Desarrollo Social
El plan contra el hambre llega al conurbano y 7 municipios reciben la tarjeta AlimentAR
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el mayor número de pobres en aglomerados urbanos se registra en el Gran Buenos Aires, con 4,8 millones de personas en esa situación.
El Plan Argentina contra el Hambre llegará hoy a la provincia de Buenos Aires, donde está previsto el reparto de 557.000 tarjetas AlimentAR e inyectar a la economía local 2.830 millones de pesos mensuales, en un esquema escalonado que tendrá su punto de inicio esta semana en siete municipios del conurbano.
Un total de 124.100 tarjetas serán repartidas en Hurlingham (5.000), Morón (5.900), San Fernando (5.000), San Martín (11.400), Avellaneda (9.300), Almirante Brown (24.500) y La Matanza (63.000), algunos de los partidos más afectados por la crisis social y el hambre, en el marco de un proyecto nacional que insumirá una inversión anual de «por lo menos 60.000 millones de pesos».
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el mayor número de pobres en aglomerados urbanos se registra en el Gran Buenos Aires, con 4,8 millones de personas en esa situación.
La tarjeta, que será entregada a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas y personas con discapacidades, constituye una herramienta que permite a las familias endeudadas comprar alimentos, sin que el sistema bancario absorba los cuatro o seis mil pesos que recibirán mensualmente.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participarán desde la Universidad Nacional de La Matanza, en San Justo, hasta el partido de Almirante Brown de la puesta en marcha del operativo.
«Empezamos por los que más lo necesitan para llegar a todos; vamos a impartir justicia social con una lógica solidaria», resumió días atrás Espinoza sobre el proyecto, que apunta a «garantizar la seguridad alimentaria» de las familias en situación de «mayor vulnerabilidad», aunque también las tarjetas llegan acompañadas de cursos de nutrición y salud en los municipios.
«El plan contra el hambre va a permitir el desarrollo nutricional de nuestro pueblo. Necesitamos una sociedad integrada porque la fortaleza de un país está en lo colectivo», declaró Arroyo cuando lanzó la propuesta, poco después de asumir al frente del Ministerio.
La iniciativa involucra la producción de alimentos de la agricultura familiar y feriantes de la economía popular, en un entretejido que busca favorecer el desarrollo regional y el empleo, explicaron voceros del Ministerio.
Los fondos proyectados a nivel nacional provendrán de la reasignación de partidas del Ministerio y también con la reasignación de otros fondos subejecutados.
Las fuentes explicaron que la tarjeta AlimentAR nació no solo para ser una herramienta que facilite la llegada de alimentos a sectores en riesgo, sino también una fórmula para que las personas apremiadas por deudas puedan acceder a alimentos saludables.
«Prácticamente el 80 por ciento de los grupos familiares que reciben la AUH están endeudados por créditos contraídos con Anses; son deudas exigibles, que deben ser canceladas y, si se cargan los fondos de este programa en la misma cuenta, el sistema bancario no lo discrimina y lo absorbe para saldar la deuda», explicaron.
El reparto de tarjetas comenzó el último viernes en Concordia, Entre Ríos, por tratarse del distrito con mayor porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza, con el 52,9 por ciento de su población, de acuerdo con la investigación de la UCA.
Desarrollo Social
Aumentaron las asignaciones familiares: a quiénes alcanza
La Anses definió un nuevo ajuste en los montos de las Asignaciones Familiares, con un incremento del 3,47% a partir de noviembre de 2024. La medida, que afecta tanto a trabajadores de la actividad pública como privada, fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.
El ajuste también contempla la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, determinantes para acceder a estos beneficios, siguiendo el índice de movilidad dispuesto por la Ley N° 27.160. Esta normativa establece que las asignaciones familiares deben actualizarse de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
El artículo 1° de la Resolución detalla que el aumento se aplicará sobre los límites, rangos y montos ya establecidos en anexos previos, con la excepción de lo estipulado en el inciso e) del artículo 6° de la Ley N° 24.714, que regula las Asignaciones Familiares. Este ajuste impactará sobre las prestaciones para hijos, prenatal, hijos con discapacidad y otras asignaciones previstas en el régimen.
Además, la Resolución especifica que los grupos familiares que perciban ingresos superiores a $1.862.184 en alguna de sus partes no podrán acceder a las Asignaciones Familiares, incluso si el total de ingresos de la unidad familiar no supera el máximo establecido en los anexos de la Resolución. Este límite de ingresos se ajusta de acuerdo con las nuevas actualizaciones, con el objetivo de focalizar las prestaciones en los sectores más necesitados.
El ajuste también incluye a los trabajadores temporarios y permanentes discontinuos, quienes percibirán las asignaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 514/2021. En estos casos, las asignaciones familiares no podrán ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo, una medida destinada a asegurar un piso mínimo de protección social para estos trabajadores.
Por otro lado, la movilidad del 3,47% también afecta a los monotributistas inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Las categorías de contribuyentes se ajustarán en función de los ingresos brutos anuales, conforme lo estipulado en la Ley N° 27.743 y sus normativas complementarias, que establece las escalas para el cobro de las asignaciones familiares.
Este incremento forma parte de las políticas de ajuste mensual de las prestaciones que aplica Anses desde la aprobación del Decreto N° 274/2024, que establece la actualización de los haberes de acuerdo con la variación del IPC. Con este nuevo incremento, el organismo busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.
La medida afecta a una amplia gama de beneficiarios, incluidos los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el sector público como privado, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y beneficiarios de las pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Fuente: Mdzol
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