Política
Nuevo embate contra el trabajador: El Gobierno busca bajar el costo de las indemnizaciones por despido
Caída la reforma laboral en el Congreso, la intención oficial es reemplazar el sistema vigente por la creación del llamado «Fondo de Cese Laboral» mediante la renegociación de los convenios colectivos.
El Gobierno está convencido de que su proyecto de reforma laboral no logrará la sanción del Congreso este año. Por eso decidió avanzar de lleno en negociaciones sectoriales para intentar imponer, mediante modificaciones en los convenios colectivos de actividad, uno de los principales objetivos que alentaban su reforma: el abaratamiento de las indemnizaciones por despido.
El plan del Ejecutivo contempla el reemplazo del tradicional sistema indemnizatorio contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por la implementación en distintas actividades del denominado «fondo de cese laboral», de manera de reducir los costos de las cesantías de trabajadores en relación de dependencia.
Se trata de un esquema similar a la «libreta de desempleo» actualmente vigente en el caso de la industria de la construcción, que consiste en un aporte obligatorio mensual, que alcanza el 10% del salario promedio del sector, por parte del empleador desde el inicio de la relación laboral y que tiene el propósito de garantizar al trabajador un ingreso mientras se extienda su inactividad tras el despido.
Con ese objetivo, funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica, iniciaron una ronda de negociaciones con representantes empresarios y sindicales de diversos sectores, en particular los más castigados por la crisis económica, en la apuesta de que consensuar cambios en los convenios colectivos para incorporar el mecanismo de fondo de cese.
Esas discusiones, según confiaron fuentes oficiales y voceros sindicales al diario El Cronista, involucran varias actividades industriales, como los casos de textiles, calzados y algunas ramas del sector metalúrgico, pero también podrían avanzar sobre algunos sectores vinculados a los servicios.
En ese sentido, el Gobierno ya habilitó una mesa de diálogo en el transporte de cargas en la apuesta de reducir los costos relacionados con los servicios de logística, pero el Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano se plantó contra cualquier intento de modificar el convenio colectivo sectorial y ya amenaza con medidas de fuerza. «No vamos a entregar un solo derecho adquirido. Que no se atrevan a tocar un sola conquista o nos encontraran en la calle con toda la fuerza de los trabajadores», advirtió ayer el propio Pablo Moyano, número dos de Camioneros, en un abierto desafío a la Casa Rosada.
El Gobierno comenzó ayer mismo a testear su proyecto en el caso de la industria textil. Fue durante un encuentro en el que participaron el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio; el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas; los representantes de los gremios y de las cámaras empresarias de la actividad. «Se comenzó a trabajar sobre las propuestas presentadas tanto por el sector trabajador como el empresario, en temáticas vinculadas a la productividad y la generación de las condiciones para impulsar la competitividad del sector», se indicó brevemente desde el Ejecutivo, aunque no dieron detalles de la negociación.
En cambio, desde el sector sindical indicaron que durante el encuentro rechazaron cualquier posibilidad de sentarse a discutir la propuesta del Gobierno para bajar el costo de las indemnizaciones, entre otros cambios en las regulaciones laborales de la actividad. «Presentamos un documento en el que rechazamos absolutamente todo lo que están planteando. No se puede hablar de un Fondo de cese laboral cuando en la actividad está todo parada», señaló a El Cronista el titular de la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez. Para la dirigencia gremial de los textiles, la propuesta de la Casa Rosada constituye «una reforma laboral encubierta», por lo que -tras negarse a discutir los cambios- pidió que cualquier medida sea llevada a un diálogo institucional con la CGT.
Política
Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ y vinculó el caso Kueider con la aprobación de la Ley Bases y el RIGI
Cristina Kirchner asumió, este miércoles por la tarde, formalmente la presidencia del PJ Nacional, luego de varios meses de una interna que dejó varios heridos en el peronismo a lo largo y ancho del país.
Kicillof, ausente
Además, la exmandataria llega a la UMET (donde se realizó el acto) con un peronismo al borde de la fractura, luego de que Axel Kicillof decidiera no asistir al cónclave y dejara trascender, a través de su círculo íntimo, que la cumbre del lunes en Moreno fue insatisfactoria. Una foto de unidad que no resultó ser tal.
