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Ambiente

Piden exceptuar el Delta de la venta de bienes públicos

Integrantes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advirtieron que el proyecto de ley que crea la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper) pone en riesgo los humedales del Delta.

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La iniciativa ahora bajo análisis en la Legislatura, apunta a crear una entidad para gestionar y comercializar las tierras de dominio público, por lo cual expresamente se pide excluir del comercio las propiedades fiscales de islas del Delta del Paraná.

El "sistema de humedales, el más grande de Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley", señala el documento que se remite a la fallida experiencia de la "Ley de Arroz" con la cual la administración de ex gobernador Sergio Urribarri creó una SA para gestionar humedales para el cultivo de transgénicos. Se resaltó que estos territorios están protegidos constitucionalmente y que reviste un aporte ecosistémico de gran valor para toda la comunidad.

"El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo", señala el escrito que suscriben Enzo Culasso Orué y Jorge Oscar Daneri, de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas (AAAA).

En el escrito los activistas consideran que "que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados" de los territorios del Delta expondría una vulneración jurídica Estado, así como "podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas".

En este sentido, resalta "la necesidad de no habilitar su mercantilización, considerando para esto que el Delta, con todos sus bienes públicos, está fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Entre otras referencias, los integrantes también del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija de Paraná, recuerdan que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales protegido por la Constitución de Entre Ríos, al tiempo que en buena parte constituyen áreas naturales protegidas. Y en este marco, señalan que, según datos oficiales, el Estado Provincial "es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales".

La fallida «Ley del Arroz»

En el pedido expresado al Ejecutivo y la Legislatura, los profesionales relacionan la posibilidad de comercialización del Delta a un "experimento que no prosperó por la maravillosa resistencia social". Se trata de la iniciativa con la cual "el ex gobernador Sergio Uribarri, junto con su fiscal de Estado, Julio Rodriquez Signes, ya intentó privatizar todas las tierras públicas en el Delta a través de la efímera y tristemente conocida 'Ley del Arroz'.

La normativa habilitaba la venta de estos territorios e incluía sus puertos en manos de los dueños -o algunos de ellos- de las corporaciones del agronegocio de exportación transgénica. Esa propuesta aspiraba otorgar por 99 años todas las tierras públicas en el Delta a una Sociedad Anónima y, a través de la misma, gestionar permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas. Esta, la Ley 10.092, estuvo en vigencia tan sólo dos meses, de diciembre de 2011 a febrero de 2012, gracias a la respuesta en movilización social que provocó semejante 'negocio'. Esta experiencia constituye quizás uno de los mayores escándalos políticos vividos en la provincia en los últimos años y, seguramente la actual gestión no repetirá semejante equívoco", expresaron.

Territorios de agua

Los integrantes de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas invitan a revalorizar los humedales entrerrianos y abren a debate un documento denominado "Propuesta de Sanación del Delta Argentino".

Al mismo tiempo, reiteran se trata de preservar el "sistema de humedales, el más grande de Argentina", por lo cual "debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano. Y que al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático".

Apelando a considerar esta "unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida", reconociendo la diversidad de procesos culturales de "la Pachamama y el ciclo del agua", reafirman la exhortación a preservar "el sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal", finalizan.

Fuente: ERA Verde

Ambiente

Piden estudios de impacto ambiental sobre el proyecto de planta de hidrógeno en Uruguay

La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó una resolución solicitando una respuesta urgente a los organismos nacionales de la República Oriental del Uruguay, sobre los posibles impactos ambientales derivados de la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en cercanías del río Uruguay (kilómetro 219 aproximada), frente a la región «Tierra de Palmares».

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El proyecto –impulsado por el colonense Mauro Godein con el apoyo de otros legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos- pone énfasis en la necesidad de evaluar los riesgos de contaminación transfronteriza. Entre las preocupaciones principales se encuentran los efectos en el agua, el aire y otros factores como ruido, polución, olores y contaminación visual, especialmente en las localidades de Colón, Liebig y San José.

La resolución también exige que la información recopilada sea compartida con las autoridades nacionales argentinas, incluyendo las secretarías de Ambiente de la Provincia y de la Nación, para ser evaluada conforme al Tratado del Río Uruguay y otras normativas vigentes.

«Si bien se respeta la soberanía del Uruguay, el uso compartido del río y la proximidad física con Entre Ríos hacen necesario un abordaje binacional para garantizar la sostenibilidad ambiental y la protección de la salud y los recursos naturales de la región», expresó Godein.

Finalmente, subrayó: «Aunque se valora la implementación de tecnologías para energías renovables, estas iniciativas deben ser sostenibles, lo cual exige información, evaluación y participación de ambas naciones».

La cámara enfatizó la importancia de preservar el principal capital turístico de Entre Ríos, que podría verse afectado por la instalación de esta planta, e instó a un diálogo bilateral para asegurar la sustentabilidad y el desarrollo armónico en la región.

Fuente: El Entre Ríos

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