En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas argentinas que realizan fletes en Uruguay, a cobrar sus servicios a través de transferencia bancaria o por entidades financieras, y no en efectivo como lo venían haciendo hasta el momento.

Este era un viejo reclamo de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu), que criticaba que las empresas argentinas cobraban dólares en Uruguay para luego venderlos en el mercado paralelo argentino y así aprovechar la diferencia cambiaria, lo que les generaba una "competencia desleal".

En el decreto reglamentario -publicado el 4 de enero-, el Ejecutivo estableció que la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina genera una "pérdida de competitividad" en las empresas uruguayas, por lo que se consideró "necesario" impedir el pago en efectivo a las transportistas argentinas, "a efectos de facilitar la libre competencia en igualdad de condiciones" dentro del país.

La medida no cayó bien en el sector transportista argentino. Un integrante del grupo de autoconvocados -quien prefirió mantener su nombre en reserva-, afirmó en diálogo con El País que desde que en enero comenzó a regir la normativa, los fletes hechos por empresas argentinas en Uruguay, bajaron entre un 70% y 90%.

"Se nos hace imposible, no saldamos ni el gasoil ni los pagos al chofer. nos vemos totalmente afectados. directamente debemos cambiar los destinos", afirmó el transportista.

El grupo de autoconvocados está integrado por unos 45 dueños de camiones argentinos que viajan a Uruguay. Aseguran que sus reclamos son hechos en forma particular y que sus manifestaciones no están bajo la órbita de "ningún partido político y de ninguna cámara empresarial", dado que, si bien las gremiales transportistas argentinas "intentan llevar adelante una negociación", ellos precisan "una solución lo antes posible".

Según relató el empresario, una de las primeras medidas adoptadas por el grupo de autoconvocados fue el corte de los puentes internacionales. Sin embargo, todavía no la llegaron a implementar porque comenzaron a canalizar las negociaciones a través del Consulado de Uruguay en la ciudad argentina de Colón.

"Teníamos la medida pronta para este jueves, pero estamos esperando a ver cómo avanza esa situación (con el Consulado). Esperamos que a través del diálogo podamos volver al estado anterior de la norma. El corte de puentes no es beneficioso para nosotros pero igual lo tenemos presente porque hay transportistas que realmente no están viajando" a Uruguay, explicó el integrante del movimiento.

Para el grupo de autoconvocados, la norma aprobada por Uruguay, "viola tratados internacionales" como el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 y de 1940, "así como también la Constitución uruguaya". Por ese motivo, el integrante del movimiento afirmó que un grupo de representantes de empresas de transporte argentinas en Uruguay, lideradas por la abogada María Cristina Olaso, "están trabajando" para presentar un recurso contra la ley.

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron al diario uruguayo El País que están en conocimiento de los reclamos de los transportistas argentinos, pero ratificaron su convicción de que la normativa elimina la "competencia desleal" entre las empresas de ambos países.

En este sentido, afirmaron que la situación que enfrentan los transportistas argentinos responde a una problemática "propia de la economía de su país" sobre la que Uruguay "no tiene incidencia" ni "responsabilidad".

Asimismo, desde el Ejecutivo indicaron que la normativa demoró aproximadamente dos años en aprobarse, por lo que durante ese tiempo fueron las empresas argentinas las que ganaron más dinero "afectando a las uruguayas".

Fuentes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac) -nuclea a 44 cámaras de transporte del vecino país-, manifestaron a El País que la gremial no respalda al movimiento de autoconvocados.

Si bien afirmaron que la normativa aprobada "afecta" y que "llevará a un incremento de los costos" de los fletes hechos por camiones argentinos en Uruguay, defendieron la autonomía del país para aprobar sus propias leyes.

No obstante, hay conversaciones extraoficiales entre las principales gremiales de transporte internacional uruguayas y argentinas, para que la normativa se prorrogue durante unos meses, hasta que se realicen las elecciones primarias (las llamadas PASO) en Argentina.

Empresarios del país vecino entienden que, una vez concluidas las PASO, se va a perfilar quién va a ser el candidato presidencial con más chances de ganar las elecciones y así el sector empresarial argentino tendrá un panorama más claro de lo que podrá pasar con el tipo de cambio.

Los nuevos requisitos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó cuál es la documentación que debe ser presentada por las empresas de transporte argentinas, a los efectos de acreditar que cobraron sus servicios a través de entidades financieras. Para verificar el cumplimiento de la ley, se exige la presentación de una declaración jurada junto con el manifiesto internacional de carga y declaración de tránsito Aduanero, un documento exigido a los transportes de carga internacional terrestre; el comprobante de la transacción de pago; y la factura del flete realizado. El representante de la empresa tiene 45 días corridos para acreditar el pago ante el MTOP. En caso de incumplimiento, la sanción es de 107 unidades reajustables, unos $ 160.700 aproximadamente.

Fuente: El País de Montevideo