El acto se dio en medio de cuestiones clave de cara al año electoral, en donde se especula con una candidatura de la exvicepresidenta, pero Kicillof tiene potestad para decidir, por ejemplo, si desdoblar o no los comicios, algo que podría afectar la postulación de la ex jefa de Estado.
Otros ausentes de peso fueron los gobernadores peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja). Un sector de la CGT tampoco irá. Y Sergio Massa, pero en este caso es porque es dirigente del Frente Renovador y no pertenece al PJ.
La detención de Kueider: "no tiene antecedentes"
Fernández de Kirchner se refirió al caso del senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar, algo que, según ella, "no tiene antecedentes en nuestra historia".
Kirchner vinculó este hecho con la aprobación de la Ley Bases y el RIGI (Régimen de Inversiones Globales Integradas), señalando que, como en otros momentos históricos, el despojo de recursos naturales y la implementación de políticas neoliberales afectan gravemente a la soberanía nacional. "Nunca van a encontrar un hecho como este cuando se trata de leyes populares y democráticas", enfatizó.
"Remate de recursos naturales"
También criticó la actual situación de la inversión extranjera directa, que, según sus cálculos, no supera los 800 millones de dólares, destacando que muchas empresas ya radicadas en el país solo cambiaron de nombre y razón social para acceder al RIGI. A su juicio, el gobierno de Javier Milei está favoreciendo un "remate de nuestros recursos naturales".
Además, hizo alusión al fiasco en la implementación de la planta de GNL (Gas Natural Licuado), asegurando que las interminables demoras "solo lograrán poner un buque en Río Negro", lo que perjudica tanto a la provincia de Buenos Aires como a la economía nacional. Kirchner concluyó que estos ciclos de "despojo y apropiación" son característicos de gobiernos neoliberales y que, eventualmente, son seguidos por "gobiernos nacionales y populares" que restituyen los derechos al pueblo.
También realizó un análisis crítico del actual panorama político argentino. Durante su discurso, expresó tres preguntas fundamentales que considera esenciales para los peronistas y los argentinos: "¿Qué está pasando?", refiriéndose a un gobierno que llegó al poder tras el balotaje y con un fuerte apoyo del voto antiperonista. Según CFK, Javier Milei, quien asumió la presidencia tras proponer medidas radicales como la dolarización y la "motosierra contra la casta", representa una figura que generó temor y dudas en gran parte de la sociedad.
Además, se mostró en desacuerdo con aquellos compañeros de partido que hablan de una "estafa electoral". En sus propias palabras, relató: "Cuando un vecino aparece en el jardín de su casa con una motosierra, cara de loco y prometiendo que va a matar a todos menos a usted, yo la verdad que me encierro en mi casa porque me da miedo que alguien vaya con una motosierra por la calle". Con esta declaración, subrayó la preocupación generalizada en torno al estilo confrontativo y las promesas extremas del nuevo mandatario.
"Hay una primera cuestión que abordar: hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento si se quiere sobre aquellos sectores, claro, en tanto y en cuanto no me toquen a mí. Eso no significa una crítica social, sino una descripción de lo que estamos viviendo", agregó.
Críticas a Kicillof
En un nuevo pronunciamiento sobre la situación interna del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner apuntó contra algunos dirigentes, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quienes acusó de haberse convertido en "militante electoral".
Durante su discurso, destacó la necesidad de que los líderes del partido retomen su rol de "militantes políticos", señalando que la política no debe reducirse solo a las contiendas electorales. "Tiene que haber por parte de los dirigentes políticos de nuestro partido, que muchas veces los veo convertidos en militantes electorales, volver a ser militantes políticos", subrayó, insistiendo en la importancia de una interpretación correcta del momento político.
Kirchner aprovechó la ocasión para presentar las "cinco tareas fundamentales" que considera esenciales para el futuro del peronismo: formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Afirmó que el partido debe centrarse en la formación de cuadros políticos y técnicos, ya que, aunque los técnicos pueden mostrar cómo lograr objetivos, es el político quien debe interpretar adecuadamente el contexto para que esas acciones sean efectivas.
En este sentido, hizo un llamado a que los dirigentes políticos dejen de ser "militantes electorales" y se enfoquen en una visión más integral y de largo plazo, destacando que "la historia no empieza cuando uno llega y termina cuando uno se va", una crítica directa a lo que ella consideró una actitud "tardía" en ciertos miembros del peronismo.
Fuente: Infobae
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