Poco después de las 3.30 de esta madrugada, los diez rugbiers acusados por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa dejaron la Comisaría 1ª de Pinamar en un móvil de la Unidad de Traslado delegación Quilmes de la Policía Bonaerense para ser dirigidos a la cárcel de Dolores, a más de 200 kilómetros. Según fuentes cercanas a la causa, la hora del traslado se debe a que en verano se realizan de madrugada para evitar el tráfico de turistas en la ruta. También informaron que los rugbiers no fueron enviados el martes a Dolores tras el fin de las ruedas de reconocimiento, ya que el móvil de la cárcel estuvo destinado a mover presos a juzgados de Mar del Tuyú. La información sobre el movimiento fue conservada con hermetismo por fuentes alrededor del caso, posiblemente para evitar una acumulación de periodistas en las puertas de la cárcel con 875 detenidos.

Los rugbiers permanecerán juntos en una celda de alcaidía ubicada en la planta alta de la cárcel, entre los pabellones 9 y 10, poblados por presos evangélicos, en una sala con camas cucheta y un solo inodoro, según describe Infobae. No tendrán contacto con ningún otro detenido, para evitar cualquier tipo de roces. Sucede que en el ambiente de los presos, el delito del que se los acusa, matar a patadas a un joven en manada, es considerado despreciable, por lo que una agresión es posible.

Serán vigilados a través de una pequeña ventana en la celda, bajo responsabilidad de un jefe penitenciario. Si tienen que moverse dentro del penal se les asignará seguridad extra, apuntan fuentes cercanas a su encierro.

Los rugbiers presos recibirán sus visitas un día a la semana en particular, el mismo para todos los otros presos de la cárcel, en el sector de Escuela. Sin embargo, los diez jóvenes de Zárate no permanecerán allí mucho tiempo. Seguirán presos en Dolores, aseguran las mismas fuentes, hasta que se firme el pedido de prisión preventiva en su contra. Entonces serán trasladados a otro penal, posiblemente la Unidad Nº57 de Campana, un establecimiento carcelario inaugurado el año pasado para jóvenes de 18 a 21 con acusaciones de robo o en su primera condena.

Mientras tanto, la fiscal Verónica Zamboni robustece su investigación con pedidos de prueba para el eventual pedido de prisión preventiva: además de fuertes declaraciones de testigos y los resultados de las ruedas, hay pericias a los teléfonos de los acusados a cargo de la Policía Federal, con al menos cinco aparatos que ya fueron desbloqueados luego de que los diez rugbiers se negaran a dar sus contraseñas.

El peritaje se realiza mediante el UFED (Universal Forensic Extraction Device), un dispositivo que sirve para extraer y decodificar la información de la gran mayoría de teléfonos del mercado. Analizar cada teléfono demora una jornada, por lo que desde la PFA estimaron que el trabajo podría extenderse hasta el jueves o viernes.

La investigación continúa mientras se esperan también análisis de la ropa de los imputados y la prueba scopométrica a la zapatilla ensangrentada que se encontró en la casa que ocupaban en el barrio Pinar del Norte en Villa Gesell.

Tras concretar la última de las cuatro jornadas de rueda de reconocimiento, en total fueron identificados nueve de los once acusados. Producto de los tres primeros procedimientos, habían sido señalados siete rugbiers: Maximiliano Thomsen (20) y Enzo Comelli (19) habían sido señalados como autor material y partícipe necesario del crimen, respectivamente, y son los más complicados. Pero este martes fueron identificados otros dos, que hasta el momento no habían sido señalados.

Los testigos que participaron en la última rueda de reconocimiento ubicaron a Juan Pedro Guarino (19) y a Blas Cinalli (18) en el lugar el día del ataque. Según su aporte en la causa, Cinalli le pegó a Báez Sosa antes de que cayera al piso y quedara inconsciente. Además el testimonio contradice la versión de la madre de Guarino, que sostuvo días atrás que su hijo «no estaba en el lugar de los hechos».

Los rugbiers detenidos son Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Alejo Milanesi, Blas Cinalli, Juan Pedro Guarino, Maximiliano Thomsen, Enzo Comelli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Todos ellos están acusados por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, por el delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas», por el cual podrían recibir una pena de prisión perpetua.