La cita involucrará a 41 empresas del sector, todas afectadas por una medida cautelar previa, y a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), parte demandante en el caso.
En un giro inesperado, la Secretaría de Industria y Comercio ha solicitado unirse a la audiencia como parte interesada, argumentando que las resoluciones de este encuentro podrían impactar en una investigación paralela sobre posible cartelización en el sector.
La intervención de esta secretaría, dirigida por el abogado Juan Ignacio Rodríguez Jalón, sugiere una movida del Gobierno para asegurar un control más riguroso sobre las prácticas de precios en el ámbito de la salud privada.
Durante la audiencia, se espera que las empresas presenten un plan para reembolsar los montos cobrados en exceso, distribuyendo el excedente en siete cuotas consecutivas. Este plan fue propuesto inicialmente por la SSS y busca aliviar el impacto económico en los usuarios afectados.
La presencia de representantes del Gobierno en la audiencia no solo subraya la gravedad con la que se está tratando el tema de las prepagas y sus aumentos de cuotas, sino que también indica una posible falta de confianza en la gestión independiente de la SSS. De esta manera, el oficialismo avanza en la regulación del sector.
