"No me podía ir de su alcance. No me levantaba ni me iba a dormir sin que él me lo dijera". Con esa frase, la mujer que pasó 20 años sometida a una situación de cautiverio por su pareja en una casa de barrio Cura de Rosario describió ante la Justicia la situación que atravesó a lo largo de los años bajo la amenaza no sólo de la violencia física, sino de que algo le sucediera a su hijo. 

La ampliación de su testimonio en las últimas semanas permitió la detención de R. R., el padre del agresor por ser partícipe necesario, pero además readecuar la imputación contra O.R, su ex pareja, por "privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal con reducción a la servidumbre en calidad de autor en grado consumado".

"Eso significa que la víctima estaba sometida de tal manera que su ámbito de determinación era nulo", explicaron fuentes de la causa, y señalaron que con eso también se modifica la pena correspondiente, ya que la condena prevista es ahora de 5 a 15 años de prisión.

Tras una primera audiencia imputativa, la fiscal de la Oficina de Violencia de Género, Luciana Vallarella, avanzó con los testimonios de los familiares de la víctima con quien se había puesto en contacto tras la fuga y el propio hijo de la mujer una vez que ella retomó el vínculo luego de más de 20 años, además de la afectada. Así, pudo en las últimas detener al padre del hombre como partícipe necesario. 

"No sólo es el titular de la vivienda donde estuvo cautiva, sino que además "sabía lo que sucedía y se beneficiaba con las tareas domésticas de las que ella se encargaba, incluso presenció agresiones y situaciones de violencia en su contra", indicaron.

El avance en las declaraciones permitió modificar la imputación a O.R. de privación ilegítima de la libertad agravada, una figura que prevé una pena de 2 a 6 años de prisión, a privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal con reducción a la servidumbre en calidad de autor en grado consumado, que eleva la pena prevista de 5 a 15 años de prisión.

Como lo hicieron desde el principio, fuentes de la investigación recalcaron "la complejidad y la infrecuencia del caso", y señalaron que ahora la búsqueda pasa por "poder dar cuenta del daño subjetivo que sufrió en todo este tiempo a través de poner en contexto su relato".

Por eso explicaron que "cuando se habla de alguien reducido a servidumbre, es alguien que tiene anulado su ámbito de determinación fundamentalmente por la situación de extremo sometimiento en la que se encuentra". 

La rutina para evitar las amenazas 
En el relato de la mujer, de 43 años, que pasaba apenas los 20 cuando inició su vínculo con O.R., lo que señala a los fiscales es que, tras los primeros años donde hubo más agresiones físicas e incluso llegó a estar atada, ella misma se ajustaba a la rutina planteada por el agresor, dado que de otro modo aparecían las amenaza de los golpes o fundamentalmente de que su hijo iba a sufrir un daño.

Pese a que ella también tenía prohibido ese vínculo, los pesquisas indicaron que su agresor realizaba "una tarea persecutoria para obtener datos del hijo a lo largo de los años, que eran utilizados para amenazarla", y eso redundaba en que ella hiciera lo que él esperaba para evitar ese daño o los castigos corporales.

"No me podía ir de su alcance. Siempre estaba a la vista, en la misma habitación. No me levantaba ni me iba a dormir sin que él me lo dijera", fue parte del relato con el que explicó a la Fiscalía el nivel de sometimiento en el que se encontraba.

Por ahora y hasta el 29 de julio próximo, los imputados permanecerán en prisión preventiva; e incluso desde la causa ya adelantaron que en esa fecha seguramente se pedirá una prórroga hasta tanto se esté en condiciones de presentar la acusación y hacer la solicitud de juicio, publica el diario La Capital.