No dejó de sorprender el nombre. Salum era hasta febrero de 2015 el fiscal que trabajó en la causa que investigó a Danilo Sambuelli, el ex militar juzgado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como jefe de la represión ilegal en la ciudad de Reconquista durante la última dictadura militar. Tiene experiencia en causas de lesa humanidad, consiguió la primera condena en Santa Fe por un caso de apropiación de bebés y también tuvo a su cargo casos complejos de narcotráfico con participación de policías.

La historia se disparó el viernes después que el jefe de la Casa Gris santafesina anunció que tras reunirse con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se acordó «reforzar la estructura de fiscales federales, al menos uno más en Rosario que esté abocado a la lucha contra el narcotráfico». También que se había consensuado con la jefa de los fiscales federales la instalación en Rosario de una delegación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Tal vez la causa que mejor se adapte el perfil que se busca para un nuevo fiscal federal es la que protagonizó el propio Salum. Corría la primera semana de mayo de 2013 cuando fue «escrachado» por un grupo de familiares de policías detenidos, acusados de torturar a dos detenidos por vender drogas. Durante la protesta -sostenida por el sindicato policial Apropol- los manifestantes aseguraron tener una grabación donde dos narcos decían dejar la mitad de lo recaudado. Sin embargo el registro era de 2008 cuando el fiscal era Cristóbal Cavanagh, curiosamente el abogado de dos jefes policiales presos por este caso.

Salum recibió el respaldo de sus superiores. «Luego de una instrucción rápida y efectiva del fiscal federal de Reconquista y del apoyo que brindó la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Abel Córdoba, el juez federal Aldo Alurralde, ordenó la detención de cuatro policías santafesinos y convocó a indagatoria a un médico de la fuerza por las torturas aplicadas a dos detenidos, que derivaron en lesiones graves», señala el comunicado de la Procuración.

Las detenciones provocaron que familiares de cuatro policías marcharan hacia la Fiscalía Federal de Reconquista para pedir por la liberación de los funcionarios, acusados de golpear y torturar a dos presos en el norte santafesino.

Los policías detenidos eran: Daniel Musante (Jefe de Inteligencia Drogas Peligrosas Zona Norte), Sergio Senn (Jefe de la Brigada Operativa Departamental IX), Luciano Martínez (Oficial) y Germán Arce (Oficial). Mientras que los apresados por vender drogas eran Luis Ramírez y Gustavo Cernadas, ambos detenidos en Resistencia, que corresponde por jurisdicción federal.

El 25 de marzo de 2013, en el marco de una investigación por venta de estupefacientes en Reconquista, fueron apresados en la calle Cernadas y Ramírez por personal de la Brigada Operativa Departamental (BOD). Luego de ser reducidos y golpeados en el lugar fueron encapuchados con sus propias remeras y llevados a la comisaría 1ª. En ese lugar fueron revisados por un médico policial que determinó que tenían lesiones «leves», aunque tanto Cernadas como Ramírez aseguraron que no se los revisó, que solamente «los miró», razón por la que no se dejaron constancia de las lesiones reales. Los detenidos fueron llevados al día siguiente al Juzgado Federal donde se ordenó que otro médico policial los revisara: allí se detectaron lesiones graves. Cernadas presentaba fractura en la base orbital derecha, fractura en tabique nasal, fuertes golpes en la frente y heridas cortantes en cuero cabelludo y 13 hematomas circulares en la espalda (provocados posiblemente por los golpes de una Itaka). Mientras que el otro preso tenía una fractura en el maxilar inferior lado derecho, fracturas en dos costillas del lado izquierdo, heridas contuso cortantes en cuero cabelludo y hematomas en otras partes del cuerpo.