De acuerdo al monitoreo nacional que lleva adelante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) del estado de situación de los lugares de encierro en la Argentina en el marco de la pandemia actual de COVID-19, en Entre Ríos se registraron 12 casos de la enfermedad en cárceles y 42 en residencias para adultos mayores.

Dentro de la planilla de casos, se detalló que los casos en las cárceles fueron detectados en su mayoría durante el mes de noviembre del 2020. El día 12 de ese mes, el CNPT tomó conocimiento de un caso en la UP1 y de dos en la UP5 de Victoria. Dos días después, se sumaron 5 más en la cárcel de Paraná hasta completar 8 entre el 16 y el 19. Este año, el Comité registró dos casos entre el 8 y el 16 de enero en la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú.

En referencia a los centros de detención provinciales, el Comité también identificó cuatro jornadas de protesta por las medidas para enfrentar el Covid durante 2020. Están registradas el 24 de marzo en la UP4 de Concepción del Uruguay; el 2 de abril en la UP1 y en la UP2 y el 26 de ese mes en la UP3 de Concordia.

El organismo también hizo un seguimiento en los hogares de adultos mayores de Entre Ríos. El lugar donde más casos de Coronavirus relevó fue el Domingo Cúneo de Victoria con 30 contagios en noviembre del año pasado. Ya habían detectado casos en septiembre en el San Joaquín (de Gualeguaychú) y el Madre Teresa (Ramírez). Tres casos más se agregaron durante ese mes de noviembre en un hogar municipal que el Comité no identifica.

Concepto

El concepto "lugar de detención" o "de encierro" parte de lo estipulado en el Art. 4° de la Ley 26.827, donde se definen como "cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los Estados nacional, provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, por orden, instigación, o con consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad pública.

Existe consenso en torno a que tal definición incluye no sólo unidades penitenciarias, policiales, instituciones de alojamiento de niñez y adolescencia sino también establecimientos para adultos mayores, hogares de discapacidad y centros de tratamientos de adicciones, donde también se encontrarían personas en situación de encierro con el consentimiento (expreso o tácito) de las autoridades públicas.

Materia pendiente

El CNPT debería tener un capítulo provincial funcionando desde hace fines de 2017, cuando se sancionó la ley 10.563. Se trata de un ente creado para funcionar en el ámbito de la Legislatura provincial  aunque con autarquía funcional y sin recibir "instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado".

Sin embargo esto nunca sucedió. El motivo para no ponerlo en marcha estribó en la renuencia de las autoridades de pagar los sueldos de los siete integrantes del organismo provincial para evitar la violencia institucional. En 2019  ingresó a Diputados un proyecto de modificación impulsado por el presidente de la bancada oficialista, Juan Navarro, y su entonces par de bancada Diego Lara (actual presidente del Tribunal de Cuentas), que pretendía evitar que los siete integrantes del comité provincial fuesen remunerados, fijando que deberían desempeñarse ad honorem.

El proyecto tomó estado parlamentario en septiembre de 2019 y pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales. Desde entonces está a la espera de despacho para ser tratado por el pleno de la Cámara.

Fuente: APFDigital