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Congreso

El Senado debate hoy el proyecto para pagarle al FMI con dinero fugado

Se analizará la propuesta del oficialismo para pagar la deuda de más de 44 mil millones de dólares con el organismo contraída por el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018, con dinero de ciudadanos argentinos que fue fugado al exterior.

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El Senado de la Nación debatirá este jueves en sesión ordinaria el proyecto de ley impulsado por el oficialismo para pagar la deuda de más de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraída por el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018, con dinero de ciudadanos argentinos que fue fugado al exterior.

La sesión fue convocada anoche por un Decreto Parlamentario firmado por la presidenta Provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien encabezará la reunión parlamentaria porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en ejercicio de la Presidencia de la Nación a raíz de la gira que realiza por Europa el presidente Alberto Fernández.

Los senadores fueron citados a la sesión, prevista para este jueves a las 14, con un temario acordado con la oposición en el que se incluyen varios temas entre los que figuran también diversos proyectos de Declaración en homenaje a la gesta de Malvinas, al cumplirse 40 años de la guerra en el Atlántico Sur.

Sin embargo, el asunto principal será el proyecto impulsado por el Frente de Todos para pagar la deuda adquirida durante la presidencia de Macri con el FMI.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

En el temario, los legisladores también buscarán aprobar un proyecto por el que se reconoce el Tratado Interprovincial de Creación de la Región Norte Grande Argentino.

Además, fueron incluidos en el plan de labor varios acuerdos internacionales, entre los que se destacan el reconocimiento de títulos de grado de Educación Superior en el ámbito del Mercosur.

Grabois reclamó mayor énfasis en la persecución de quienes fugaron divisas

El abogado y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, que integra el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, reclamó este miércoles ante senadores del Frente de Todos (FdT) «levantar el secretismo» que existe en torno a quienes fugaron divisas y «mayor énfasis» en la persecución de los responsables de esas maniobras.

En un encuentro en el salón Azul del Senado con los miembros del interbloque del FdT que conduce el formoseño José Mayans, Grabois apoyó el proyecto de ley del oficialismo para la creación de un Fondo que ayude a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será tratado este jueves en sesión en la Cámara alta.

Sin embargo, el referente del MTE manifestó ante la mesa de senadores que encabezaban Mayans, Anabel Fernández Sagasti (FdT-Mendoza), Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) y Juliana Di Tullio (FdT-Buenos Aires) su preocupación por la falta de información sobre las personas que fugaron dinero al exterior y por las «demoras» de parte del Congreso en avanzar en la investigación.

Concretamente, Grabois lamentó que no se haya conformado aún la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa, reconoció que las trabas para su integración provienen de la oposición pero consideró que el órgano presidido por Mayans ha tenido «poca actividad» en los últimos dos años.

El dirigente explicó a los senadores que «la naturaleza del comité que integra es que se aclaren algunos procesos que vienen demorados» y opinó que «esa responsabilidad es de esta casa en gran parte» por «no tener un informe oficial que diga cuánto se fugó, quiénes, dónde y cómo vamos a hacer para recuperar» esos fondos.

«Hoy el pueblo no sabe, tiene fragmentos y eso es responsabilidad de la Bicameral, quiero decirlo con todas las letras y se lo dije a Mayans directamente», remarcó Grabois, quien pidió además avanzar con normas de levantamiento del secreto bancario para la recuperación del dinero fugado.

En respuesta, Mayans aclaró que la información sobre los responsables de la fuga de divisas «no es patrimonio» del presidente de la Bicameral, como sostuvo Grabois, y explicó que el informe particular sobre quienes cometieron esos delitos «lo tiene que hacer un juez después de una demanda».

El jefe del interbloque del FdT detalló que son el Banco Central, la AFIP y la Comisión de Valores los organismos que poseen esa información pero que como consecuencia del secreto bancario previsto en la ley de entidades financieras no se puede hacer pública.

Grabois había declarado que había legisladores de la Bicameral que no tenían acceso a esa información debido a la existencia de «un secretismo» en torno al tema.

La vicepresidenta del interbloque, Fernández Sagasti, advirtió que el único modo de «descubrir quiénes fugaron» es con una ley de flexibilización del secreto bancario y fiscal», una iniciativa de Parrilli que aún está en estudio en la Cámara alta.

«Esos datos están encriptados en el Banco Central, en AFIP y en la Comisión (Nacional) de Valores y es a través de una sentencia de un juez» que pueden ser públicos, sostuvo Sagasti, y añadió que «la única manera en que vamos a poder cambiarlo es con una iniciativa popular» ya que en Diputados «va a ser bastante trabajoso que estos proyectos salgan».

Di Tullio, por su parte, señaló que la Bicameral de Control de Deuda no está conformada por responsabilidad de la oposición y coincidió con Grabois al sostener que «el secretismo es lo que ha permitido en este país la fuga de divisas que es lo que hace que nuestro país se empobrezca cada vez más».

Parrilli, en tanto, autor del proyecto de creación de un Fondo para el pago de la Deuda al FMI, sostuvo que durante el gobierno de Macri se fugaron 86 mil millones de dólares «legal e ilegalmente al exterior» y admitió que durante el gobierno del kirchnerismo «también se fugaron divisas» pero se adoptó una actitud «para contrarrestar» esa situación.

«No es que nosotros hayamos sido inmunes, fuimos también víctimas pero tuvimos otra actitud para contrarrestar cuando el macrismo lo propició y lo incentivó», aseguró.

