Municipales
Fuerte reclamo salarial de municipales de Victoria: «La planta política se lleva la plata de a palanchas»
Encabezados por el gremio SOEMVER, perteneciente a la FESTRAM, más de un centenar de municipales se autoconvocaron a las puertas del municipio local para reclamar la recomposición salarial suscrita en 2020, además de un aumento correspondiente a este año, al tiempo que pidieron terminar con el manejo discrecional de los pases a planta permanente.
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La convocatoria municipal se llevó a cabo a las 13 horas, en la explanada del edificio municipal de Victoria. Allí, frente a más de un centenar de trabajadores municipales, el conductor del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Victoria (SOEMVER), hizo pública una serie de reclamos al Ejecutivo municipal, en la figura del intendente Domingo Maiocco, quien se encontraba en la ciudad de Paraná por «motivos políticos».
En ese marco, Muñoz alertó que la recomposición salarial suscrita en conformidad en 2020 permanece incumplida por la gestión de Domingo Maiocco, al tiempo que contrastó el salario municipal con los sueldos políticos, los que afirmó «van en detrimento de la caja de jubilaciones municipal». Asimismo, denunció que continúa el nombramiento de forma discrecional y antiética en planta permanente.
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El mapa del conflicto
En primer lugar, reiteró la falta de cumplimiento del acuerdo suscrito en 2020 entre las partes, correspondiente a una recuperación salarial del 20 por ciento, equiparable al nivel inflacionario del año anterior: «Dicen que no hay aumento para nosotros, mientras sabemos que le están aumentando a la planta política, y han puesto gente que no tiene nada que ver con nosotros, mayor de 58 en planta permanente, y que está perjudicando nuestra caja».
Muñoz recordó que en anteriores negociaciones el Ejecutivo los convocó en tres ocasiones, para otorgar un aumento de sólo el 5 por ciento, por lo que preguntó de forma retórica: «¿Cualquier intendente que venga va a hacer lo que quiera con nosotros? ¿Se lo vamos a permitir?»
Por otro lado, Muñoz se refirió al desfasaje salarial existente entre la parte política del municipio y los trabajadores municipales, poniendo en contraste el nivel salarial del Secretario de Gobierno local, Sergio Navoni, y personal contratado: «Ese funcionario gana más de 250.000 pesos, cuando tenemos jornalizados que ganan 7.000 pesos por quincena».
«Perjudicaron a la familia municipal»
El dirigente gremial también enumeró otros reclamos, tales como cuestiones de higiene, falta de indumentaria y seguridad laboral. En esa línea, mencionó como ejemplos la falta de baños para el personal de espacios verdes y en el cementerio, con denuncias en la Delegación de Trabajo. Seguidamente, opinó: «¿Cuánta gente ha pasado por este gobierno? Es un desastre. Ahora no saben a quién poner, y cada funcionario que llega a un área hace desastres con los empleados».
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En su alocución, Muñoz puso sobre el tapete una cuestionada ordenanza que data del año 1992, que repercute de manera asimétrica sobre los salarios: «Estamos en una ordenanza a la que nadie quiere modificar. Cuando el intendente se vaya en 2023, va a ganar 800.000 pesos y nadie la quiere tocar. No depende de nosotros. Mientras tanto, no llegamos a fin de mes, y la plata cada vez vale menos», expresó, y agregó: «Vemos que de a 200 y 300 mil pesos, la planta política se lleva la plata de a palanchas. Por eso tenemos que seguir luchando», alentó Muñoz.
Por último, los municipales expresaron que esperan obtener un incremento salarial del 15 por ciento a fin de este mes, lo que permitiría a los trabajadores hacer frente a la inflación y destrabar en parte la situación de conflicto.
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Municipales
Tras una denuncia de trabajadoras municipales, ordenaron a intendenta a capacitarse en violencia laboral
Romina Lucila Corradini y su compañera Elida Vargas acudieron a la Justicia luego de que en diciembre último la intendenta de San Jaime de la Frontera, en el departamento Federación-, Miriam Díaz (Juntos) las desafectara de su lugar de trabajo –eran administrativas en el Corralón Municipal- y las enviara a la calle, a realizar taras de barrido, poda y limpieza de cordones cuneta y, además, les redujera el salario.
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En primera instancia, el Juzgado de Paz de San Jaime de la Frontera se declaró incompetente para dictaminar frente a la denuncia que se enmarcó como violencia y discriminación en el ámbito laboral. Entonces, el caso recayó en manos del juez Civil y Comercial N° 2 de Chajarí, Mariano Luis Velasco, que ordenó a la intendenta Díaz a "proceda a reestablecer el ingreso o retribución correspondiente a los servicios" de las trabajadoras, "debiendo abstenerse de incurrir en cualquier práctica discriminatoria o desigual en este aspecto", y les otorgue "funciones o tareas acordes a su capacidad psicofísica, evitando la asignación de aquellas que resulten perniciosas para la integridad psicofísica o afecten la dignidad de la denunciante".
El juez se apoyó en un informe del Equipo Interdisciplinario, firmado por la licenciada en Trabajo Social Florencia Siviero y el licenciado en Psicología Guillermo Grubert, firmado el 19 de marzo último, que encontró creíbles los relatos de las denunciantes. En cambio, se reprobó la actitud de la denunciada intendenta de San Jaime, quien, según los profesionales que la evaluaron, "se mostró poco colaboradora, dando respuestas rígidas y sobreestructuradas, por lo que fue muy dificultoso avanzar en la entrevista, y se limitó a negar que el municipio la tenga como empleada a la denunciante, sea con ´contrato de servicio´ o de cualquier otra forma, como también, que haya mantenido entrevista con ella; no obstante, entre los escasos aportes que hizo, expresó que ´estas dos mujeres van y prestan servicios en el Corralón, yo le dejo las tareas por hacer (que se las imparte) mi jefe de obras públicas, Fabián Zufiaurre. Pero para mí no son empleadas del municipio´, y que los sueldos son en relación ´a un escalafón´».
El Municipio de San Jaime apeló el fallo de primera instancia e intervino la Cámara del Trabajo de Concordia, integrada por los jueces Héctor R. Salarí, María Josefina Pace y Carolina Goñe, que rechazó "por manifiestamente improcedente el planteo efectuado por la denunciada, en cuanto el mismo resulta manifiestamente contradictorio con lo que su propia parte manifestó ante los integrantes" del Equipo Técnico.
"En ese marco –dijo la Cámara-, resulta innegable que corresponde reprocharle a su parte que por un lado continúe negando en esta instancia el vínculo que unía a la denunciante con el municipio y por otro no se haga cargo que, tal como fue advertido por el juez de grado, su parte era la que estaba en mejores condiciones de poder presentar los registros, contratos y documentación en la que figuraba la Sra. Corradini".
Fuente: Entre Ríos Ahora
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