Aunque es diputado provincial, en forma ininterrumpida desde 1999, Allende es también titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) desde 1998, donde ha sido reelecto en forma consecutiva.

La representación de un sector de los trabajadores del Estado la tiene porque Allende es también empleado del Estado. Si bien nunca desempeñó funciones, recuerda Daniel Enz en su libro "Rebeldes y Ejecutores", fue nombrado con categoría 10 en la Dirección de Juntas de Gobierno. Había llegado desde Santa Fe -donde supo figurar como asesor de un área de asuntos agrarios- y su incorporación al Estado entrerriano le sirvió para, poco a poco, ir desplazando al también santafesino Ramón Saz de Larrechea, interventor de UPCN hasta principios de 1990.

Su padre, el abogado Pablo Alejandro Macho Allende, siempre fue recordado como el apoderado nacional del denominado Partido para la Democracia Social, que tuvo como máximo líder al almirante Emilio Eduardo Massera, recuerda Enz.

De modo que Allende está dentro de la plantilla del Estado y como tal busca la jubilación.

Pero es un hombre de buen pasar. La revista "Análisis" contó, en 2012, que el legislador es dueño de un haras con caballos pura sangre de competición en Nogoyá;  dos pisos en el centro de Paraná, uno en calle Cervantes otro en 25 de Junio; una quinta en Sauce Montrull; una camioneta 4×4; un caserón sobre la zona más cara de Paraná, en barrancas del Parque Urquiza; un yate que descansa en el Club Náutico.

Siendo legislador, además, benefició de modo irregular a una fundación que presidía su esposa.

Quizá por eso, el trámite de su jubilación no es lo que más lo tiene ocupado, sino su situación en la Justicia, donde tiene dos causas: por enriquecimiento ilícito –su crecimiento patrimonial ha sido llamativamente importante—y negociaciones incompatibles con la función pública, ya que siendo presidente de la Cámara de Diputados benefició a la Fundación Esperanza, una ONG que presidía su esposa, Adriana Satler, actual funcionaria del Ministerio de Salud.

Desde 2011, cuando se abrió la investigación judicial por disposición del procurador general Jorge García, la causa venía desarrollándose con notable morosidad, pero a finales de 2016 tomó un rumbo vertiginoso, y la pesquisa judicial alcanzó a su actual, mujer, Adriana Satler; su exmujer, Diana Traverso y sus hijos Julio, Victoria y Carolina Allende. Todos ellos están también imputados y hoy estarán en el despacho del juez Gustavo Maldonado, que los notificará de la necesidad de que se consigan abogados.

La inclusión de los suyos en la investigación judicial lo llevó a modificar su estrategia judicial.

Eso fue lo que admitió su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende, que este jueves mantuvo un diálogo revelador con el periodista Antonio Tardelli en el programa "En el dos mil también", de FM Litoral.

Rodríguez Allende recordó que la causa lleva seis años de instrucción, y que a finales de 2016 hubo un giro. "Nos sorprendió, a fines de 2016, que en el requerimiento de instrucción fiscal, se haya incluido el llamado a indagatoria no sólo de José Allende, sino también del grupo familiar directo, su exmujer, su actual mujer, y sus tres hijos", señaló.

Así pues, dijo el abogado, "al llamarse a indagatoria al grupo familiar íntimamente allegado al diputado provincial, hace que las estrategias vayan modificándose. Una cosa era hace tres años, otra cosa es el expediente ahora". La familia está complicada en el delito de enriquecimiento ilícito.

En el marco de esa investigación, el legislador provincial está citado a declaración indagatoria para el 23 de este mes. "Allende va a cumplir, no va a resguardarse en sus fueros, y va a hacer el descargo que corresponde", contó su defensor.

En función del rumbo que tome la causa, agregó, "nosotros manejamos varias estrategias. Por ahora, es presentarnos a indagatoria, hacer nuestra defensa material, explicar cada uno de los bienes, que se describen como adquiridos irregularmente. Nosotros hemos hecho presentaciones con declaraciones juradas donde se explica cómo se han adquirido".

Rodríguez Allende no lo dijo expresamente, pero dejó abierta la posibilidad de que haya un "acuerdo" del legislador en la Justicia que le permita "zafar", admitiendo su culpabilidad en uno o más delitos que se le imputan.

"Una de las alternativas puede ser que con el señor José Allende podamos llegar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, y veremos qué acuerdo. Es una posibilidad", aseveró. También dijo que podría ser factible un juicio abreviado.

Pero enseguida aclaró que "por el delito que se imputa, es imposible acordar una pena que no incluya la inhabilitación para ejercer cargos públicos", por lo cual si es declarado culpable, el camino seguro es que tenga que abandonar la "No pierde los fueros como gremialista, no los pierde. Sería, en ese caso, una inhabilitación para ejercer función pública", completó el letrado.

El tiempo dirá cómo termina sus días Allende, y qué de su fortuna vuelve al Estado de comprobarse enriquecimiento ilícito.