Economía
En Entre Ríos, la electricidad cuesta el doble que en Buenos Aires
La diferencia la hacen los impuestos y el valor agregado de distribución: Enersa cobra tres veces más que las empresas bonaerenses.

Antes de que el gobierno de Alberto Fernández resolviera, mediante la ley de solidaridad social y reactivación productiva, sancionada hace diez días, congelar por 180 días las tarifas de electricidad de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, las facturas en ese distrito eran, lejos, las más bajas del país, con valores que en algunos casos representan menos de la mitad del resto de los distritos con una sola excepción, La Rioja, que tiene un subsidio provincial.
Según datos del Gobierno, en promedio, una factura mensual residencial con impuestos para un consumo de 300 kilovatios hora (kWh)/mes cuesta en esa zona, el área metropolitana (AMBA), $1182 para los clientes de Edenor y $1176 para los usuarios de Edesur. Este mismo consumo, para un cliente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) tiene un valor de $2928, y para uno de Energía de Entre Ríos (Enersa), de $2451.
Diferencia. La diferencia entre las tarifas en AMBA y en el resto de las provincias reside en dos variables: los impuestos y el costo del valor agregado de distribución (VAD), que representa el servicio de llevar la electricidad a los hogares, emitir las facturas y recolectar el pago de las boletas.
El costo de la generación de electricidad, en tanto, es similar para todas las provincias. Para un consumo promedio de 300 kWh/mes, oscila entre $621 y $649. La generación es la única parte de las tarifas que está subsidiada. En promedio, el usuario paga el 60% del costo de la electricidad, mientras que el resto es financiado por el Estado.
Impuestos. Respecto de la carga tributaria, mientras que en el área metropolitana las boletas pagan $254 en impuestos, en Córdoba este valor trepa a $778, y en Entre Ríos, a $887. Le siguen las empresas de distribución bonaerenses EDEN ($519) y EDES ($506), que además de los impuestos provinciales cobran en sus boletas las tasas municipales. Otras jurisdicciones con alta carga impositiva son la Empresa Provincial de la Energía Santa Fe (Epesf), con $495; las empresas de Neuquén, EPEN ($443) y CALF ($477), y la Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero (Edese), con $429.
La cantidad de impuestos está explicada por tres cargas distintas, según el informe. Un 20% promedio es IVA (impuesto nacional); un 8%, tasas provinciales y municipales (principalmente Ingresos Brutos), y un 18%, impuestos pagados a lo largo de la cadena por la generación y la distribución (en general incluyen las regalías abonadas a las provincias por la explotación de hidrocarburos y los recursos hídricos, Ganancias, Ingresos Brutos y contribuciones a la Seguridad Social).
Las empresas de distribución insisten en ese punto: señalan que si el Gobierno no quiere aumentar tarifas pero al mismo tiempo busca proteger las inversiones, bajar los impuestos sería una forma de aumentar los ingresos de las compañías. Sin embargo, el Ministerio de Economía está en un proceso de baja del déficit fiscal y no hay mucho margen para que caiga la recaudación tributaria. Algo similar podrían decir las provincias y los municipios, que aprovechan que la luz es un bien necesario.
Distribución. El valor agregado de distribución se lleva en promedio 35% del costo total de las facturas de luz, pero su incidencia puede variar de un 23% en el área metropolitana, 28% en Chubut, 45% en Mendoza, 56% en Neuquén y hasta 66% en Córdoba.
Su valor lo establece cada provincia sobre la base de tres pilares: la concentración de carga (si en una manzana hay mil clientes o cinco por kilómetro cuadrado), la topografía del área de concesión (si es un terreno llano o está rodeado de cerros) y la calidad del servicio (los costos de operar, mantener, administrar y expandir el sistema de distribución).
Estas empresas pueden ser públicas o privadas, pero en ambos casos los precios están regulados por cada gobierno provincial, salvo Edenor y Edesur que operan bajo la jurisdicción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), ya que, con la sanción de la ley de Solidaridad y Reactivación, se suspendió el traspaso al Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).
En este segmento hay diferencias de hasta $1226: mientras que el VAD de Edesur cuesta $303, en la empresa cordobesa EPEC el costo de distribución es de $1529 para un consumo de 300 kWh/mes. Otras empresas en las que el servicio es más caro son: la neuquina Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF), con un costo de $1069; la santafesina Epesf, $981; la bonaerense EDEN, $972; el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), con $948, y la entrerriana Enersa con $941.

Economía
Últimos pasos de la negociación con el FMI: por qué hay apuro en cerrar un acuerdo
El ministro de Economía Luis Caputo volverá a encontrarse con la titular del organismo, Kristalina Georgieva en el marco del G20. Definiciones sobre devaluación y esquema cambiario.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, con la intención de avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo entre la Argentina y el organismo internacional.
La titular del Fondo destacó los «resultados significativos» del plan del Gobierno
En este escenario, Milei ya anticipó que no devaluará, y desea cerrar un nuevo acuerdo que implique un desembolso extra de al menos 11.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central y abrir el cepo financiero, aunque esta cifra no fue ratificada.
El ministro de Economía, Luis Caputo, quien también estuvo en Washington, se cruzará nuevamente con Georgieva en Sudáfrica, en el marco de la cumbre del G20. Junto a él viajará el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para participar en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del foro internacional.
En los últimos días, Caputo confirmó los últimos pasos para efectivizar el acuerdo: el resultado del entendimiento técnico con el FMI debe ser enviado al Congreso para su aprobación. El acuerdo no implica un incremento de la deuda neta, sino un cambio de acreedor: los dólares del FMI se utilizarían para que el Tesoro cancele Letras Intransferibles en manos del Banco Central, transformando esa deuda intra sector público en un pasivo con el organismo multilateral.
El Gobierno busca cerrar rápidamente el acuerdo con el FMI debido a la caída de reservas internacionales, que persiste a pesar de las compras diarias del Banco Central en el mercado oficial
Analistas del mercado atribuyen esta situación a una combinación de factores: intervenciones para controlar la brecha cambiaria, menores encajes por la caída en los depósitos en dólares y pagos de deuda.
Aún se desconoce el monto final del nuevo programa y la secuencia de desembolsos. Si bien Milei mencionó una cifra de USD 11.000 millones, los funcionarios del equipo económico no la ratificaron. Caputo aseguró que el FMI no impuso una devaluación y que el esquema cambiario posterior al acuerdo ya está definido.
El alineamiento del Gobierno argentino con la administración de Donald Trump podría jugar un rol clave en la negociación. Se evalúa la posibilidad de un encuentro con Scott Bessent, el nuevo funcionario estadounidense en la Oficina del Tesoro.
Fuente: Mdzol
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