Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona creen que el control médico del exfutbolista en el country de Tigre era «totalmente deficiente» y consideraron a la situación como «de un descontrol total y absoluto», por lo que analizarán la prueba incorporada en el expediente para decidir si llaman a indagatoria al médico Leopoldo Luque.

«Tras los primeros cinco días de investigación, por lo que vemos la conducta era absolutamente negligente. Era una internación domiciliaria totalmente deficiente. Era un descontrol total y absoluto», dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.

Agregó que «se está intentando determinar si hubo una mala praxis, una negligencia o impericia médica que podría configurar un homicidio culposo».

La jornada en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, en la calle Acassuso 476, de ese partido del norte del conurbano, comenzó cerca de las 9.10 de ayer con la llegada del neurocirujano Luque junto a uno de sus abogados, Julio Rivas, con intenciones de declarar de manera espontánea.

Sin embargo, dos de los fiscales que manejan la causa, Cosme Iribarren y Laura Capra, le informaron a la defensa que el expediente no estaba en condiciones este lunes para tomarle declaración a su cliente y que, en todo caso, hagan una presentación por escrito.

«Si se acredita a través de los resultados de los informes médicos, de los peritajes solicitados y de las declaraciones de testigos que existió algún tipo de mala praxis, a Luque se lo llamará a una indagatoria», dijo el investigador consultado.

Además, explicó que Luque no es el único profesional médico en la mira, ya que la actuación de la psiquiatra Agustina Cosachov también está siendo evaluada, pese a que el día de la muerte de Maradona, se le tomó declaración como testigo por haber estado presente en la casa.

Una de las abogadas que representa al médico Luque explicó esta mañana que su defendido «no está imputado» y que aún no pudieron «ver el expediente entero».

Más allá de que los abogados y fuentes judiciales aclararon que Luque aún no fue acusado de la comisión de un delito específico, lo cierto es que ayer le notificaron los derechos y garantías que tiene un imputado en un proceso penal (artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal bonaerense) como poner un defensor, que no está obligado a declarar en contra de sí mismo y que puede presentarse a realizar una declaración espontánea.

Incluso, ayer, al ordenar los allanamientos, el juez de Garantías de San Isidro que controla el expediente, Orlando Díaz, la tipificó en forma provisoria como «homicidio culposo», más allá de otra calificación que pueda surgir con el devenir la causa.

Más temprano, en la puerta de la casa del médico, en la localidad bonaerense de Adrogué, donde ayer se hizo uno de los allanamientos, el abogado Rivas explicó que la idea era presentarse a la fiscalía para «ponerse a disposición», hacer una «declaración espontánea» y «contestar todas las preguntas».

Sobre el rol de Luque respecto a la salud del exfutbolista, el letrado aclaró: «Era amigo de Maradona, circunstancialmente era médico y Diego por una cuestión de su amistad, confiaba en él. Los que estaban alrededor de Maradona saben lo que pasó y cuál fue la actividad de Luque: lo operó de una neurocirugía y salió perfecto».

Rivas aclaró que Luque no dirigía ningún equipo médico ni decidió la internación en la casa de Tigre y al respecto comentó: «Maradona era una persona que era consciente de lo que hacía y dejaba de hacer. Podía decidir lo que quería él».

«El corazón de Maradona desde hace 20 años está mal. Están buscando algo porque es Maradona, en otra causa no pasa», añadió el letrado, quien este lunes por la tarde presentó ante la justicia un pedido de eximición de prisión.

En tanto, la Justicia recibió dos presentaciones para tener acceso al expediente como particulares damnificados.

Por un lado, las cuatro hermanas de Diego –Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona- presentaron su petición para acceder a la causa con la representación de los abogados Matías Morla –quien era el actual letrado y representante del «10»- y su socio Yamil Castro Bianchi, pero fue rechazada esta tarde por el juez Díaz, quien consideró que hay otros familiares directos que tienen mayor importancia (como los hijos) para acceder como querellantes.

El otro abogado que se presentó como particular damnificado en nombre de Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona, fue Mario Braudy, actual pareja de Verónica Ojeda, una de las exmujeres del excapitán de la selección campeona del mundo en México 86, pero su pedido aún no fue resuelto.

Braudy afirmó que «la muerte de Diego era evitable», anticipó que va a solicitar que «se investigue hasta las últimas consecuencias» si llegó a haber un «abandono de persona» y responsabilizó de la atención médica a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Tanto Braudy como otro abogado, Rodolfo Baqué, quien representa a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien cuidaba y es testigo en la causa por la muerte del exfutbolista, comentaron que el miércoles previo a su fallecimiento, Maradona tuvo una caída y se golpeó el lado derecho de la cabeza y nadie le hizo ningún control.

En tanto, la Fiscalía General de San Isidro comunicó este lunes por la tarde que se solicitó al juez Díaz que «autorice la apertura y análisis de los dispositivos electrónicos hallados en el domicilio particular y consultorios» de Luque.

Ayer, los fiscales que investigan la causa de la muerte de Maradona realizaron dos allanamientos, uno en la casa que Luque tiene en Adrogué y otro en su consultorio del barrio porteño de Belgrano y le secuestraron celulares, computadores y todo tipo de documentación médica referida a Maradona.

Las tres hijas del exjugador y entrenador, Dalma, Gianinna y Jana, declararon el sábado como testigos en la fiscalía y fueron coincidentes en que el referente y responsable médico de la salud de su padre era Luque.

Hasta el momento, la investigación del equipo fiscal liderado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari e Iribarren, y por la fiscal Capra, se centra en tres ejes principales: si hubo negligencia médica y por lo tanto un eventual «homicidio culposo», quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si la muerte de Maradona se pudo haber evitado.