Justicia
Macri envió armas al régimen de Áñez para reprimir la protesta social en Bolivia
El canciller boliviano Rogelio Mayta realizó la denuncia sobre la provisión «en forma clandestina» de armamento del gobierno de Juntos por el Cambio al régimen que derrocó a Evo Morales.
El Gobierno de Bolivia denunció que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina «material bélico» al régimen de Jeanine Añez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a expresar públicamente su «dolor y vergüenza».
La información fue difundida a la prensa por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Añez y recordó que la represión de 2019 tuvo su punto máximo en las llamadas «masacres de Sacaba y Senkata».
«Mauricio Macri proveyó por debajo 'material bélico' al régimen de facto de Jeanine Añez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza», dijo Mayta en su cuenta de Twitter, y advirtió: «Las masacres de Sacaba y Senkata no pueden quedar en la impunidad».
El mensaje estuvo acompañado por la publicación de una nota de un militar boliviano a la embajada argentina, con fecha del 13 de noviembre de 2019, en la que se da por recibido el material y se adjunta un detalle del envío.
Fuentes del gobierno nacional dijeron a Telam que se está intentando determinar cómo salió del país ese armamento desde la Argentina, pesquisa de la que está pendiente el presidente Fernández.
La investigación en Bolivia
En tanto, fuentes diplomáticas señalaron que como en Bolivia se está investigando el delito de sedición, el expresidente Mauricio Macri podría ser ser involucrado en ese país como participe necesario del Golpe de Estado a raíz de esta denuncia.
En la carta remitida al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, le dijo que le «agradecía» la «colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia».
El militar describió que «se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos: 40 mil cartuchos AT12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 19 granadas de gas CS, y 52 granadas de gas HC».
Por las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, donde hubo una veintena de muertos, este viernes Áñez debe declarar ante la Justicia de Bolivia.
La carta de Fernández
Fernández, por su lado, lamentó la «colaboración» de Macri con las fuerzas militares de Bolivia que en 2019 perpetraron el golpe de Estado contra Morales, y dijo sentir «dolor» y «vergüenza».
Y afirmó: «Ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino, y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano, así como su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia».
Mayta describió en una conferencia de prensa que «el Gobierno de Macri le dio a las fuerzas armadas bolivianas munición para reprimir las protestas del 2019; días después de este hecho se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata».
«Mauricio Macri proveyó por debajo 'material bélico' al régimen de facto de Jeanine Añez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza».MAYTA
En tanto, medios bolivianos informaron que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que este viernes se tomará la declaración informativa a la expresidenta Áñez por las «masacres» de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.
«Dentro de la proposición acusatoria por las víctimas de Sacaba y Senkata, se inició la investigación de juicio de privilegios a través de la Fiscalía General del Estado; por ello se ha previsto la declaración de la señora Jeanine Áñez para este viernes, que por medidas de bioseguridad se tomará en el penal de Miraflores (de La Paz)», dijo el fiscal.
Lanchipa agregó que se trasladarán a La Paz dos fiscales superiores, mientras él participará vía Zoom desde la ciudad de Sucre.
La acusación fue hecha el 1 de julio por un grupo de 20 personas entre víctimas y familiares de aquellos episodios.
Las masacres de Sacaba y Senkata
Las masacres ocurrieron después de que Añez ordenara la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones populares en favor de Morales.
Los hechos se produjeron el 15 de noviembre de 2019 «cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves», informó La Razón, de Bolivia.
Recordó que «cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, en El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos».
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, con reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron por impactos de balas.
En esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas y dijo que los movilizados se mataron entre sí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron masacres.
Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.
Justicia
"Estamos convencidos de que Pavón es coautor del femicidio", dijo el abogado de la familia de Micaela García
Jorge Impini, abogado representante de la familia de Micaela aseguró que hay pruebas que demuestran que Pavón fue coautor del femicidio sucedido en abril de 2017 en Gualeguay.
Dentro del dolor por el femicidio de su hija, el 2024 cierra con un atisbo de esperanza para la familia de Micaela García, la joven de 21 años asesinada en abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló una sentencia emitida por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos vinculada al condenado por encubrimiento Néstor Pavón les da expectativa de llevar a la cárcel a quien ellos creen que también participó del hecho junto al confeso criminal Sebastián Wagner, que en la actualidad purga prisión perpetua.
AHORA dialogó con el abogado querellante Jorge Rubén Impini, representante de la familia García, quien aseguró: "Estamos convencidos de que Pavón es coautor de los delitos por los que fue condenado Wagner. Los múltiples indicios acreditan que Pavón fue coautor. Incluso, la misma declaración de Wagner como coimputado, que tiene validez probatoria, acredita que estuvieron juntos y que ambos son responsables de la muerte de Micaela".
Micaela fue vista por última vez el 1° de abril de 2017, cuando salía de un local bailable de Gualeguay. Tras su desaparición, se inició una amplia búsqueda que tuvo repercusión nacional y durante la cual su familia y amigos realizaron varias marchas para reclamar por el esclarecimiento del caso. Su cuerpo fue hallado el 8 de ese mes en un descampado lindero a la ciudad de Gualeguay.
Las pruebas contra Pavón
Impini sostiene que hay elementos sobrados para demostrar que Pavón es coautor junto a Wagner porque esa noche salieron y estuvieron juntos hasta la madrugada. "Intentó llamar a través de Wagner a una chica para salir, pero era de mañana. Luego de eso, dijo 'yo me quedé en mi casa', pero los testigos que él mismo propuso dijeron 'no, acá no llegó nunca Pavón, porque es un barrio donde están muy cerca las casas'. Todo eso fue llevando a que nunca pudiera demostrar lo contrario. Reafirmaba la teoría de que nunca se bajó del auto. Y sumado a todo lo que ocurrió después, por ejemplo, hay un testimonio que hablaba de que Micaela se defendía en plural, diciendo 'no me peguen, no me maten'. Es decir, hablaba de dos personas Por la forma como fue literalmente secuestrada Micaela en un vehículo y llevada del centro hacia la chacra, no podía ser de ninguna manera una sola persona. A lo último, cuando ya descartan el cuerpo, hay un testigo que ve dos personas en el vehículo", relató minuciosamente el letrado.
