte del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que terminó enfocada en una alusión del funcionario a la regulación de los contenidos de internet.

Con miras a encaminar el diálogo y a definir medidas puntuales el Gabinete económico se enfocó en el poder adquisitivo de los jubilados y los perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE) y la tarjeta Alimentar, en principio. Se calcula que entre esos segmentos la suba de los reintegros para las compras por débito automático podrá alcanzar a unas seis millones de personas. En enero se extendió hasta mitad de año la vigencia de los reintegros que rigen en la actualidad, de $ 1.200 mensuales por beneficiario y de hasta 2.400 para los que cuentan con dos o más hijos cubiertos por la AUH. La medida alcanza a compras realizadas en comercios de proximidad y grandes establecimientos como también a kioscos, almacenes y farmacias. Para concretarse el reintegro el local debe contar con posnet.

En paralelo los participantes del encuentro en Economía acordaron sondear el establecimiento de una canasta de alimentos y productos de higiene con entre 50 y 60 productos de primera necesidad al que se intentará fijar el precio en todo el país por un trimestre. La medida en estudio demandará no sólo del compromiso firmado de parte de los empresarios de los rubros involucrados sino de la CGT como entidad difusora y monitora del acuerdo.

Funcionarios y dirigentes coincidieron en la necesidad de acotar el rango de los productos alcanzados a ese medio centenar para intentar el cumplimiento efectivo de la medida. Es, indirectamente, una forma de exponer el favoritismo de los convocados por el equipo económico en desmedro de la labor del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a quien sindican cercano a las posiciones de Cristina de Kirchner. En las reuniones participaron dos de los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, y estuvo ausente, por decisión propia, Pablo Moyano, el tercero, quien en cambio se mostró junto a Máximo Kirchner.

Fuente: Ámbito