Se trata de la última batalla judicial por la readecuación tarifaria; antes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) había cerrado la discusión a una docena de amparos presentados por empresas y particulares.

Adecen promovió una medida cautelar y pidió en la Justicia que se «suspendan» los efectos de las sucesivas resoluciones adoptadas por el Ente Regulador a comienzos de año, que autorizaron las subas de la tarifa eléctrica. El abogado Raúl Muñoz, impulsor de la presentación judicial, denunció un aumento promedio del 184 % para la tarifa eléctrica por el primer bimestre, resuelto, dijo, «a puertas cerradas».

Con el mismo argumento que las empresas y particulares batallaron contra el tarifazo, Adecen reprochó el hecho de que la suba se haya resuelto sin dar lugar a la participación de los usuarios mediante el sistema de audiencia pública.

En su presentación judicial, Adecen hizo notar que en la autorización de los aumentos tarifarios hubo «violación de derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos consistentes en el derecho de consumidores y usuarios del servicio público de electricidad a participar en el proceso de determinación de una tarifa para el suministro de energía eléctrica justa, razonable y transparente; lo que a su juicio ha violado el EPRE al haber aprobado modificaciones excesivas a los cuadros tarifarios del suministro eléctrico mediante las resoluciones que cita, sin convocatoria a audiencia pública previa», según se desprende del resumen hecho por el juez Baridón al emitir su voto.

Al promover la cautelar el 8 de agosto último, Adecen invocó «la representación de usuarios y consumidores entrerrianos del servicio eléctrico sin efectuar distinciones. Al promediar la audiencia convocada a pedido del EPRE, el 13/09/16, Adecen perfiló su representación a los usuarios domiciliarios, categoría que detalló aún más en la respuesta al traslado conferido por Presidencia, en fecha 14/10/16, en donde y en razón de la homogeneidad que advirtió, centró sus esfuerzos representativos en los usuarios residenciales urbanos y rurales. Desde la fecha de publicación del último de los actos administrativos por los cuales se modifica la tarifa eléctrica -Resolución 12/16 en el B.O. del 24/02/16- al momento de la delimitación de la clase representada transcurrieron ocho meses».

Pero aunque Baridón consideró admisible la acción, los otros dos miembros del Tribunal, González Elías y Schumacher, la rechazaron.

Las subas

En Entre Ríos, el Ente Regulador puso en vigencia a principios de año el aumento aprobado en la audiencia pública de enero de 2014 en Villaguay, del 19,8%, pero también la actualización inflacionaria de los dos años de congelamiento, y también el aumento registrado en el mercado mayorista eléctrico. Es decir a aquel 19,8% se le sumó un 37% y un 43%, más otro 57%.Así, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, la tarifa se incrementó un 137%. En 2017 se esperan más aumentos.

El Ente Regulador autorizó, a través de la resolución Nº 168, un incremento tarifario para el próximo año del 32%, en tres fases: un 23 % en la tarifa media más un 9% como consecuencia de la actualización trimestral por mayores costos prevista en el contrato de concesión.

El pedido fue hecho por la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) en la audiencia pública de revisión quinquenal del cuadro tarifario que se desarrolló el 31 de agosto en Villaguay. Entonces, hizo la petición de que la tarifa aumentara un 23%, más el 9% por actualización trimestral.

Las subas se aplicarán así: un 15% a partir de enero de 2017, más un 8% en marzo de 2017, y un 9% en mayo del año próximo.

Presentaciones y disputa en los Tribunales

El fallo adverso a Adecen sobreviene luego de una disputa en los tribunales respecto de la vigencia de la última reimposición de la tarifa eléctrica.

La recomposición tarifaria sobrevino luego de dos años seguidos de congelamiento, producto de un acuerdo con la Nación y la merma sustancia de los subsidios, y generó lo esperado: una seguidilla de presentaciones en la Justicia para obligar al Gobierno a retrotraer la situación. Pero aunque hubo fallos en primera instancia favorables a los usuarios, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) terminó convalidando el tarifazo.

La primera presentación contra el aumento de tarifa la hizo la empresa Bioder SA, de Viale, y fue el caso testigo. El camarista Marcelo Baridón había hecho caer el tarifazo y le impuso al Gobierno la obligación de convocar a audiencia antes de aplicar subas en la tarifa. Pero cuando llegó en apelación al STJ, el máximo tribunal confirmó las subas y sentenció que el amparo no es la vía para reclamar por la tarifa eléctrica.

Consciente de esa sentencia adversa, Adecen fue primero con una impugnación administrativa ante el Ente Regulador, con una medida cautelar, que fue rechazada por el organismo de control.

Así fue como en agosto último, Adecen presentó la misma medida cautelar pero en sede judicial. Pidió, primero, que se suspendiera la aplicación del aumento tarifario, y que después se obligara al Ente Regulador a convocar a audiencia pública, tal como ordena la legislación vigente, antes de aplicar modificaciones tarifarias.

Esa audiencia finalmente tuvo lugar a finales de agosto. Antes de dictar sentencia, la Justicia convocó a las partes en litigio a una audiencia, con el fin de alcanzar una conciliación. Esa audiencia se desarrolló el 13 de septiembre. No hubo acuerdo y por eso sobrevino la sentencia judicial.

Finalmente, la Justicia terminó convalidando las subas y cerrando el pleito por la tarifa eléctrica.

La demanda, planteó, se planteó con el objetivo de resguardar «los derechos humanos fundamentales que todos los usuarios y la asociaciones de consumidores tienen a la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, a la participación que estos tienen en los organismos de control y a una tarifa justa, razonable y transparente», tal cual lo manda la Constitución Nacional.

Pero esos derechos, señala el escrito, «hoy día se encuentran grave y notoriamente afectados a raíz del nuevo cuadro tarifario dispuesto por el EPRE a instancias de la distribuidora Enersa». Y por eso, Adecen pidió a la Justicia «como medida cautelar la suspensión inmediata de los efectos de las resoluciones Nº 146/15, 150/15 y 12/16 emitidas por el Ente Regulador, en tanto que las mismas además de resultar manifiestamente ilegítimas por adolecer vicios y defectos que las invalidan como actos jurídicos, vulneran de manera grave e irreparable derechos humanos fundamentales de los usuarios y consumidores vinculados al acceso al consumo de un servicio tan esencial como lo es el servicio eléctrico».