Carlos Zannini en representación del Estado Nacional se presentó en el marco de la causa que investiga si existió «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» ante el crédito solicitado al organismo Internacional por u$s 44.500 millones, solicitando ser tenido como querellante.

La presentación se dio tras lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández a través del decreto 239 que se publicó el 9 de abril del corriente año en el Boletín Oficial, en el que instruyó al organismo a concretar la querella en representación del Estado.

"Se hace necesario instruir a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN para que asuma el carácter de parte querellante, coadyuvando en el ejercicio de la acción penal pública tendiente a reconstruir la verdad material de los hechos, impulsando la investigación con la mayor premura posible, para individualizar a los presuntos autores y las presuntas autoras y promoviendo oportunamente, si correspondiere, las acciones por los daños y perjuicios emergentes del o de los delitos investigados en el proceso penal, conforme lo previsto en el artículo 15 del Código Procesal Penal."

Asimismo en el decreto se instruyó a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios.

Se trata del expediente abierto tras la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA), el 12 de marzo pasado para que se investiguen conductas reprochables penalmente en las que habría incurrido el ex presidente Mauricio Macri y varios ex funcionarios que durante su gestión estuvieron a cargo del Banco Central y de los ministerios de hacienda y finanzas en relación al proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

Tanto el procurador Carlos Zannini como el subprocurador Horacio Diez, remarcaron en el escrito que «la pretensión estatal de dirigirse en querellante de modo alguno tiene por finalidad impulsar la criminalización de la política económica que desarrolló la gestión gubernamental iniciada el 10 de diciembre de 2015«.

Entienden que el endeudamiento con el FMI "se presentan conductas que, en principio, resultarían reprochables en términos penales». El acuerdo con el FMI "fue celebrado prima facie en violación a normas procedimentales y de asignación de competencias, circunstancia que vicia desde el punto de vista jurídico lo actuado por funcionarios del gobierno argentino intervinientes en la operación».

Fuente: Mdzol