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Congreso

El Senado convirtió en ley la suspensión de las PASO de este año

El proyecto fue apoyado por un amplio arco de fuerzas políticas, con la UCR y el kirchnerismo divididos; según el Gobierno, con esta medida el Estado se ahorrará 150 millones de dólares.

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El Senado aprobó y convirtió en ley la suspensión de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno, en una votación que desnudó la fuerte fragmentación que el tema provoca al interior de los partidos y fuerzas políticas con representación legislativa, fenómeno que también se registró cuando la iniciativa se votó en la Cámara de Diputados hace dos semanas.

La ley fue sancionada con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, superando con comodidad el piso de 37 apoyos, la mitad más uno del total de miembros del Senado, que exige la Constitución cuando se trata de reformas electorales. Además del oficialismo, aportaron su respaldo la UCR, senadores kirchneristas de Unión por la Patria referenciados en gobernadores provinciales, Pro, fuerzas provinciales y bloques menores aliados de la Casa Rosada.

En contra se pronunciaron una media docena de legisladores de la UCR. También lo hizo el sector de Unión por la Patria que responde a la expresidente Cristina Kirchner, aunque sus oradores prefirieron apuntar sus discursos a criticar la política económica del Gobierno y destacar que el de las primarias "es un tema que no le interesa a los argentinos".

Impulsadas por el kirchnerismo en 2009, las elecciones primarias se instauraron por la ley 26.571 para los cargos nacionales (presidente y legisladores nacionales) y fueron usadas por primera vez en el turno electoral de 2011.

En su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas) defendió la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo basándose en tres ejes: la falta de interés en estos comicios demostrado por la ciudadanía, la falta de uso por parte de los partidos políticos y, en coincidencia con el Gobierno, en el ahorro fiscal que implicará la suspensión este año de los comicios.

"El argumento principal del Ejecutivo, en su mensaje, establece que el Estado no puede gastar más de lo que tiene, que no fueron remedio para la crisis de la representación política y que sirven como una gran encuesta previa, y participación ha bajado 10 puntos desde su primera vez", explicó Vigo, quien destacó que "el cálculo del Ejecutivo es que le costaría al fisco unos 150 millones de dólares". "Con su eliminación los partidos retoman la libertad de elegir su propia organización", agregó.

En la misma línea se manifestó el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien aseguró que "desde su implementación, las PASO ha sido un instrumento costoso y poco productivo". En ese sentido, dijo que "desde 2011 no hubo competencia serias, y las pocas que se hicieron fueron para convalidar al dueño de la lapicera".

Como ocurrió en la Cámara baja, el proyecto consiguió el respaldo de varios integrantes del bloque kirchnerista. El catamarqueño Guillermo Andrada le sumó a los argumentos del Gobierno un factor político para defender la suspensión de las primarias y recordó "el fenómeno del 'pato rengo'" que vivió Mauricio Macri en 2019 que, "al perder en las PASO, tuvo un cimbronazo económico muy importante".

El radicalismo también votó dividido, con fuertes discursos contrarios a la suspensión de las primarias. Flavio Fama (Catamarca) defendió el instrumento argumentando que le "dan legitimidad al proceso electoral, permitiendo que los ciudadanos no sean prisioneros de la lapicera de los dirigentes políticos".

"Las PASO han facilitado que surjan presidentes", destacó Fama, quien rebatió el argumento de la caída de la participación en esas elecciones al afirmar que "la gente está cansada de ir a votar porque la gente está cansada de la clase política, que no le ha sabido dar respuestas al pueblo argentino".

Otro radical, Maximiliano Abad (Buenos Aires), hizo una encendida defensa de las primarias como un elemento ordenador de la competencia interna de los partidos y, sobre todo, de las coaliciones políticas. "Estoy a favor de la democracia participativa, del empoderamiento de la sociedad y de la modernización de las instituciones representativas", agregó.

"Si se trata de ahorrar plata no votemos Presidente, o eliminemos el balotaje", sostuvo Martín Lousteau (UCR-Capital), quien destacó que "estamos ante un Gobierno con claro signos de autoritarismo". "No vaya a ser cosa que destruyamos una herramienta que cuando hay un gobierno autoritario nos permite hacer frentes electorales para enfrentarlo", advirtió.

Por su parte, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) apoyó la medida pero destacó que lo hacía porque "única vez" y como forma de oponerse a la supresión definitiva de la herramienta, como pretendía en un primer momento el Gobierno. "Es lógico que quieran eliminarla, porque el partido de gobierno es el Presidente y su hermana, y al que piensa diferente, se lo expulsa", afirmó la legisladora, antes de agregar: "No hay nada más casta política que eliminar las elecciones primarias, lo hacen porque quieren ser dueños de la lapicera".

Otra voz en contra del proyecto fue la del exoficialista Francisco Paoltroni (Formosa). "Qué ciudadano se va a animar a participar si le quitamos de las poquísimas herramientas que tienen en provincias como Formosa o Santiago del Estero, que se la apropió un matrimonio como si fuera un bien ganancial", advirtió el senador que fue expulsado el año pasado del bloque oficialista por orden de Santiago Caputo.

"Nunca estuvo en la agenda de La Libertad Avanza suspender las PASO, esto es lo más casta de lo casta", cuestionó Paoltroni, quien dijo que "el Presidente debe taparse los oídos con cera, para evitar los cantos de sirena" que atribuyó a quienes, dijo, le están haciendo cometer errores como el impulso de la postulación de Ariel Lijo para juez de la Corte Suprema.

Fuente: La Nación

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