Según el diario Ámbito Financiero, a pesar del buen vínculo que mantiene con los comisarios investigados, la contundencia de las pericias no le dejó otra alternativa al juez Adrián González Charvay que procesar a los involucrados, tras lo cual la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación de servicio de ocho numerarios: los comisarios Javier Eduardo Specia, Emilio Sergio Portero y Gabriel René Schefer, así como también de otros cinco efectivos entre los que se encuentran un comisario inspector, otro comisario, un oficial principal, una oficial inspector y un oficial subinspector. A su vez, el ministro Cristian Ritondo designó como interventor de esta dependencia al comisario mayor José Luis Zalazar.

Varios testigos de los procedimientos, que pidieron absoluta reserva de su identidad, sostuvieron que la droga que falta nunca llegó a los depósitos judiciales, sino que fue derivada tras su incautación al circuito de comercialización ilegal. Y que esta maniobra «no pudo hacerse sin la complicidad de al menos una parte de los involucrados en la cadena de custodia».

El testimonio recogido por el diario mencionado -que ya fue aportado a las autoridades ministeriales- da cuenta de detalles muy precisos respecto del personal involucrado en el presunto desvío de la marihuana, que incluye a oficiales en actividad y otros que se encuentran en disponibilidad a causa de investigaciones que los involucran con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, cuyos nombres no se publicarán en este artículo, hasta tanto no sean judicializados. Según especialistas en la investigación del narcomenudeo, la calidad de la droga extraviada era muy buena y los «transas» la catalogan como «punto rojo» por la alta concentración de cannabinol. «Esa mercadería se vende mayorista a unas diez lucas ($10.000) por kilo, con lo que, si la vendieron toda, recaudaron más de ocho palos y medio ($8,5 millones); ¿te imaginás todas las voluntades que se pueden comprar con esa guita?», sostuvo el informante.

La marihuana incautada que quedó bajo la tutela de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas de Pilar había sido secuestrada en operativos realizados por orden de tres juzgados, en el marco de cuatro causas: la 62296/16 y la 74622/15 (que tramitan en el Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay); la 5150/15 (con asiento en el Federal 2 de San Martín); y la 58911/16 (radicada en el Federal de Tres de Febrero). Un dato curioso que llamó la atención de los investigadores policiales es que sólo intervino el juzgado de Campana en la denuncia por el faltante. «Ignoramos si se notificó al resto de los jueces el faltante, pero debió haberse seguido ese procedimiento y, por tanto, debieron haber tomado intervención en la pesquisa», argumentó otra de las fuentes consultadas por Ámbito Financiero.