San Jerónimo Sud, con menos de tres mil habitantes, experimentó una fuerte conmoción cuando comenzaron a difundirse imágenes y videos pornográficos de vecinas, hermanas, primas, abuelas, novias. El material estaba editado: los rostros de las mujeres se habían sacado de sus redes sociales y pegado sobre contenido ya existente.

Tres de las 25, que llamaremos Ana, Mercedes y Lara para proteger su identidad, se animaron a hablar de lo ocurrido con Mila Kobryn, del diario La Capital de Rosario. Ponen mucho énfasis en algo que no puede pasar desapercibido: en un pueblo tan chico, en una comunidad tan compacta, este tipo de situaciones hace que se tambaleen hasta los cimientos. Todos se conocen, todos interactúan entre ellos. Son familiares, amigos, novios, vecinos o quizás simplemente conocidos, pero no hay nadie que ignore la presencia del otro.

Las mujeres perjudicadas cuentan su historia

"En un pueblo chico se comparte absolutamente todo. Nos encontramos con esto. Había videos y fotos con nuestros nombres y apellidos y nuestras caras. Fue muy difícil. Hay chicas que la pasaron muy mal, que hasta hoy tienen ataques de pánico. Muchas se sintieron perseguidas, otras tuvieron problemas en el trabajo o problemas con sus familias", relata Ana.

Las fotos comenzaron a circular por la red social Telegram y muchas de ellas no tenían la aplicación. «Nos tuvimos que amigar con la tecnología y descargar la aplicación para poder ver qué estaba pasando. Y estábamos ahí, eran nuestras caras», cuenta la mujer.

Ana es madre y abuela. No sólo su propia imagen fue adulterada sino también la de su hija. Otras mujeres cercanas ellas también vivieron este horror. «Tenemos una relación cercana entre todas, en muchos casos hemos atravesado una vida juntas», señala.

«Tengo un hijo de 22 años. Cuando vi los videos tuve que hablar con él. Explicarle que no era yo, que eso era un montaje. Con mi pareja pasó lo mismo. Me trajo muchas complicaciones. El otro no sabe qué pudiste haber hecho en tu pasado. Me preguntó si el video era real. Le surgió la duda, obviamente», recuerda Mercedes. En su relato se transmite el horror, la angustia y la bronca. «Yo estaba de vacaciones y me llamó una amiga. Esto nos sacó la paz de nuestras vidas. A todas nos pegó de una u otra forma. No sabíamos para dónde ir, por dónde empezar», rememora.

«Fue durísimo. Llamé al Ministerio de la Mujer, hablé con psicólogas. No fue fácil. Resultó un alivio que las pericias sean positivas y se sepa quién fue el responsable. Hubo mucha gente que nos creyó y nos acompañó, pero hubo otras que hicieron comentarios inapropiados. Fue un momento horrible», sostiene Mercedes. De hecho, en lo relatado por las tres mujeres se puso énfasis en el morbo: quienes no tenían Telegram, lo descargaron para ver. El contenido circuló por todo el pueblo y el nivel de exposición que vivieron fue muy difícil de atravesar.

Los videos afectaron a 25 mujeres y sus respectivos entornos. Sin embargo, al darse cuenta de que eran muchas las que estaban sufriendo esta situación decidieron armar un grupo de WhatsApp para contenerse y definir qué hacer.

«Encontrarnos no fue difícil: somos amigas, vecinas, hijas, primas, en seguida armamos el grupo», cuenta Lara. «Fueron muchos problemas. Yo pertenezco a una institución reconocida y tuve que llamar a mi jefe para advertirle, para explicarle que si veía algún video no era yo. Fue una situación terrible. Acá nos conocemos todos con todos, es horrible tener que ir aclarando que no soy yo, que no hice eso. Por suerte el grupo nos permitió tenernos las unas a las otras. Las que estaban más en pie apoyaban a quienes más padecían esta situación. Nos brindamos mucho apoyo».

Un vecino, responsable del horror

«Él sigue con su vida normal, con su negocio abierto. Muchos siguen yendo. Vemos con mucha indignación las mujeres que entran allí y son indiferentes a lo que vivimos», cuentan las tres mujeres.

Quienes sufrieron este hecho no denunciaron a una persona particular sino a una cuenta y número de teléfono. Éste pertenecía a la pareja de quien, se sabe ahora, fue el responsable. «Ella denunció, un par de días antes que salgan los videos, que le habían hackeado el teléfono. Lo cierto es que las fotos y videos fueron subidos desde su celular. Sin embargo, las pericias positivas estaban en el teléfono de él».

El culpable de la creación de este material es un vecino de San Jerónimo Sud. Con las investigaciones se enteraron que tenía una causa abierta por pornografía infantil. «Esta persona es reincidente, ya tenía una causa abierta. Nosotras podemos alzar la voz y defendernos, pero él sigue su vida. Nos da miedo hasta dónde puede llegar», sostienen.

Las mujeres afectadas fueron de todas las edades, desde veinteañeras hasta mujeres en sus cincuenta años. Sin embargo, aclararon que algunas de las imágenes que se utilizaron eras viejas, de cuando algunas de ellas eran menores de edad.

Sin embargo, a pesar de todo esto, como no hubo ninguna situación más allá de la alteración de las imágenes, no es un delito de acción pública. En este sentido, el fiscal a cargo de la investigación, Aquiles Balbis, explicó: «No hay un delito de acción pública. Son injurias a su honor y a su moral. Tendrán que proceder a partir del delito de acción privada. Nosotros nos comprometimos a realizar una investigación para brindarles todas las herramientas para realizar una querellas privada por injuria, si así lo desean».

«No había muchas herramientas para empezar a investigar. Lo que sí había era un consenso de que las imágenes eran un montaje y se enviaban desde un grupo de Telegram que se llamaba 'Chicas de la zona'. Allí había un contacto asociado a una línea de teléfono perteneciente a una mujer que vivía con su pareja. Al hombre, en 2015, lo habían investigado porque Missing Children advirtió que desde su dirección de IP circulaba pornografía infantil. Pensé que no podía ser casualidad. Hoy, a raíz del trabajo de investigación y el allanamiento que llevamos adelante, no hay dudas de que la persona a la que llegamos es la responsable», determinó el fiscal.

Las mujeres sentenciaron: «Nos tenemos que juntar y resolver cómo vamos a seguir. Si nos quedamos con la condena social o si seguimos por otro camino. Nos interesa que se haga público porque esta persona no puede seguir haciendo su vida normal».

Fuente: La Capital – Mila Kobryn