Por Josefina Godoy Martínez

El Gobierno tiene decidido avanzar contra lo que denuncia como una cartelización en las empresas de medicina prepaga, luego de observar el aumento que se dio en el sector al mismo tiempo y de manera igualitaria. Es por ello que por estas horas ultima los detalles de lo que será la estrategia a dos aguas que seguirá. Desde el Ministerio de Economía esperan un dictamen que está elaborando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y, por otro lado, la Superintendencia de Servicios de Salud presentará por estas horas una cautelar para frenar los aumentos de precios. 

A través del DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei desreguló y quitó todo tipo de control en las tarifas de las prepagas, situación que se le terminó yendo de las manos, con aumentos que superan el 160% en los primeros cuatro meses del año. Ante este panorama, y la confirmación de la administración libertaria de no recibir a los principales referentes ni pedir el congelamiento de precios, se espera que en las próximas horas el asunto pase a mayores y se judicialice. 

La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Gabriel Gonzalo Oriolo, presentará este miércoles una cautelar ante la Justicia. También se espera que la Secretaría de Comercio, manejada por Pablo Lavigne, reciba el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre la supuesta cartelización y defina los pasos a seguir. 

Una fuente consultada de Balcarce 50 agregó que la idea "es ir por ahí", es decir, por los caminos antes mencionados, ante la realidad que se está viviendo con las prepagas porque "los aumentos vienen siendo casi idénticos en todas las regiones". 

"Eso es muy raro, porque no ocurre en ningún otro rubro. La paridad que hay en el apartado prepago podría ser un indicio de cartelización", explicó una fuente de Casa Rosada, como la razón por la cual el Gobierno quiere elevar el asunto a la Justicia. Este servicio "viene aumentando casi por igual, y es claro que el nivel de prestaciones de la medicina prepaga no tiene el mismo peso en las provincias versus CABA o GBA", agregó la misma fuente. 

Desde las empresas rechazan este argumento y aseguran que los aumentos salariales, de los insumos importados o de los medicamentos son iguales en todo el país, por lo que es lógico que los aumentos sean similares en las diferentes regiones.

Por otra parte, desde el Ejecutivo creen que los servicios de prepagas jugaron "a sacarse de encima a los mayores de 60 años" porque su estrategia sería que ellos "caigan del sistema" porque son cautivos del sector y no tienen opción de cambiarse de prepaga porque no los aceptan. Es decir: "Si no pueden pagar el servicio se caen al sistema público, y lo sobrecargan más de lo que está". El Gobierno también destacó que las empresas del sector apuntan "al público sub 45, ahí está su negocio". 

Aunque las presentaciones están siendo trabajadas, y desde la Superintendencia explican que hoy se presentaría la cautelar, el vocero presidencial Manuel Adorni hace varias semanas que adelanta que habrá noticias sobre el tema pero no las confirma. A pesar de ello, el funcionario explicó que la idea es poder tratar la cartelización para defender "la competencia, el libre mercado" y a "todos los argentinos". 

El punto a resolver respecto de la cautelar es si buscará retrotraer los aumentos a enero o, en principio, congelar las tarifas y evitar nuevos aumentos. Desde la UAS (Unión Argentina de Salud), advierten que si la decisión judicial es volver a enero, todo el sistema de salud correría riesgo de quebrar. Justo ese martes Claudio Belocopitt decidió renunciar a la presidencia de esa entidad luego de quedar envuelto en las críticas del oficialismo y sus acólitos en redes sociales.

Desde la Secretaría de Comercio le confirmaron a este medio que se está trabajando en un dictamen «por cartelización de las prepagas para arreglar los precios en enero». 

Las prepagas, por su parte, confiesan que no hay cartelización porque hay solo un «producto» que ofrecen, que es el PMO (Programa Médico Obligatorio) que «establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las Obras Sociales y Agentes del Seguro a toda la población beneficiaria».

Además, se encuentran sorprendidas, ya que el Gobierno cortó abruptamente las negociaciones que había hasta la semana pasada, cuando comenzó a surgir el rumor de que podrían judicializar la medida. La propuesta, que venían trabajando con el Ejecutivo, tenía como premisa congelar por unos meses los precios pero también ir frenando otros aumentos, como el de los medicamentos. También detallaron que en 2023 tuvieron que subir un 137% los precios pero la inflación estuvo arriba del 200% y los medicamentos sufrieron un aumento que osciló el 400%. 

Fuente: Mdzol