Impini recuerda el voluminoso expediente de uno de los casos criminales más recordados del país con detalles, a pesar del paso de los años. El letrado sostiene que de la investigación surgió con certeza que Pavón hizo todo lo posible para enviarlo a Wagner a Buenos Aires para ocultarlo de la Justicia. Es más, dice que le pidió a los familiares del confeso criminal condenado como autor del femicidio el CBU para enviarle dinero y mantenerlo alejado. "Todas esas actitudes y declaraciones dan como conclusión de que él estaba demasiado interesado. Y lo que fue encubrimiento en un principio, según la Cámara de Casación Penal de Paraná, para nosotros fue autoencubrimiento. Todo lo que hizo, no lo hizo para salvar a Wagner, lo hizo para salvarse él enviándolo lejos. Todos esos elementos, que se llaman indicios en derecho, hacen que no sea una conclusión lógica y razonable. Y ese es el punto en el que estamos parados hoy".
Nuevo juicio y un largo camino
A esta nueva instancia de un nuevo juicio se llega tras un largo peregrinar judicial. Tras el femicidio en abril de 2017, el juicio se realizó a mediados de ese año y culminó el 16 de octubre de 2017. Ese día, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, integrado por Roberto Cadenas , Darío Crespo y María Angélica Pivas, condenó a Wagner a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género. A Pavón, en tanto, se lo sentenció a la pena de cinco años de prisión por encubrimiento agravado; ya que se consideró que sólo actuó como encubridor de Wagner, a quien ayudó a eludir a la Policía y fugarse a la provincia de Buenos Aires, donde finalmente fue capturado. Gabriel Ignacio Otero, el tercer implicado, fue absuelto de culpa y cargo.
Esa resolución fue apelada por la fiscalía y la querella para revisar el caso de Pavón ante la Cámara de Casación de Paraná. La alzada confirmó la perpetua de Wagner, pero anuló lo decidido respecto de Pavón, a quien ordenó someterlo a un nuevo juicio oral en tanto existían elementos para evaluar su posible participación en el crimen que convulsionó a la comunidad. Ante esto, su defensa interpuso un recurso que fue aceptado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El Máximo Tribunal entrerriano declaró el 31 de julio de 2020 mal admitidos formalmente los recursos apelatorios de las partes acusadoras y, en esa línea, dejó sin efecto la orden de realizar un nuevo juicio contra el cómplice de Wagner.
Esa resolución generó nuevas presentaciones de la querella y la fiscalía, quienes eventualmente recurrieron a la Corte Suprema de la Nación por medio de un recurso directo o de queja. Allí, el máximo tribunal del país, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvió revocar el último fallo por considerar que se había vulnerado el derecho de la víctima y de los acusadores del proceso.
"Pavón no podía ser un simple encubridor"
Impini sostuvo que, junto a la fiscalía, planteó a lo largo de todas las etapas que Pavón no podía ser simplemente un encubridor, sino que su autoencubrimiento lo llevaba a ser coautor junto a Wagner.
El abogado precisó que no hay pruebas nuevas, porque todo lo que se está analizando es en base al juicio, pero recordó la declaración de Wagner en el juicio donde culpó a Pavón. Esa declaración casi termina en una escena de pugilato.
"Wagner se para de su asiento donde estaba declarando y lo encaró a Pavón. De no haber mediado la intervención de los funcionarios que estaban custodiando, lo hubiese agredido, porque la teoría de él era que había participado", dijo. Y añadió: "Lo que pasa es que ese tipo de prueba también tienen que amenizarla, porque en principio vos le podés creer o no creer porque es parte interesada. Pero la forma en la que lo estaba diciendo y la forma en que lo encaró echándole en cara lo que había hecho fue como un elemento más. Contó que Pavón le pagó para que se fuera y que él había dicho que si lo encontraban en Buenos Aires, se suicidaba. Vos escuchás todo este relato y decís 'bueno, ¿en qué se beneficia Wagner?' Para qué echarle la culpa a Pavón, si él lo está reconociendo todo. Ese es otro punto más que, si bien no se puede evaluar como prueba, sirve".
Sobre el nuevo juicio, Impini precisó que no hay fecha estimativa. Tampoco aseguró que vaya a ser por jurado popular.
El profesional mencionó que el tema de la contradictoria deberá ser discutido, porque es casi inédito. "Los juicios anulados vuelven para atrás. Anular un fallo y hacer otro juicio no es nuevo. Pero en este caso sí hay elementos nuevos. En principio, por lo que yo pude hablar, aparentemente sería un juicio por jurados, porque estaría en aplicación la nueva ley. Igualmente si vuelve para atrás los jueces no volverían a intervenir, aunque fuera por el viejo sistema".
Impini dijo que, en caso de ser culpable, la pena que se debería imponer es la cadena perpetua: "Es homicidio calificado y sería coautor. O sea, no hay margen para que haya otro delito. Sí o sí, por eso también, tendría que ser por jurado el juicio con esta nueva ley".
En ese orden, el abogado sostuvo que en el nuevo debate hay que citar otra vez a los testigos y apelar a su memoria. Afirmó que desconoce si todos están vivos.
Fuente: Ahora
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