La ley que prorroga hasta 2022 la Emergencia Alimentaria y amplía las partidas presupuestarias para ese objetivo fue aprobada hoy por unanimidad por el Senado de la Nación.

La iniciativa había recibido la semana pasada media sanción de la Cámara de Diputados, por amplia mayoría.

Según las estimaciones oficiales, su aplicación le demandará al Estado unos $10.489 millones. Enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

El proyecto faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del año que viene, «y hasta que dure la emergencia», a «actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro 'alimentos y bebidas no alcohólicas' del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)».

Por otro lado, la norma le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias» para que se lleve adelante «un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».