El exfuncionario estuvo recluido, primero, en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, luego de ser detenido in fraganti trasladando documentación de Obras Sanitarias que tenía en su hogar. Eso fue el 11 de octubre de 2016. Pocos días después de su detención, los fiscales a cargo de la investigación Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, ordenaron un serie de allanamientos que arrojaron resultados positivos, según los funcionarios judiciales.
Las requisas se hicieron en Obras Sanitarias, en la casa de Righelato y empresas a las que se lo vincula. Computadores, dinero ($70 mil), insumos y documentos varios fueron secuestrados y puestos al resguardo del Ministerio Público Fiscal. En seis meses de investigación, a Righelato sólo se le escuchó decir "no sé de lo que estoy imputado". Esa frase la pronunció el 12 de octubre, ante un puñado de periodistas, al ser ingresado –esposado- al edificio del Ministerio Público Fiscal, donde se abstuvo de declarar ante el fiscal Aramberry. Ese día se le anotició de la imputación por el supuesto delito de peculado de bienes y servicios y administración fraudulenta en el marco de la investigación por su participación en al menos tres empresas que eran proveedores del Estado. A saber: Ecocien SA (conformada en 2014), Azul SRL (creada en 2011) y Tecno Geo SA (formada en 2009). Los fiscales determinaron que las empresas no cuentan con personal, y que los trabajos que se les adjudicaban eran realizados por empleados y con maquinaria de Obras Sanitarias de la provincia.
El 7 de diciembre, Righelato consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria por 90 días, que finalizó este martes. Su vivienda ubicada en calle Fraternidad 133, de Paraná, fue su prisión durante tres meses. Con el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, ahora el ex jefe de Obras Sanitarias podrá moverse con más libertad, aunque tendrá algunas restricciones: no podrá salir del país y tampoco acercarse al edificio de Obras Sanitarias que se encuentra en calle 25 de Mayo 328, en Paraná.
El organismo estuvo a su mando desde 2004, es decir, desde la segunda gestión de Jorge Busti. Ahora está bajo la orden de Sergio Pascual, un ingeniero mecánico de Gualeguaychú.
El abogado del exfuncionario, Matías Argüello de la Vega, se refirió al acuerdo alcanzado este martes con los fiscales: "Se acordó el cese de la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria y se acordaron unas medidas de restricción comunes. Prohibición para salir del país, abstenerse de realizar actos molestos e intimidatorios en testigos que tengan que declarar; no poder concurrir a Obras Sanitarias y fijar como domicilio el domicilio donde estaba", dijo.
Consultado sobre si Righelato está en condiciones para declarar ante los acusadores públicos, Argüello de la Vega dijo que "falta mucha prueba, faltan terminar las pericias sobre unas computadoras, que declaren testigos. Falta mucho".
"Una vez que se definan las pruebas, analizaremos el descargo correspondiente. Ganas de declarar siempre tiene. Pasa que todavía falta mucho materia para peritar", agregó el letrado.
Así, Righelato continuará en silencio y atento a la marcha de la investigación que lo tiene como imputado del delito de peculado. La fiscalía, en tanto, prepara una lista de empleados de Obras Sanitarias que serán llamados a declarar en calidad de testigos y aguarda los resultados de las pericias en las computadoras de Tecno Geo, empresa vinculada al exfuncionario. La causa podría ser elevada a juicio a mitad de año, si los tiempos no juegan una mala pasada.
