La convocatoria a la Consulta Popular Vinculante está contemplada en el artículo 40 de la Constitución Nacional, aunque para ello se deberá aprobar con la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado, es decir 129 y 37 votos respectivamente.
"Dejemos que la ciudadanía se exprese a pesar de que ya lo hizo en noviembre del año pasado. Si los legisladores estamos o no a la altura de las circunstancias lo debemos saber", dijo Milman.
"Confiemos y permitamos que la ciudadanía se exprese, así tomaremos el pulso de la voluntad ciudadana y veremos si los legisladores estamos o no a la altura de las circunstancias que la emergencia exige", agregó.
Los detalles de la iniciativa
El proyecto, de un artículo, establece que se convoca a una Consulta Popular Vinculante "para poner en consideración de la ciudadanía el Proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en el uso de las facultades conferidas por el Artículo 40 de la Constitución Nacional y reglamentada en la Ley 25.432″.
En los fundamentos del proyecto, Milman señala que "la Constitución Nacional, en el Artículo 40, incorporado en la reforma de 1994, se refiere a las consultas populares o 'plebiscitos', que, de algún modo, funcionan de forma inversa a la iniciativa popular, son proyectos legislativos surgidos del Congreso o del Poder Ejecutivo para ser sometidos a la voluntad de la ciudadanía".
"Por otra parte, la Constitución también contempla que el Presidente de la Nación o el Congreso puedan someter a consulta popular temas de interés general de forma no vinculante, es decir, sin obligación de acatar la voluntad de los votantes.
En este caso, el voto no es obligatorio", agregó.
Milman señaló que "si la Consulta Popular es aprobada por Ley, es vinculante, es obligatoria y se convierte automáticamente en ley si es votada por una mayoría"
Agrega que "la participación ciudadana es un principio consustancial al Estado de derecho y una garantía esencial de la democracia representativa, reconocida y protegida por las normas constitucionales y los tratados internacionales".
Señalo que "los que acompañamos al caído proyecto, lo hicimos con la convicción de mejorar la situación de los jubilados; de desregular cantidad de actividades que beneficiarán a los cientos de miles de trabajadores no registrados; de consolidar los objetivos de déficit fiscal; de potenciar las exportaciones por medio del desarrollo de las PYMES, baja impositiva de por medio; del respeto de la propiedad privada y garantías jurídicas que tiempo mediante nos conviertan en un país confiable, potencial receptor de inversiones".
Fuente: La voz
