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Provincia

Se penalizará el incumplimiento del decreto que prohíbe las reuniones sociales

En todo el territorio entrerriano está vigente el decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe las reuniones sociales y familiares. Así se destacó luego de la reunión de gabinete que presidió este lunes el gobernador Gustavo Bordet.

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"En todo el territorio de Entre Ríos está vigente el decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe las reuniones sociales y familiares en las provincias que estamos en la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio", afirmó el gobernador Bordet.

«Vamos a garantizar su cumplimiento trabajando junto a las fuerzas de seguridad provinciales, federales y la colaboración de los agentes municipales de cada ciudad".

Luego indicó que "el crecimiento de los casos de coronavirus es de gran preocupación. Por eso, para detener esta curva, necesitamos del compromiso de todos", continuó diciendo el gobernador, al tiempo que indicó que el decreto presidencial establece sanciones penales para las personas que lo incumplan.

Al término del encuentro, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno nacional que lleva el número 641 «es válido para todo el país, no requiere de ningún decreto provincial que lo ratifique y está vigente para todos los municipios y todo el territorio provincial».

«Ese decreto mantiene la situación de distanciamiento para Entre Ríos, es decir que no es que volvamos a la situación de aislamiento, pero se agregan prohibiciones», dijo y mencionó entre ellas «las reuniones sociales y familiares, sobre todo en lugares cerrados». En el DNU indica:
"Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente".

Luego el fiscal indicó que, según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal, «aquel que viole las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de una pandemia, es pasible de pena privativa de la libertad incluso». «De eso se estuvo hablando y de la necesidad de asegurar el cumplimiento de esa prohibición», acotó.

Controles

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, comentó que para un mayor control «vamos a articular principalmente con los municipios. Vamos a trabajar en conjunto con el fin de ejercer un control sobre aquellas reuniones sociales o familiares que se lleven a cabo».

«También vamos a coordinar con el juzgado federal para comunicar cada situación que se detecte», agregó y señaló que las denuncias por reuniones sociales o familiares pueden realizarse al 911 en Paraná o al 101 en el interior de la provincia.

Párrafo seguido, señaló Maslein: «Además vamos a hacer mucho hincapié en pos de lo que se vivió el fin de semana en Paraná. Si bien hubo una flexibilización en esparcimiento, en caminata, se hicieron reuniones en lugares públicos que facilitan el contagio del virus. Por eso vamos a reforzar los controles para que no se concreten este tipo de encuentros».

Señaló que durante el fin de semana en Paraná se vieron principalmente reuniones de adolescentes en espacios públicos y por eso motivo pidió «a los padres que traten de concientizar a sus hijos que deben evitar esos encuentros. Pueden hacer caminatas, disfrutar del esparcimiento, pero con los cuidados que establece la ley. No deben compartir mates o bebidas».

Finalmente, apeló a la responsabilidad individual «para cuidarse uno y sobre todo a aquellos que tienen factores de riesgo».

Provincia

El Gobierno provincial habría resuelto intervenir el Iosper

El gobierno de Rogelio Frigerio avanzará con la decisión de intervenir la obra social de los trabajadores del Estado, Iosper. Este martes al mediodía se extendía una reunión del directorio evaluando las novedades, según publicó Página Política.

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El organismo es conducido por representantes electos por el voto directo de los 300 mil afiliados, en los distintos agrupamientos: docentes, estatales, trabajadores municipales, judiciales y legislativos, personal policial y trabajadores del Instituto.

Las dificultades con las prestaciones y la judicialización prácticamente naturalizada para algunas prestaciones estarían entre los factores preponderantes para la decisión oficial. En los últimos tiempos, se había planteado un cruce entre la conducción de la obra social y el Colegio de la Abogacía por los costos en honorarios derivados de esta situación.

La palabra, ahora, la tendrán las organizaciones gremiales de los afiliados que por el momento se han llamado a silencio a la espera de novedades que confirmen la decisión oficial.

Cuello de botella

Desde 1998, la obra social estaba en control de sus afiliados. Fue en ese momento que el gobierno provincial, entonces a cargo de Jorge Busti, avanzó con la restitución del Iosper a sus aportantes. Asumía entonces un directorio cuya presidenta fue la representante de los estatales, Silvina Degano.

Con el tiempo se han ido profundizando las dificultades presupuestarias para la obra social: salarios a la baja y prestaciones cada vez más caras. Pero además, el dato saliente es que la institución tiene, de todas las obras sociales provinciales, el aporte más bajo: el 3% aporta el afiliado y el 4,5% el Estado provincial como patronal.

Ese porcentaje, el que hace la patronal, fue retaceado a lo largo de 25 años en el caso del aporte por los jubilados. La Ley de Emergencia, promediando la década de los 90, lo redujo en dos puntos, cláusula de la norma que siguió vigente luego de derogada la ley.

A lo largo de cuatro años, en tiempos de la gestión de Gustavo Bordet fue restituida esa contribución patronal de a medio punto por año. Aun así, el Iosper ocupa el último lugar en la recepción de recursos en el listado de instituciones de su tipo.

Fuente: Página Política

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