Una investigación de la Fiscalía de Flagrancia de 15° del Uruguay detectó a una organización de estafadores que operaba desde «call centers» ubicados en cárceles de Argentina y utilizaba a «mulas» para transferir el dinero desde el vecino país.

La investigación realizada por el fiscal Raúl Iglesias, y la adscripta Claudia Amoedo, constató que los estafadores cibernéticos utilizaban páginas donde ofrecían supuestamente vacaciones a bajo precio en hoteles de Punta Cana (República Dominicana) o falsos sorteos de entradas para los recitales de Paul McCartney y Marc Anthony, entre otros «beneficios».

La fiscal Amoedo dijo que las estafas cibernéticas orquestadas desde cárceles argentinas contaban con un contacto local. Agregó que esa persona oficiaba de «mula» ya que su rol era el de transferir el dinero sustraído de las cuentas de las víctimas.

En el ambiente informático, esta modalidad delictiva se conoce como «phishing». Se trata de una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria al usuario. A través de un enlace incluido en el mail, intentan redirigir a la víctima a una página web fraudulenta para que introduzca su número de tarjeta de crédito, cédula de identidad, la contraseña de acceso a la banca online, etc.

Amoedo dijo que en uno de los casos de estafas bancarias, un uruguayo creyó que había comprado una estadía en un hotel de Punta Cana y entró a un link con el objetivo de hacerse del producto. «Sin embargo, llenó con sus datos una aplicación falsa de un banco que le apareció en la pantalla de su computadora y enseguida los delincuentes tuvieron acceso a sus claves. Minutos más tarde, al contar con las contraseñas de la llave digital, los estafadores comenzaron a sacar préstamos», explicó la representante del Ministerio Público.

En este caso, los delincuentes lograron extraer US$ 9.500 de la víctima. Detrás de la maniobra, en Uruguay, se encontraba una persona de nacionalidad venezolana que tenía el rol de reenviar el dinero para una cuenta ubicada en Argentina mediante un depósito en una tarjeta prepaga.

En un segundo caso, también bajo la modalidad de un falso sorteo, la víctima sufrió la sustracción de US$ 10.000, según informó la fiscal Amoedo.

«La maniobra consistía en captar el consentimiento de las víctimas mediante engaños como participar de un viaje o recibir pasajes aéreos bonificados si accedían a llenar un formulario. De esa forma, los delincuentes se hacían de los datos de las cuentas bancarias y llaves digitales de los damnificados», explicó la fiscal.

Según la investigación realizada por la Unidad de Cibercrimen, dependiente de la Dirección de Investigaciones, y de Delitos Financieros de Interpol, se constató que, en los diálogos telefónicos con los presos argentinos, el venezolano se quejaba de que estaba pasando muy mal y que precisaba dinero para irse del país.

En ese momento, los líderes de la organización le dijeron que se quedara con el 15% de cada una de las transferencias que había logrado. Sin embargo, como las denuncias se realizaron rápidamente, las instituciones bancarias lograron bloquearlas.

Poco después, investigadores policiales detuvieron al ciudadano venezolano que fue formalizado por un delito de estafa por el juez penal de 41° Turno, Huberto Álvarez Samudio. El imputado enfrentará un cierre de fronteras y deberá cumplir tareas comunitarias de ocho horas mensuales durante tres meses. Por el segundo delito —la apropiación de US$ 10.000— no fue imputado porque no se pudo probar su participación.

«Hemos detectado varios tipos de estafas informáticas. Es común que el dinero se vaya para afuera del país. En este caso se operaba de una prisión argentina», insistió la fiscal.

El 1º de agosto de este año, el portal de noticias Infobae consignó que agentes de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba detuvieron ocho personas acusadas de integrar una organización conformada por presos, personal penitenciario y civiles que realizaba estafas virtuales desde la cárcel de la ciudad de Villa María. Con los nuevos arrestos —seis mujeres y dos hombres— ya son 34 los miembros de la megabanda que están detenidos y procesados.

"Los sospechosos lograban la obtención de códigos de WhatsApp para apoderarse de las líneas telefónicas y de esa manera pedir algún tipo de colaboración, simulando ser la persona que no eran. Obtenían números de tarjetas de crédito y demás maniobras que permitían obtener dinero o sacar un rédito económico de esa modalidad", explicó el comisario Pablo Vivas, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía de Córdoba, quien no precisó un estimativo de cuánto dinero obtuvieron durante el tiempo que concretaron las estafas. «Fueron muchos los damnificados», señaló Vivas.

Fuente: El País de Montevideo