Con el aislamiento social, preventivo y obligatorio oficialmente extendido hasta el 10 de mayo (con visos de prolongarse en las regiones más densamente pobladas más allá de ese mes), el gabinete económico volverá a sesionar en las próximas horas para definir la continuidad del paquete de asistencia económica a las empresas, trabajadores independientes y desocupados con el fin garantizarles el pago de los salarios a unos y la cobertura de las necesidades básicas a otros.

Tras pedir la salida del titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, el ministro coordinador, Santiago Cafiero tiene pendiente entre hoy y mañana una revisión de las medidas ya adoptadas hasta el momento, entre las que se incluyen el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con un costo mensual de $ 80.000 millones y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) más los créditos y garantías para monotributistas y trabajadores autónomos, equivalentes a unos $ 107.000 millones.

Antes de este encuentro, hoy se reunirá el comité de seguimiento del programa ATP, para evaluarlos avances y las necesidades insatisfechas en el entramado productivo. Esta semana, el Gobierno había insistido en que solo un tercio de los más de 420.000 empleadores que pidieron ayuda a través de la AFIP habían comunicado ya la Clave Bancaria Uniforme (CBU) que permite la transferencia directa de la compensación al empleado en relación de dependencia.

La mesa económica hace cálculos para ampliarla ayuda para el pago de hasta el 50% de los haberes netos en el sector privado, con un tope de hasta $ 33.750 por trabajador, hacia aquellas compañías de mayor porte (más de 800 empleados) que hasta el momento no habían sido incluidas.

La intención es alcanzar al universo total de trabajadores registrados, que superan los 6 millones en todo el territorio nacional, con el objetivo de asegurar ingresos a toda la fuerza laboral. Para este universo también podrían incluirse rebajas de las cargas sociales, como los ya anunciados en concepto de reducción del pago de contribuciones patronales.

La otra medida en carpeta apunta a replicar también para el mes de mayo la obligatoriedad para bancos y otras entidades del sistema financiero de refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito a un año de plazo, con tres meses de gracia y cuotas mensuales, iguales y consecutivas a tasas reducidas. Esa medida fue instrumentada el pasado 10 de abril por el Banco Central, estableciendo que el recargo no podría superar el 43% anual, publica El Cronista.

Asimismo, la continuidad del bono de $ 10.000 pagado por la ANSeS a monotributistas de las categorías más bajas (A, B, C y D), personas que trabajan en la informalidad, desempleados y beneficiarios de alguna asistencia estatal estaría garantizada para mayo, cuando todavía no culmina la ejecución de los pagos de la primera cuota para los más de 7,8 millones de inscriptos. El organismo encargado también del pago de jubilaciones y pensiones, que ayer quedó acéfalo, reabrió la inscripción y según los pronósticos del Gobierno ahora podría superarlos 8 millones de beneficiarios.

La nueva etapa de inclusión en los beneficios a los segmentos por ahora desatendidos no solo va por jugadores de mayor porte, sino otras actividades golpeadas y que tardarán más que otras en volver a la rutina. Es el caso de los colegios privados, cuyos ingresos están en jaque ante el recorte de ingresos de muchas familias. Para este sector, el Gobierno estudia una ampliación de los subsidios que reciben, estableciendo una línea de corte según el porcentaje de ayuda estatal que reciben y los importes de las cuotas que cobran.

Al igual que las escuelas, las empresas turísticas tendrán un colchón de contención a través del Fondo de Turismo (Fondetur) y una caja de más de $ 2600 millones que se nutrirá de un crédito reorientado a la emergencia ya acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De igual modo, el Ministerio de Cultura lanzó líneas de financiamiento para atacarla situación de las industrias culturales.