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Privatizaciones

Nación privatiza las áreas de servicios de los pasos fronterizos: Free shops y playas para camiones

El Gobierno avanzó en un paquete de licitaciones y concesiones que son inéditas en el país. Mediante concursos públicos empezó a darse forma a un esquema distinto que tiene como protagonistas a los pasos fronterizos terrestres que tiene la Argentina con sus vecinos.

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La Casa Rosada concesionará los predios de servicios aledaños a los puntos de cruce de frontera que pasarán a estar manejados por un privado y que será el que tenga que hacer la inversión para mejorar, conservar y explotar el área. Para que se entienda, ninguna de las fuerzas federales ni de los organismos que intervienen en la frontera desaparecerá, sino que la inversión para mejorar los alicaídos terrenos que lindan con los puestos de control, pasará a manos de privados.

El proyecto se manejó entre tres ministerios: Interior, Seguridad y Defensa. Y si bien todavía no se adjudicó ninguno, dos de ellos ya están en procesos licitatorios. El primero es el que une la ciudad correntina de Santo Tomé con Sao Borja, en Brasil; el otro, el de Paso de los Libres que lleva a Uruguayana.

"La decisión que se tomó es que se liciten todas las áreas de servicios de los pasos fronterizos. No es posible que el gobierno nacional se encargue de los pozos, los baches o el asfalto de una playa de espera en una frontera. Que se encarguen los privados y a cambio se les dará la concesión de un predio donde podrán poner desde restaurantes a hoteles. Siempre, con inversión privada", dijo una fuente oficial con acceso a la Casa Rosada.

Como se dijo, el proceso ya empezó con el que tiene una particularidad. Se trata del de Santo Tomé, que se licitó en conjunto con Brasil. Se abrió una licitación y se debería haber abierto el 7 de enero. Pero, la Comisión Mixta Argentina Brasileña (Comab), que maneja el puente paso, recibió una medida cautelar en Brasil y todo se trabó. Una reunión de la Comisión dio cuenta de ese imprevisto judicial y todo quedó a resultas de lo que suceda en los tribunales brasileños. En ese paso, del lado argentino operan la Gendarmería Nacional Argentina, Migraciones, la Aduana (ARCA ) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

De acuerdo a datos oficiales, por ese paso internacional cruzan 148.000 vehículos livianos argentinos y 102.000 de Brasil. En camiones, hay un volumen de 90.000 camiones, entre argentinos y brasileños. El proyecto se licitó con un plazo de 25 años a cambio de una inversión cercana los 20 millones de dólares y un canon a valor presente mínimo US$40 millones, que se dividiría en partes iguales entre los dos países.

En Paso de los Libres, Corrientes, también ya empezó la licitación para hacerse cargo del área de servicios. En este caso, a diferencia de Santo Tomé, no hay puente binacional ni comisión. "Es un proyecto totalmente argentino", dijo otra fuente que intervino en el proceso de llamado a iniciativas privadas que cierra en una semana.

Se trata del primer paso fronterizo en importancia del interior del país, y la segunda aduana en importancia de Argentina. Con un superficie de más de 900.000 metros cuadrados, y un estacionamiento con capacidad para 900 camiones, por el lugar pasan 1,5 millones de vehículos por año, de los cuales 159.960 son camiones, 4880 son ómnibus de pasajeros, y el resto, livianos.

La idea del Gobierno es que el privado que se lleve el proyecto tenga a su cargo la inversión, operación y mantenimiento por 25 años, contados desde mediados de año, cuando consideran que podrían estar terminados los trámites y las regulaciones para la entrega del predio.

Hay dos más que están en carpeta inmediata pero que aún no se iniciaron los procesos de iniciativa privada. Se trata de Iguazú – Foz de Iguazú y el de Uspallata, que comunica la Argentina con Chile.

El llamado Complejo Cristo Redentor tuvo un flujo, entre ingresos y salidas, de 284.664 vehículos pesados desde enero hasta noviembre de 2024, lo que representó una suba de 11% respecto del mismo período de 2023. El plazo de concesión serían entre 20 y 25 años, y aún no se decidió cuándo avanzar.

Iguazú tiene algunas particularidades. En principio, es más turístico que de cargas, y además, tiene presencia de varios organismos del Estado. Por caso, además de la Aduana, Migraciones y Gendarmería, opera Senasa y la dirección de Sanidad en Fronteras.

En 2024 ingresaron 102.300 vehículos particulares, 14.723 transportes de pasajeros y 2.581 de cargas. Por su parte, salieron 98.235; 15.643 y 4.185 respectivamente. En este lugar no hay ningún centro de uso común entre los dos países.

Las demoras y los interesados

Una de las cuestiones que los encargados del proyecto tratan de resolver es el tema de los dominios de las tierras o la propiedad de las zonas que deberían formar el paquete de para entregar a los explotadores de la iniciativa privada. Por caso, el de Uspallata fue donado a la exAFIP mediante una escritura que se firmó el 3 de marzo de 2010. Desde entonces, todas las obras terminadas y las que aún no se terminaron fueron financiadas por el organismo recaudador. De ahí que, para avanzar en una entrega un actor privado, habría que hacer varios trámites regulatorios para que las tierras sean de quién las concede en concesión.

Otros predios, varios, según confiaron, tienen trámites y requisitos pendientes de finalización en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Las iniciativas despertaron un enorme interés en varios grupos económicos. Por caso, desde London Supply, los dueños de algunas terminales aéreas, entre ellas la de El Calafate y la de Ushuaia, hasta empresarios del mundo de los colectivos de larga distancia u otros que se agrupan en la cámara de dueños de compañías del transporte de cargas (Fadeeac), revisaron los llamados. Y varios de ellos presentarán sus propuestas.

El interés, claro está, tiene que ver con el potencial. Sucede que hay pocas limitaciones de lo que se puede instalar en el lugar.

Un memo interno, que consultan los interesados, dice que se deberá realizar un sector dedicado a la logística que permita actividades tales como el almacenamiento, fraccionamiento, clasificación y consolidación de todo tipo de cargas.

Además, se permite área de servicios como gomería, lavadero de camiones, mecánico y aquellos procesos vinculados con el "ingreso y el despacho a plaza de la mercadería de importación y exportación".

Luego, el capítulo comercial como "gastronomía, kiosco, hotel, casa de cambio, esparcimiento, plaza saludable, farmacia, tiendas libres de impuestos". Y finalmente, la frutilla: se permitirá la instalación de free shops. Eso sí, no se puede explotar nada vinculado a juegos de azar.

Fuente: La Nación – Diego Cabot

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Ambiente

Piden exceptuar el Delta de la venta de bienes públicos

Integrantes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advirtieron que el proyecto de ley que crea la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper) pone en riesgo los humedales del Delta.

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La iniciativa ahora bajo análisis en la Legislatura, apunta a crear una entidad para gestionar y comercializar las tierras de dominio público, por lo cual expresamente se pide excluir del comercio las propiedades fiscales de islas del Delta del Paraná.

El "sistema de humedales, el más grande de Argentina, debe ser excluido expresamente del proyecto de ley", señala el documento que se remite a la fallida experiencia de la "Ley de Arroz" con la cual la administración de ex gobernador Sergio Urribarri creó una SA para gestionar humedales para el cultivo de transgénicos. Se resaltó que estos territorios están protegidos constitucionalmente y que reviste un aporte ecosistémico de gran valor para toda la comunidad.

"El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones. Así, quedan sus competencias, sus finalidades y su organización libradas a la reglamentación que haga luego el Poder Ejecutivo", señala el escrito que suscriben Enzo Culasso Orué y Jorge Oscar Daneri, de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas (AAAA).

En el escrito los activistas consideran que "que el iniciar un proceso de administración y posterior venta a privados" de los territorios del Delta expondría una vulneración jurídica Estado, así como "podría conllevar consecuencias ecológicas negativas, produciendo un enorme impacto acumulativo y geométrico arrasador sobre las bondades de estos ecosistemas".

En este sentido, resalta "la necesidad de no habilitar su mercantilización, considerando para esto que el Delta, con todos sus bienes públicos, está fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Entre otras referencias, los integrantes también del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación La Hendija de Paraná, recuerdan que el Delta del Paraná constituye el sistema de humedales protegido por la Constitución de Entre Ríos, al tiempo que en buena parte constituyen áreas naturales protegidas. Y en este marco, señalan que, según datos oficiales, el Estado Provincial "es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales".

La fallida «Ley del Arroz»

En el pedido expresado al Ejecutivo y la Legislatura, los profesionales relacionan la posibilidad de comercialización del Delta a un "experimento que no prosperó por la maravillosa resistencia social". Se trata de la iniciativa con la cual "el ex gobernador Sergio Uribarri, junto con su fiscal de Estado, Julio Rodriquez Signes, ya intentó privatizar todas las tierras públicas en el Delta a través de la efímera y tristemente conocida 'Ley del Arroz'.

La normativa habilitaba la venta de estos territorios e incluía sus puertos en manos de los dueños -o algunos de ellos- de las corporaciones del agronegocio de exportación transgénica. Esa propuesta aspiraba otorgar por 99 años todas las tierras públicas en el Delta a una Sociedad Anónima y, a través de la misma, gestionar permisos para el cultivo del arroz y semillas genéticamente modificadas. Esta, la Ley 10.092, estuvo en vigencia tan sólo dos meses, de diciembre de 2011 a febrero de 2012, gracias a la respuesta en movilización social que provocó semejante 'negocio'. Esta experiencia constituye quizás uno de los mayores escándalos políticos vividos en la provincia en los últimos años y, seguramente la actual gestión no repetirá semejante equívoco", expresaron.

Territorios de agua

Los integrantes de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas invitan a revalorizar los humedales entrerrianos y abren a debate un documento denominado "Propuesta de Sanación del Delta Argentino".

Al mismo tiempo, reiteran se trata de preservar el "sistema de humedales, el más grande de Argentina", por lo cual "debe ser excluido expresamente del proyecto de ley que ha sido remitido para la consideración del Poder Legislativo entrerriano. Y que al ser bienes de dominio público que pertenecen a toda la comunidad, está prohibida su venta, como así también limitados sus usos, conforme las funciones ecológicas y sociales que cumplen, más relevantes aún frente a los delicados y graves escenarios de cambio climático".

Apelando a considerar esta "unidad biocultural abrazada de la diversidad de sus reinos de vida", reconociendo la diversidad de procesos culturales de "la Pachamama y el ciclo del agua", reafirman la exhortación a preservar "el sistema de humedales que nos conforma y del que somos parte. Porque, señor gobernador, señores legisladores, el Delta no se vende; somos humedal", finalizan.

Fuente: ERA Verde

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