Sin mediar denuncia penal, el fiscal de Victoria Gamal Taleb imputó bajo la figura de "daños" a dos empresas de la localidad de San Lorenzo (Santa Fe), por el desmonte de una franja de mil metros de largo por siete de ancho sobre el borde costero del islote Pancho, que forma parte de un área natural protegida mediante ordenanza municipal, según contaron desde la organización ambientalista Guardianes de Victoria. La investigación podría extenderse a la responsabilidad, por omisión, de funcionarios provinciales y municipales.
El desmonte tomó estado público a partir de las denuncias de los activistas ambientales por medio de las redes sociales. Además, desde Guardianes de Victoria, presentaron una serie de pedidos de informes ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de las siete colinas, la delegación de Islas municipal, la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales de la provincia.
También hubo un pedido de informe presentado por la diputada María Elena Tassitro en la Cámara Baja entrerriana.
En ningún caso hubo respuesta. Los organismos estatales competentes en la materia "no se han movido para nada; la inacción es terrible", sentenció Martín Cudini, integrante de la ONG Guardianes de Victoria.
Investigación de oficio
Ante la inacción de los organismos oficiales y las dificultades que implicaría para los ambientalistas llevar adelante una causa penal, al tener que frenar una obra y hacer frente -eventualmente- a un revés judicial, el fiscal número 2 de Victoria, Gamal Taleb, abrió una investigación de oficio, bajo la figura de "daño", dado que según advirtió el propio funcionario, existen serias carencias legislativas en materia de protección penal de medio ambiente, limitado solo a residuos peligros.
Según confirmaron desde Guardianes de Victoria, Taleb ya imputó a las dos empresas responsables del desmonte de parte del islote, protegido por la ordenanza 2185/03, que declara la zona como Reserva natural de usos múltiples. Se trata de La Barquita SRL y LVG SRL, ambas con sede en la localidad de San Lorenzo, y entre sus actividades declaradas figura la "explotación de servicios de terminales como puertos y muelles".
No se descarta que, dada la falta de acciones de los organismos provinciales y municipales competentes, pueda haber funcionarios imputados por incumplimiento de deberes o mal desempeño.
Por: Santiago Mac Yntyre (AIM)
