Gremiales
Judiciales entrerrianos anunciaron que iniciarán retención de actividades
A través de un comunicado del Plenario Provincial Ampliado de AJER, se informó que los empleados del Poder Judicial de Entre Ríos realizarán retención de actividades de dos horas por turno, en rechazo al ajuste implementado a través de la Ley de emergencia y al aumento concedido de forma unilateral por el gobierno.
En el día de ayer, se reunió en Paraná el Plenario Ampliado de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), con la presencia de la Comisión Directiva y de los Secretarios Generales de sus 15 Filiales.
Como resultante de la reunión AJER expresó, a través de un comunicado, lo siguiente: «Luego de un año sin aumentos el gobierno depositó los sueldos de febrero/21 con un incremento del 15%, que en la mayoría de los casos es mentiroso ya que absorbe la suma fija que cobraban el 59% de los trabajadores judiciales, y porque muchos con el mencionado aumento ingresaron o subieron en la escala de los descuentos de la ley de emergencia, por lo que además se redujo el aumento en un 2, 4, o 6% más. Es así que el incremento salarial real dista mucho del 15% anunciado, significando para los primeros cargos del escalafón con poca
antigüedad cifras irrisorias, lo que ha generado mucha indignación, ya que lo que se da por un lado se quita por el otro».
AJER: «Una vez más, el ajuste de las cuentas públicas y de la caja de jubilaciones recae sobre las espaldas de los trabajadores».
El comunicado eleva sus críticas al consignar que «Si hablamos de la Caja de Jubilaciones, años de falta de valentía política de los sucesivos gobiernos (incluido el presente) han postergado irresponsablemente el debate que permita llegar a acuerdos sobre indispensables modificaciones que le den sustentabilidad, que no es otra cosa que garantizar a los actuales beneficiarios y a las generaciones futuras que el 82% móvil siga siendo una conquista y una realidad. Esta inacción es -en parte- responsable del presente ajuste sobre los sueldos de los trabajadores».
«El otro elemento clave en esta ecuación de deterioro del salario, es la inacción del gobierno nacional en controlar la inflación. Que de la forma en que se dio no es otra cosa que el saqueo al bolsillo de los trabajadores por parte de los 15 o 20 conglomerados de empresas formadoras del precio de los productos de la canasta básica».
«Molinos Río de la Plata, Arcor, Aceitera General Dehesa, La Serenísima, P&G, Unilever, entre otras monopolizan el mercado imponiendo aumentos desmedidos frente a la tibia e ineficaz acción del gobierno nacional, que tiene como resultado el deterioro del salario, a través de la transferencia de ingresos de los bolsillo de los trabajadores a las grandes compañías monopólicas».
También señala que «En relación al Poder Judicial, destacamos que representa alrededor del 9% del gasto total en salarios del Estado Provincial; que desde hace más de 3 décadas se ingresa y asciende por concurso y se cuenta con una carrera administrativa transparente lo que garantiza la igualdad de oportunidades».
Con respecto a la labor judicial en tiempos de pandemia, el documento recalca que «salvo las primera semanas de cuarentena, el personal del Poder Judicial ha trabajado ininterrumpidamente desde el inicio de la pandemia, a través del teletrabajo (que generalmente ha implicado mayor cantidad de horas) o de turnos de mañana y de tarde, habiendo producido entre febrero y noviembre de 2020 48.211 causas nuevas, 70.484 resoluciones, 25.443 de las cuales son sentencias definitivas, 1.3 millones de actos procesales en todos los fueros e instancias y 460 mil presentaciones digitales de profesionales, además de las miles de causas de años anteriores que continúan su trámite».
Reclamos de los trabajadores judiciales
• Rechazo al ajuste implementado a través de la ley de emergencia y al aumento concedido unilateralmente por el gobierno.
• Necesidad de constituir una mesa de dialogo que realmente escuche las demandas de los trabajadores.
• Derogación de la ley de emergencia provincial o su finalización en junio, sin extensión hasta diciembre.
• Convocatoria a todos los sectores involucrados en la Caja de Jubilaciones de la provincia a una mesa de diálogo (con todos los números de la caja sobre la mesa) para acordar las modificaciones que garanticen la permanencia del 82% y la sustentabilidad del sistema.
• Reclamo al gobierno nacional para que ponga límite al saqueo al bolsillo de los trabajadores que realizan las grandes compañías que controlan monopólicamente los precios. Tomando medidas que frenen los aumentos, y garanticen el abastecimiento y el consumo en condiciones equitativas.
Por último, consignaron que el Plenario Ampliado de AJER decidió «la realización de retenciones de servicio de 2 horas por día, 2 veces por semana (lunes y jueves), durante 4 semanas, comenzando el próximo lunes 8 de marzo, en todas las oficinas del Poder Judicial de toda la provincia».
Educación
Sin acuerdo, pasó a un cuarto intermedio la reunión entre el gobierno y docentes
El secretario general del Consejo General de Educación (CGE), Conrado Lamboglia, informó que pasó a un cuarto intermedio el diálogo con los gremios docentes frente a los errores en la liquidación de haberes de noviembre.
Tras una extensa reunión de hoy, volverán a reunirse este miércoles a las 9 de la mañana. "Hay detalles a seguir definiendo", indicó Lamboglia, quien informó que "todo lo que se vaya a resolver, se va a pagar por complementaria".
Uno de los contrapuntos de la reunión tiene que ver con los motivos de los descuentos. Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), su secretario Gremial Marcelo Pagani dijo que "planteamos la devolución total", incluidos los paros. "Entendemos que el derecho a huelga debe ser sin descuentos", afirmó.
En tanto, el funcionario del CGE aclaró que "los días no trabajados son días que no se pagan; es una decisión política tomada con anterioridad".
Recordó además que "no fue parte de ninguna negociación paritaria". "Ahora estamos viendo cuestiones relacionadas a la forma en que se liquidaron los haberes", señaló.
Por otro lado, desde Agmer aseguraron que "la situación es gravísima". Para Pagani, los descuentos "significan poner en riesgo la posibilidad de comer, de pagar alquiler y servicios".
Planteó, asimismo, que "la responsabilidad del Estado es liquidar los salarios como corresponde".
Fuente: Ahora
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