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Desarrollo Social

Promueven iniciativas de inclusión para personas con discapacidad

El Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) informó que la Agencia Nacional de Discapacidad dio a conocer detalles de los programas enmarcados en la línea de financiamiento conocida como Ley de Cheques, que promueve iniciativas de inclusión para personas con discapacidad en diferentes ámbitos.

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Cabe destacar que las propuestas comprendidas en esta línea de financiamiento nacional son instrumentadas en Entre Ríos por el Iprodi, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que asesora, acompaña y finalmente presenta los proyectos que luego son evaluados por las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hay tiempo hasta el 15 de marzo de 2019 para la presentación de los proyectos, con excepción de aquellas iniciativas y solicitudes que formen parte del Programa de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad, que se encuentra abierto todo el año.

El Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad evaluará los proyectos que se presenten teniendo en cuenta cada uno de los puntos señalados y, en caso de considerarlo necesario, solicitará información adicional.

Los programas

1) Programa de Bancos Descentralizados de Ayudas Técnicas: Esta herramienta tiene como finalidad reforzar la disponibilidad de productos de apoyo en organismos de gobierno (provinciales y municipales) del país a través de la creación o ampliación de Bancos Descentralizados de Ayudas Técnicas. Se busca generar la existencia a nivel local y provincial de productos de apoyo estándar, para ser entregados en comodato a personas con discapacidad.

2) Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas: Esta línea de acción promueve el apoyo económico a unidades productivas conformadas o que incluyan personas con discapacidad, buscando fortalecer estas unidades de negocios para mejorar su inclusión en el mercado comercial formal, permitiendo potenciar la inclusión, autonomía y equiparación de las oportunidades de las personas con discapacidad en el trabajo. Se entienden estas unidades productivas en el marco de la Economía Social, es decir, emprendimientos productivos sustentables, cuyo plantel incluya al menos el 60 por ciento de personas con discapacidad, permitiéndoles mejorar significativamente su calidad de vida, a partir de un trabajo digno y reconocido.

3) Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional: La iniciativa promueve el mejoramiento de la infraestructura de aquellas instituciones destinadas al apoyo y promoción de las personas con discapacidad.

4) Programa de Fortalecimiento de Redes de Rehabilitación: La propuesta busca fortalecer el sistema público de salud promoviendo en sus hospitales la generación de servicios de rehabilitación de Nivel II de Atención, resolución N°47/2001, integrados a la red de atención en rehabilitación planificada por la provincia.

5) Programa de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad: El programa busca favorecer el acceso a los productos de apoyo utilizados por o para las personas con discapacidad a fin facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar la autonomía personal y la calidad de vida. Se consideran "productos de apoyo" a todos aquellos dispositivos, equipos, instrumentos o software disponibles en el mercado que son utilizados por o para personas con discapacidad.

Sobre la Ley de Cheques

El programa conocido como Ley de Cheques es una línea de financiamiento nacional para la inclusión de personas con discapacidad, que en la provincia es instrumentado por el Iprodi a través de la difusión, el acompañamiento y la ayuda técnica a los interesados. La iniciativa surge tras la aprobación de la Ley Nº 25.730, que establece sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales. Los fondos obtenidos por la aplicación de esta ley son destinados a la instrumentación de los programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 153/96.

ial de la provincia.
Los interesados en acceder a este programa deben tener en cuenta que las inscripciones se realizan por convocatoria en los lugares definidos oportunamente según la localidad en que se realice. El inicio del trámite es personal y gratuito, siendo el único requisito, además de encuadrar en el grupo social al que va destinado, presentar la documentación personal identificatoria.

Otros programas destinados a jóvenes

En el Ministerio de Desarrollo Social se llevan adelante otros programas destinados a los jóvenes. Ellos son Impulsate, de capacitaciones laborales; Crédito Joven, de financiamiento a profesionales; Cargando Futuro, de orientación vocacional y guía de carreras; y Cuidadores de la Casa Común, de inserción socio-laboral.

Asimismo, se desarrolla el programa Jóvenes Emprendedores, que financia proyectos productivos y de servicio. Además desde la Secretaría de la Juventud se implementa la tarjeta Joven Entrerriano, que tiene beneficios y descuentos en la provincia y en Buenos Aires.

Cabe señalar también que en materia deportiva se acompaña a jóvenes atletas de toda la provincia a través de diferentes propuestas.

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Desarrollo Social

Aumentaron las asignaciones familiares: a quiénes alcanza

La Anses definió un nuevo ajuste en los montos de las Asignaciones Familiares, con un incremento del 3,47% a partir de noviembre de 2024. La medida, que afecta tanto a trabajadores de la actividad pública como privada, fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

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El ajuste también contempla la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, determinantes para acceder a estos beneficios, siguiendo el índice de movilidad dispuesto por la Ley N° 27.160. Esta normativa establece que las asignaciones familiares deben actualizarse de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

El artículo 1° de la Resolución detalla que el aumento se aplicará sobre los límites, rangos y montos ya establecidos en anexos previos, con la excepción de lo estipulado en el inciso e) del artículo 6° de la Ley N° 24.714, que regula las Asignaciones Familiares. Este ajuste impactará sobre las prestaciones para hijos, prenatal, hijos con discapacidad y otras asignaciones previstas en el régimen.

Además, la Resolución especifica que los grupos familiares que perciban ingresos superiores a $1.862.184 en alguna de sus partes no podrán acceder a las Asignaciones Familiares, incluso si el total de ingresos de la unidad familiar no supera el máximo establecido en los anexos de la Resolución. Este límite de ingresos se ajusta de acuerdo con las nuevas actualizaciones, con el objetivo de focalizar las prestaciones en los sectores más necesitados.

El ajuste también incluye a los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, quienes percibirán las asignaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 514/2021. En estos casos, las asignaciones familiares no podrán ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo, una medida destinada a asegurar un piso mínimo de protección social para estos trabajadores.

Por otro lado, la movilidad del 3,47% también afecta a los monotributistas inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Las categorías de contribuyentes se ajustarán en función de los ingresos brutos anuales, conforme lo estipulado en la Ley N° 27.743 y sus normativas complementarias, que establece las escalas para el cobro de las asignaciones familiares.

Este incremento forma parte de las políticas de ajuste mensual de las prestaciones que aplica Anses desde la aprobación del Decreto N° 274/2024, que establece la actualización de los haberes de acuerdo con la variación del IPC. Con este nuevo incremento, el organismo busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

La medida afecta a una amplia gama de beneficiarios, incluidos los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el sector público como privado, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y beneficiarios de las pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Fuente: Mdzol

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