Según datos de Argencon, la entidad que nuclea a empresas de software y servicios profesionales, las ventas externas del sector llegaron a los u$s6.442 millones el año pasado, ubicando a la actividad sólo por detrás del agro y las automotrices; con una estimación de aproximadamente u$s 7.000 millones para el corriente.

En el caso de Entre Ríos, las actividades de economía del conocimiento representan aproximadamente 2.797 empleados en relación de dependencia, representando un crecimiento respecto de 2019 de 55%.

En ese marco, el Secretario de Ciencia y Tecnología, Jorge Gerard, expresó que "la economía del conocimiento es uno de los sectores de mayor impacto en el desarrollo productivo de Entre Ríos por tres razones fundamentales: en primer lugar, es intensiva en trabajo calificado, con alta productividad y un efecto multiplicador muy positivo; en segundo término, es un complejo de actividades dinámicas que han crecido muy por encima del promedio provincial en los últimos años; y en tercer lugar, se trata de actividades con inserción exportadora, que permite tender hacia la diversificación de la estructura de exportaciones entrerrianas".

Complementó con que "desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología celebramos este gran paso dado por el Gobierno nacional, el cual sin dudas permitirá el desarrollo de la economía del conocimiento no sólo en los principales polos como lo son Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, sino en todo el territorio provincial".

Este régimen de fomento estará disponible para las personas jurídicas constituidas en el país o en el extranjero, que presenten ante la autoridad de aplicación uno o varios proyectos de inversión destinados a incrementar la exportación de las referidas actividades, siempre que esto implique la realización de una inversión directa que no podrá ser inferior a tres millones de dólares.

Los sujetos alcanzados gozarán de la excepción del requisito de liquidación en el Mercado Libre de Cambios de hasta un importe equivalente al 20% de las divisas que pudieran ser ingresadas en concepto de inversión extranjera directa.

A su vez, los beneficiarios quedarán obligados a cumplir con los planes de inversión, en los términos y plazos contemplados en el o los proyectos aprobados, los cuales no podrán exceder los 24 meses contados desde la concreción de la primera inversión, contando la posibilidad de prorrogar dicho plazo.

Además, los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento podrán acceder a un monto de libre disponibilidad de dólares de un 30% de las divisas ingresadas por las exportaciones netas incrementales realizadas a ser aplicado al pago de las remuneraciones de personal en relación de dependencia. Los beneficiarios podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70 % de las contribuciones patronales que hayan pagado a los sistemas de Seguridad Social, respecto de los empleados registrados afectados. Los mismos podrán ser utilizados por el término de dos años desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales.