La presentación de la provincia se interpuso este jueves y fue acordada en una reunión que mantuvieron ministros de Economía, entre los que estuvo el titular de la cartera entrerriana, Hugo Ballay, en la sede de la Comisión Federal de Impuestos, en Buenos Aires. Los términos del documento fueron cerrados por Bordet, el ministro Ballay y el fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes.

"Nos reunimos los ministros de Economía de las 15 provincias que acudimos a la Corte Suprema de Justicia y algunas otras provincias, y coincidimos todos en que la devolución que está haciendo el gobierno nacional en la compensación significa solamente lo relacionado con el Impuesto al Valor Agregado, que no considera para nada la detracción del Impuesto de las Ganancias, que es el principal costo fiscal para las provincias", informó el ministro de Economía, Hugo Ballay.

"En ese marco hubo un rechazo unánime de los ministros y en la reunión formal de la Comisión Federal de Impuestos se solicitó a la misma que haga una interpretación de lo que el gobierno nacional está haciendo como para fortalecer la presentación de las provincias", detalló Ballay.

A su vez, el ministro comunicó: "Entre Ríos efectuó la presentación este jueves respecto a rechazar primero la forma en que el gobierno nacional la está realizando, y segundo, solicitando a la Corte que tome a la Comisión Federal de Impuestos como el organismo que por Ley de Coparticipación corresponde que controle el cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte".

Insistir en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, repasó los pasos dados en torno a la presentación realizada desde la provincia ante la Corte Suprema para la devolución de los fondos retenidos por Nación de IVA y Ganancias, con resolución favorable. "El 1 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la medida cautelar que planteó la provincia de Entre Ríos acerca de los decretos 561 y 567 del Poder Ejecutivo nacional que modificaron el régimen de coparticipación de impuestos y perjudicó a todas las provincias, entre ellas a Entre Ríos", recordó.

"La Nación planteó dificultades en torno a la aplicación de ese decreto, y la Corte Suprema dijo que el gobierno nacional tenía que asumir el costo fiscal de estas medidas, sin afectar los recursos de coparticipación", dijo el fiscal de Estado.

"Las provincias inmediatamente comenzamos a hacer un cálculo de cuánto nos correspondía y para ello nos reunimos la Comisión Federal de Impuestos, ministros de Economía, fiscales de Estado y concluimos en el caso que la provincia de Entre Ríos debía recibir entre 1.600 y 2.000 millones de pesos, conforme el cálculo que había hecho el propio Estado nacional", precisó.

En ese sentido, Rodríguez Signes continuó: "El Estado nacional primero intentó pedir una audiencia pública, la Corte rechazó ese pedido, y luego ordenó comenzar a cumplir la sentencia. Lo que ocurre es que comenzó a cumplirla de modo insuficiente". Y sobre este punto, puntualizó: "Reconoció en favor de Entre Ríos un poco más de 200 millones de pesos. Nosotros inmediatamente hicimos los cálculos, a través del Ministerio de Economía, y ratificamos que la cifra no era inferior a 1.600 millones de pesos".

En este contexto se inscribe el escrito rubricado por Gustavo Bordet: "El gobernador insiste en un reclamo que firmó este miércoles, dirigido primero a la Corte, manifestando que el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado nacional era parcial; no es un cumplimiento total que fue ordenado por la propia Corte. Y los mismos argumentos fueron planteados al Presidente, para que él mismo, que es el jefe de la administración nacional, revise los cálculos que había hecho el Estado nacional y cumpla con el fallo, tal cual lo dispuesto. Es decir, lo único que estamos haciendo es insistir en el cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal de la República Argentina, que es la Corte".

Rodríguez Signes reafirmó: "La provincia de Entre Ríos sigue sosteniendo que los decretos modificaron unilateralmente el régimen de coparticipación y los ingresos en rentas generales en violación del artículo 75 de la Constitución argentina, y se trata de recursos que ya estaban presupuestados por las provincias en sus respectivas leyes de Presupuesto".

Se trata de "provincias que han cumplido a rajatabla con el Régimen de Responsabilidad Fiscal y con todos los pactos fiscales que se han venido sancionando a lo largo de estos años. Así que estamos a la espera de que el gobierno revise la liquidación practicada", concluyó el fiscal de Estado.