En el mes de julio del año 2022 y a partir de un llamado anónimo a la línea 145 para denuncias de Trata de Personas, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, inicia una investigación que culminó en el mes de octubre con un allanamiento y detención de una mujer en una vivienda ubicada en calle Montana al 1400. Horas después se dictó la prisión preventiva y se la imputó por el delito de Trata de persona con el fin de explotación sexual agravado porque la imputada acogía a las victimas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, incluso una de las mujeres estaba embarazada.
"Dicté el auto de procesamiento con prisión preventiva, todavía hay plazo para apelar. En julio de este año hay un llamado anónimo al 145 en donde hacen saber que en este lugar se estarían reclutando víctimas y se estarían llevando este tipo de delitos", relató en su momento el doctor Viri a Radio Máxima, agregando que "pudimos corroborar la denuncia, de las pruebas recolectadas a través de las escuchas y lo que se peritó del allanamiento, como cuadernos con supuestas deudas que tenían las víctimas, por el dinero que suponía mantenerlas, más la violencia, la amenaza y la coerción que se fueron constatando a través de las intervenciones telefónicas, llevó a un cuadro probatorio con contundencia".
Según informó Hernán Viri, al momento del allanamiento se encontraban en el lugar tres personas, además de la imputada. También en el lugar vivía un menor viviendo con una de las víctimas, que se pudo aclarar que estaba ejerciendo la prostitución bajo amenaza.
"Se la rescató y se la está conteniendo donde se la asiste materialmente a ella y su hijo. Lo primero que hicimos fue darles contención psicológica y los llevamos a un lugar donde se le pudiera brindar contención material. Con las otras dos mujeres todavía estamos despejando esa situación, están trabajando con un equipo de psicólogos". Según se pudo constatar, la víctima rescatada habría estado en el lugar durante aproximadamente 4 años.
En cuanto al modus operandi de la imputada, se pudo saber que "ofrecía un lugar donde las victimas pudieran estar, captaba mujeres que atravesaban una situación sentimental complicada y una vez que ingresaban a la vivienda les comenzaba a cobrar el alquiler, la manutención, y por los rituales espiritistas. Todo esto se saldaba a través de explotación sexual".
La mujer rescatada es de Gualeguaychú y la imputada se encuentra en la Unidad Penal de Paraná.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay confirmó lo actuado y condenó a Murillo a una pena de 8 años de cumplimiento efectivo además de un monto de 38 millones de pesos como reparación integral en favor de la víctima.
A lo largo del juicio quedó demostrado que Raquel Murillo obligó a la damnificada a ejercer la prostitución a través de violencia verbal, amenazas y coerción aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima.
Fuente: Máxima on line