La Justicia de Estados Unidos puso como fecha límite este martes para la presentación de las partes en la causa que podría dejar sin efecto la condena de 16.100 millones de dólares que debe pagar la Argentina por la estatización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La fundación Republican Action for Argentina realizó una presentación ante la Justicia estadounidense en el marco de la condena a pagar a las firmas Burford y Eton Park para que se investigue a los involucrados en la nacionalización.

El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, aseguró en declaraciones a EFE que la jueza Loretta Preska emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.

«Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos», aseguró Irazu.

Podría haber un giro favorable para el país en cuanto a la sentencia que obliga al Estado esa cifra millonaria al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008.

Esto se debe a la presentación que el lunes pasado realizó la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.

Esta semana será clave porque el martes es la fecha límite para la presentación de las partes y luego la jueza pasará a definir.

Por su parte, el presidente Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, advirtió este domingo a través de su cuenta en la red social X, que el Gobierno debe responder con celeridad en su respuesta a la consulta abierta por la jueza estadounidense, Loretta Preska, que podría derivar en una situación favorable para el país en la demanda por la privatización de YPF.

«Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares», escribió el legislador.

«Es fundamental que el Gobierno nacional actúe con responsabilidad y presente una respuesta antes del 25 de febrero. Está en juego la defensa del patrimonio de los argentinos frente a la corrupción y la desidia», añadió.

En ese sentido, la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, sostuvo a través de la misma red social: «Esperemos que el gobierno @JMilei e @YPFoficial contesten antes que venza el plazo que les dio la jueza Loretta Preska para el 25/2».

«Si lo hacen tengo fundadas esperanzas q se revoque el fallo contra Argentina. Lo que significaría un ahorro de casi 17.000 millones de US$», añadió Campagnoli.

Y puntualizó: «La presentación en EE.UU. se basó en la denuncia del 2006 de Elisa Carrio sobre el vaciamiento de YPF y el informe de la UIF del 2018 a cargo de @MarianoFederici Y desnuda la inoperancia del juez Lijo».

Fuente: Mdzol