El gobierno nacional ultima detalles del descongelamiento de los servicios públicos que intentará poner en marcha en 2021 para adecuar las tarifas a sus costos.

El secretario de Energía, Darío Martínez, ya sostuvo que el objetivo es «encontrar a esa persona que la está pasando muy mal y ahí ir a asistir con el subsidio».

«De nada nos serviría intentar cobrar una tarifa a alguien que no la puede pagar. Por eso, el IFE, las herramientas de Desarrollo Social, de ANSES y toda la información que tiene el Gobierno nos va a permitir hacer mucho más eficiente el subsidio», dijo Martínez a Ámbito Financiero

A poco de que venza la Ley de Solidaridad sancionada el diciembre pasado y que congeló las tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía ya tiene casi lista su propuesta de «reestructuración tarifaria».

El objetivo de Martínez es comunicar una suba discriminada, donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de las familias.

Esto es, habrá una parte importante de la población que no sufriría ningún tipo de aumento en el valor de la luz y el gas al menos durante el próximo año, y esa suba la absorbería el Estado con subsidios a las empresas.

El Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza no sufra cambios en las boletas, tras la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.

En tanto, el 45% que forma parte de la «clase media», según cálculos del Gobierno, tendría que afrontar un aumento similar al de la inflación general de precios, calculada para 2021 en el Presupuesto de un 29%, pero que para las consultoras será del 48%.

En tanto, el 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario. De esta forma, se busca minimizar el impacto de las eventuales subas en los sectores de menores recursos.

«Es necesario adecuar las tarifas de los sectores públicos porque si no hay inversión, se generan cortes energéticos por una menor energía disponible», resaltan desde el gabinete económico de la administración de Alberto Fernández.

Para las distribuidoras energéticas, la luz y el gas deberían ajustarse en torno al 70% y 80% tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios.

La intención de la cartera que conduce Martínez es tener resuelto para el primer bimestre de 2021 la reestructuración de los precios. Para poder llegar a los hogares que serían excluidos del aumento, se utilizarán distintas herramientas tecnológicas para cruzar datos, como por ejemplo los beneficiarios del Ingreso familiar de Emergencia (IFE) que paga Anses.